20/10/2011 | 1199

Ofensiva kirchnerista contra Scioli: La «seguridad» y una pugna mafiosa

En La Plata, la Casa de Gobierno fue un tembladeral desde que se supo que el comisario Salvador Baratta, ex subjefe de la Bonaerense, declararía en el juicio oral que se le sigue a Elbio Fernández, un “desarmador” de autos robados a quien apodan “el rey del corte”.

¿Por qué? Porque se sabía que Baratta diría lo que todo el mundo sabe: que los desarmaderos funcionan con protección policial y política. “No podría haber crimen organizado en la provincia sin la protección del poder político y de personal policial”, declaró Baratta ante el Tribunal Oral 10 de Lomas de Zamora. Como están las cosas, los dichos de Baratta fácilmente podrían leerse a la inversa: no habría policía ni poder político sin el crimen organizado que sostiene a una y a otro. El hombre siguió: “Los galpones (desarmaderos) tienen habilitación municipal y protección de agentes de policía”.

Por supuesto, además de una acusación, las declaraciones de Baratta son una confesión en regla. En los últimos años, él fue jefe de policía en Avellaneda, Lanús y La Plata, y desde hace tiempo era subjefe de la Bonaerense ¿Sólo ahora advierte lo que denuncia? Obviamente, Baratta era él mismo un protector de delincuentes; no podría, en caso contrario, haber ocupado el lugar que ocupó en esa organización criminal que es la policía de la provincia.¿Por qué confiesa en este momento? En principio, porque fue desplazado. Sin embargo, esa es sólo una parte del asunto: Baratta fue desplazado porque en la lucha mafiosa entre el gobierno nacional y el de la provincia, él tomó partido por los K y es candidato a concejal en Lanús por el Frente para la Victoria, aunque en una lista opositora a la del intendente -también kirchnerista- Darío Díaz Pérez.

En otras palabras: la buchoneada de Baratta es otra maniobra de los K contra el gobernador Daniel Scioli. El primer punto a apuntar en esa maniobra es el ministro de Seguridad de la provincia, Ricardo Casal, a quien Scioli defiende a capa y espada. En torno de todos estos problemas había una tregua precaria entre la Casa Rosada y La Plata, pero las derivaciones del caso Candela -las bandas narcotraficantes amparadas por la policía- la hicieron saltar en pedazos.

Gobernador sitiado

Scioli está sitiado por los K. La Cámpora ya le hizo una apretada formal en materia de seguridad, y no es un asunto menor porque el kirchnerismo le impuso una presencia decisiva de la “juventud militante” en la Legislatura, y el futuro vicegobernador, el ultrakirchnerista Gabriel Mariotto, ya habla públicamente del asunto.

La Bonaerense, por su parte, tiene al gobierno provincial de rehén, pero, al mismo tiempo, le asegura el control territorial y eso es, precisamente, lo que procuran quitarle los K. Hay, además, negocios millonarios en juego en los que Scioli está involucrado hasta las manos.

Una de las piezas de ese entramado es el ex montonero Mario Montoto, hombre de consulta de la embajada norteamericana, como él mismo admite. Entre otras cosas, Montoto se ocupa del negocio de la seguridad en combinación con la policía y con los intendentes del conurbano. Por ejemplo, Montoto y Scioli cerraron con pulpos israelíes un negocio por 10 millones de dólares para comprar cámaras de seguridad. Todo eso sin hablar, claro está, de las ambiciones presidenciales del gobernador. Sciolistas y kirchneristas se matan en las vísperas por la sucesión en 2015, y en esa lucha ambos serruchan la rama sobre la que están sentados.

La “seguridad democrática”

Detrás de las delaciones de Baratta, por otro lado, están los ideólogos de la “seguridad democrática”, con León Arslanián a la cabeza. Baratta lo dijo con todas las letras: “Cuando el ministro (de Seguridad) era Arslanián, realizamos muchos procedimientos exitosos (…) pero cuando se fue las investigaciones terminaron en un cajón” (Clarín, 14/10).El de Arslanián fue un fracaso estrepitoso. Como se recordará, él intentó suprimir la conducción central de la policía y con ese fin la dividió en cuatro departamentos distritales que coordinaban sus funciones con el ministerio, no entre sí. Pues bien, al cabo de unos pocos meses tres de los cuatro jefes de distrito estaban procesados, dos de ellos por corruptos y el otro por encubrir un asesinato.

En cuanto a los “procedimientos exitosos”, se deben recordar los asaltos policiales masivos a las villas encabezados personalmente por Arslanián. En uno de ellos, que el autor de esta nota cubrió personalmente para una revista comercial, un millar de policías entraron de madrugada en Villa Tranquila, en Avellaneda, y el entonces ministro mostró ante la televisión una cantidad de armas de puño, unas cuantas “tumberas” y algunos gramos de droga incautados después de horas de terror en el vecindario.

La clave de aquello la dio un vecino: “Ayer a la tarde pasaron los de la Comisaría 1ª, para avisarles a los pesados que se venía este procedimiento. Ellos se fueron, y ahora vienen estos a patearnos la puerta del rancho para hacer rostro por televisión”. He ahí la sustancia de la “seguridad democrática”.

Scioli, quien seguramente será reelecto el domingo, empieza a ser un cadáver político. El gobernador no está en condiciones de resistir la embestida kirchnerista porque se encuentra atrapado, por propia decisión, en un entretejido mafioso que permanecerá después de él, con los K o sin ellos.

Desarmar ese entretejido es, para la población trabajadora, la diferencia entre la vida y la muerte. Narcotráfico, redes de trata, desarmaderos, piratería del asfalto, juego clandestino y zonas liberadas para el delito están controlados y amparados por la policía y por el punteraje político. Promover la organización y la movilización popular contra esa lacra será una de las tareas de una bancada parlamentaria obrera y socialista, de una bancada del Frente de Izquierda.

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