Bajo la presión de la Iglesia católica, la Cámara de Diputados viene postergando el tratamiento de un proyecto de ley que crea el Programa Nacional de Procreación Responsable.

El proyecto, elaborado por diputadas de los tres bloques mayoritarios —PJ, UCR y FREPASO— preveía originalmente la obligatoriedad por parte de los hospitales públicos, centros de salud y obras sociales, de brindar información, asesoramiento y provisión de métodos anticonceptivos. En el proyecto se mencionaban la abstinencia periódica, los hormonales (píldoras o inyectables), los dispositivos intrauterinos, los de barrera y químicos (diafragma, productos espermicidas, preservativo masculino o femenino) o cualquier otro método que en el futuro sea autorizado por el Ministerio de Salud. Según sus autoras, la enumeración precedente tiene el objetivo de dejar bien claro que se pueden prescribir todos para que su suministro no quede supeditado al criterio del médico o el gobierno de turno. Un proyecto similar ya tiene media sanción del senado de Córdoba.

De la información disponible no aparece para nada claro quién garantizará el presupuesto para financiar el programa. ¿De dónde saldrán los fondos para que el hospital público entregue gratuitamente medios anticonceptivos, cuando no entrega aspirinas ni curitas? Sin garantizar un fondo específico para su financiación, el programa quedaría en los papeles.

El tema anticonceptivo está relacionado con una cuestión sanitaria gravísima: al menos una mujer muere todos los días por abortos mal practicados y muchas más sufren consecuencias irreversibles. Las víctimas son siempre las mujeres más pobres y desprotegidas, en particular las jóvenes. Actualmente, “la maternidad adolescente representa el 15 por ciento de los nacimientos del país y las mujeres con necesidades básicas insatisfechas tienen un promedio de cinco hijos”. Cada año nacen en el país ciento veinte mil hijos de madres menores de 19 años (Página 12, 25/10/95).

Una de las redactoras del proyecto, la diputada Zuccardi, del FREPASO, sostiene: “Queremos garantizar a los más pobres lo que los ricos tienen ya hace mucho tiempo”.

La única manera de prevenir efectivamente el recurso al aborto (además de legalizarlo) es mediante un programa de difusión masiva de medios anticonceptivos y su suministro gratuito a quienes los requieran.

La oposición clerical al proyecto

Las presiones de la Iglesia, canalizadas por el ministro de Justicia, Barra, ya han logrado que el justicialismo presente otro proyecto, en el cual no se enumeran los métodos anticonceptivos, sino que dice que se prodrán prescribir los que autorice el ministerio de Salud, facultando al mismo a revocar el uso de los que se consideren perjudiciales. Esta fórmula deja en manos del gobierno de turno la determinación de los métodos aplicables y, en la práctica, permite anular el programa.

La batalla clerical contra el proyecto se funda en el dogma, no en la ciencia. Un calificado médico especialista, el Dr. Roberto Nicholson, presidente de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, quien hasta el año pasado integró la comisión de Ciencia del Episcopado, dijo que quienes atacan al proyecto original “… no saben nada y tratan de embarrar la cancha. El problema es que la ignorancia está muy desparramada” (Página 12, 25/10/95).

Otra especialista, la Dra. Esther Pollack, directora del Centro de Salud Reproductiva y miembro de la Sociedad Argentina de Esterilidad y Fertilidad, opinó sobre la posición clerical: “No me parece correcto… pretender imponer los propios métodos a todos los habitantes de un país que profesan distintas creencias y principios. La gran mayoría de mis pacientes son católicos y toman posturas personales según su conciencia y posibilidades frente a los anticonceptivos” (La Nación, 25/10/95).

La Iglesia recurre al Estado en defensa del dogma. Pero la ley no obligará a nadie a utilizar métodos anticonceptivos. Si la Iglesia se opone, que predique en los templos. Pero el clero se opone a toda medida de emancipación de la mujer y a todo lo que rompe las trabas que impiden el libre desarrollo de su personalidad. La mujer como organismo reproductivo y la familia como factor de disciplinamiento social, tienen que ver con el mantenimiento del orden estatal capitalista. La salud pública no puede tolerar que además del templo, el clero invada el hospital tras haberse adueñado de la escuela. Esta nueva intromisión vuelve a plantear la necesidad de una total separación entre Iglesia y Estado, para garantizar la libertad de la ciudadanía y el progreso social más elemental.

Qué pasará

¿Qué harán ahora las diputadas que impulsaron el proyecto? ¿Permitirán que fracase en el trámite parlamentario y se darán por satisfechas con haber dado su pelea palaciega?

Si no quieren que fracase, tienen una vía para defenderlo: apelar a la movilización popular, en primer lugar a sus destinatarias, los miles de mujeres pobres, y a los jóvenes, para defender la aprobación del proyecto original y asegurar el financiamiento del mismo.