Para Reutemann fue un “aluvión de agua nunca visto” (Página/12, 30/4). Su ministro de Obras Públicas, Carranza, a cargo de uno de los tantos e inoperantes comités de crisis creados por el gobierno, agregó que es imposible predecir “la crecida del río” (Infobae, 2/5).

La crecida del río Salado, sin embargo, “tuvo una voz de alerta, aproximadamente, una semana antes, lanzada por los ingenieros de la Universidad Nacional del Litoral” (Clarín, 2/5), para quienes “hubo un letargo en la reacción oficial ante el desastre” (ídem). También explicaron que “la inundación pudo haberse previsto si se hubieran efectuado las observaciones fluviales que los científicos de la universidad realizaban en la provincia hasta 1989” (ídem), cuando se levantaron todos los programas de control del río Salado por falta de presupuesto. Los ingenieros agregaron que, encima, el derrumbe de un puente como consecuencia de la furia de las aguas, en San Justo, sobre la ruta provincial 61, fue anunciado cuatro días después por el gobierno, lo que impidió tomar mayores precauciones.

El decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de Santa Fe corroboró el punto con precisión. Señaló como una de las principales causas de la inundación “las deficiencias del sistema de alerta mediante información hidrométrica permanente que se ha ido perdiendo, tal vez por la falta de presupuesto de organismos operativos” (Página/12, 30/4). Además, la “improvisada construcción de canales para desagotar las crecientes” en el pasado, a la larga se convirtió “en un boomerang por falta de planificación” (ídem).

Tampoco es cierto que no existieran antecedentes. En 1973 y en 1988 Santa Fe se anegó de punta a punta por las crecidas del Salado, y las inundaciones que explotaron este 27 de abril “comenzaron a producirse en los primeros días de marzo; el 17 de ese mes ya había cerca de medio millar de evacuados en algunas de las perdidas poblaciones del interior santafesino” (ídem). Mientras Reutemann transaba con el menemismo, y ponía su aparato al servicio del riojano, la provincia ya había comenzado a sumergirse.

Los malos augurios también se plantearon desde organismos nacionales. El titular del Instituto Nacional del Agua, ingeniero Carlos Paoli, “fue quien advirtió tiempo atrás que la crecida del Salado sería tanto o más grave que la de 1973” (El Litoral, 2/5).

También le dieron una mano a Reutemann desde el gobierno nacional. La ministra de Desarrollo Social, Nélida Doga, confesó “que su cartera viene tomando precauciones desde… enero pasado, debido a que es época de inundaciones” (Infobae), aunque sorprendentemente dijo que esta realidad minuciosamente controlada terminó resultando “una situación inédita” (ídem).

Para dejar redondamente clara la responsabilidad de los gobiernos capitalistas, Reutemann confesó que, en función de preservar los campos más rentables, “siempre se hicieron trabajos sobre la línea del Paraná, nunca sobre la cuenca del Salado” (Página/12, 30/4).

Reutemann y Duhalde son responsables de las penurias, los vejámenes y las muertes sufridas por los santafesinos en esta inundación. Deben ser juzgados y encarcelados por eso.

 

Todavía falta lo peor

Los expertos aseguran que las aguas, en el mejor de los casos, demorarán diez o quince días en refluir. Pero las viviendas arrasadas, las pertenencias destruidas, las fuentes de trabajo cerradas, y los desaparecidos y los que han perdido la vida, serán la herencia. Además, según los legisladores nacionales de Reutemann, “existen seis departamentos afectados en su totalidad, cuyas estructuras se desmoronan como consecuencia de la ruptura de los terraplenes, puentes y accesos a las ciudades, y tres departamentos más están comprometidos parcialmente” (El Litoral, 30/4). Según el Instituto Nacional del Agua, “la continuidad de la bajante dependerá de que no llueva en la zona de los Bajos y el oeste santafesino” (El Litoral, 2/5), lo cual es improbable “porque la situación de riesgo con el río Salado en niveles preocupantes va a seguir, por lo menos, durante mayo y junio”.

No hay tiempo para esperar. El “torrente” que más agobia a los santafesinos es el “desorden”, el “caos”, la “distribución inadecuada de la ayuda a los evacuados por parte del gobierno provincial” (Página/12, 2/5); lo que hace que “la situación social sea aún más grave que los días anteriores a la luz de una evidente desorganización en el reparto de alimentos y ropa” (Infobae, 2/5).

Las medidas mínimas para enfrentar el desastre son: indemnización a cargo del Estado de los trabajadores damnificados; reconstrucción de la provincia y de las viviendas de los trabajadores, a costa del Estado y bajo control obrero; ningún despido ante la bancarrota económica en la que entrará Santa Fe; reparto de las horas de trabajo sin alterar el salario, entre todos los trabajadores; subsidio al desocupado; declaración del estado de emergencia sanitario bajo supervisión de los trabajadores de la salud de la provincia; triplicación del presupuesto sanitario, de educación y de previsión social; plan de obras públicas bajo control de los trabajadores; control obrero de la producción de las grandes exportadoras de alimentos de la provincia (cordón industrial de San Lorenzo), para garantizar la alimentación de la población.

 

¡Fuera el gobierno y sus comités de crisis!

Asamblea Popular Constituyente con poder para salvar y reconstruir Santa Fe.