La Legislatura porteña aprobó, el jueves 24, la “Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable”. En consecuencia, los hospitales públicos de la Capital deberán habilitar un sector especial para dar información sobre los anticonceptivos a través de consultas con los médicos; realizar los estudios clínicos y ginecológicos necesarios; indicar el anticonceptivo que el médico considere más adecuado; proveer el anticonceptivo que la persona haya decidido –exclusivamente los aprobados por el Ministerio de Salud. Estos son la abstinencia, los métodos de barrera (preservativos y diafragmas), químicos (cremas, óvulos, etc.), hormonales (pastillas, inyecciones) y el dispositivo intrauterino (DIU o “espiral”)–; en el caso de que se trate de personas de escasos recursos deberán entregarlos en forma gratuita y suministrar un control periódico a los pacientes. Además, prevé la capacitación de agentes del Estado para informar y asesorar y realizar actividades de difusión de derechos sexuales y reproductivos.

La ley especifica que los anticonceptivos deben ser transitorios y reversibles, por lo tanto no podrán manejarse anticonceptivos como la ligadura de trompas. Este método es necesario en los casos de partos sucesivos y enfermedades de la madre.

Además, se excluyen los llamados “métodos abortivos”, así que no están contemplados los anticonceptivos como la “pastilla del día después”, que evita la fecundación o implantación del óvulo fecundado, sobre todo en casos de relaciones con riesgo, como las violaciones. Por supuesto, se mantiene la posición de quitar el derecho de las mujeres a la atención médica del aborto, a pesar que en los debates se ha mencionado que en la Argentina se practican 500.000 abortos por año y que mueren por lo menos 400 mujeres por abortos clandestinos, debido a que se realizan en malas condiciones, provocando infecciones y hemorragias fatales.

Tampoco se contempla la educación sexual y la planificación familiar en las escuelas.

Por todas estas limitaciones (y otras razones de ‘pesos’), la Iglesia reaccionó en forma moderada. Debido a sus presiones, De la Rúa realizó una llamada telefónica a Ibarra para que se coloque en el texto de la ley que los anticonceptivos no deben ser abortivos.

Cuatro legisladores radicales, la mayoría de Nueva Dirigencia y algunos del PJ votaron en contra de la ley. Estos sectores no lograron imponer el requisito de que los adolescentes tengan autorización paterna para utilizar el servicio de anticoncepción ni que se incluyera la “objeción de conciencia” (es decir que los médicos que responden al clero recurran a este argumento para evitar realizar la atención), o que se elimine el DIU de la lista de anticonceptivos.

Estos debates se pondrán nuevamente en juego cuando se discuta una ley similar en el Congreso (que ya tiene aprobación en Comisión, en Diputados) y en la provincia de Buenos Aires.

A esta altura de la historia la Iglesia ha decidido llevar una política de conformarse con menos de lo que quiere.

Al estar los hospitales públicos y las obras sociales en el centro de los recortes y las privatizaciones, no se garantizará la atención de la salud pública de la población trabajadora, en ningún aspecto. La prueba es que muchísimas trabajadoras y desocupadas han debido movilizarse en estos últimos meses en defensa de sus mínimas condiciones de vida en Salta, en Neuquén, en los piquetes y movilizaciones de estatales, en la recuperación de los sindicatos y en miles de luchas más.

El Plenario de Trabajadoras se plantea organizar los reclamos de las compañeras, que en los barrios deben recurrir a petitorios y luchas para que se les dé atención médica adecuada y anticonceptivos gratuitos. La organización independiente de las trabajadoras deberá impulsarse más que nunca para lograr “la anticoncepción gratuita para no abortar y el aborto legal y gratuito para no morir”.

Sólo el control de la salud y de la política sanitaria en manos de la población trabajadora podrá asegurar que el oscurantismo deje de ser una amenaza para las mujeres.