La crisis de deuda tiene uno de sus capítulos importantes en la situación que atraviesan varias provincias. Al fracaso del gobierno bonaerense en su intento de reperfilar un vencimiento de 277 millones de dólares (que terminó con Axel Kicillof pagando al contado), y el cuadro de Chubut donde el gobernador Mariano Arcioni presentó a la Legislatura un proyecto para iniciar una reestructuración (mientras defaultea el salario de docentes y estatales), se suma ahora el incumplimiento de La Rioja en el pago de un vencimiento por casi 15 millones de dólares.

Si bien podría llamar la atención lo reducido del monto a abonar, el jefe de Gabinete riojano, Juan Luna, explicó que “equivalen a un tercio de los giros nacionales mensuales, que alcanzan unos $3.000 millones”, esto cuando “la coparticipación para La Rioja es como el aire y por la recesión se complica” (La Nación, 27/2). De allí hay que concluir que las cuentas públicas de la provincia están al borde del abismo. El endeudamiento de La Rioja representa el 70% de sus ingresos totales, y está mayormente nominado en divisa norteamericana.

El vencimiento en cuestión es un cupón de intereses de un bono de 300 millones de dólares emitido en 2017 a 8 años, con una tasa fija de 9,75% en dólares. Este título, denominado pomposamente “el primer bono verde de la historia argentina” (porque parte del crédito habría sido destinado a ampliar un parque eólico) es así tan leonino que para 2025 la provincia debería haber devuelto un 75% más que el desembolso inicial (es decir, un total aproximado de 530 millones de dólares).

Ahora se ha abierto un período de gracia de 30 días en los cuales desde el gobierno de Ricardo Quintela (PJ) buscarán llegar a un acuerdo con los acreedores, alegando la necesidad de adaptar sus compromisos financieros en moneda extranjera “en un nivel sostenible consistente con una ruta de resultados primarios realistas”. En criollo, esos intereses usurarios son impagables.

Como sucede siempre, la carga de este cuadro de quebranto recae sobre los trabajadores. La asamblea de docentes de Chilecito acaba de rechazar la oferta salarial del gobierno (12% de bolsillo) y llamó a no iniciar las clases en el segundo departamento de la provincia. Hay que tener en cuenta que La Rioja es uno de los Estados que paga los salarios más bajos a los educadores (BAE Negocios, 24/2). La semana pasada, además, una movilización de los trabajadores precarizados del Ministerio de Salud reclamó su pase a planta permanente, ante el incumplimiento del compromiso que había hecho el exgobernador Sergio casas. En este marco, trascendió que el gobierno estudia emitir una cuasimoneda para afrontar sus pagos, al igual que lo intentara Arcioni en Chubut (Fenix 951, 19/2).

Mientras tanto la obra pública viene de un derrumbe que se llevó puesto el 27% de los puestos de trabajo en 2019, y todo indicaría que por el acuerdo del gobierno nacional con el FMI seguirá cayendo. Más aún, por el efecto del coronavirus sobre las importaciones chinas, peligra la fuente laboral de los 800 trabajadores de la curtiembre de Nonogasta. Los municipales de la capital, que trabajan precarizados bajo los programas PEM, padecen todos los meses un alerta sobre la incapacidad del municipio de pagar en tiempo y forma, y ya suenan propuestas de reducir un 35% el presupuesto destinado a esos salarios (Rioja Política, 24/2).  

Con este panorama, La Rioja se suma a la fila de provincias al borde del quebranto. La única apuesta del gobierno de Quintela parecería ser que en estos 30 días de gracia el gobierno nacional alcance un acuerdo con los bonistas para reestructurar la deuda externa, y de esa manera abrir un paraguas en el cual se pueda colar una renegociación de este bono usurario. El costo, de todas maneras, será el compromiso de un mayor ajuste sobre los ya golpeados trabajadores riojanos.