Tal como señaláramos en el número anterior de Prensa Obrera, el decreto de apertura de los archivos de la Side relacionados con la masacre de Avellaneda dispone la entrega de la información solamente al Tribunal que entiende en la causa.

Además, el decreto supedita la entrega de los archivos a la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520, en particular a su artículo 16, que dice textualmente: “Las actividades de inteligencia, el personal afectado a las mismas, la documentación y los bancos de datos de los organismos de inteligencia llevarán la clasificación de seguridad que corresponda en interés de la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación”. En ese sentido, el manejo de los datos (al igual que con el caso Amia) será discrecional, de acuerdo con esta ley, entre el Ejecutivo y el Tribunal, y estará vedado el acceso de las partes querellantes y los particulares damnificados.

Curiosamente, el día posterior a la promulgación del decreto, al declarar en el juicio el cabo Acosta —principal imputado por el asesinato de Darío Santillán— informó que un miembro de la Side había mantenido una reunión con él, Fanchiotti (coautor de los asesinatos de Kosteki y Santillán) y el comisario de la 1ª de Avellaneda, Néstor Benedetti, un par de horas antes de que se desatara la represión en Avellaneda. El cabo —que aseguró desconocer el nombre del sujeto de la Side— dijo identificarlo “porque estaba siempre en los cortes de ruta, era el encargado de informarnos quiénes eran los mani festantes que iban a venir, qué querían y cuánto tiempo se iban a quedar. El nos anticipó que ese día iba a haber disturbios” (Página/12, 1/6).

La prendida de ventilador de Acosta (para salvar su propio pellejo), implicando en la masacre de Avellaneda a miembros de la Side (secretaría que depende directamente del Poder Ejecutivo), refleja por un lado un cuadro de descomposición del Estado y, por el otro, la demostración de la participación del gobierno en la planificación y ejecución de la represión del 26 de junio como “ensayo general” de un plan represivo a una escala mayor.

Desde ya, las tareas de inteligencia del Estado “nacional y popular” del gobierno de Kirchner en el seno del movimiento piquetero y las organizaciones en lucha siguen vigentes. Las recientes declaraciones del Presidente en Radio 10 y Aníbal Fernández, en relación con la necesidad de “acabar con los piquetes” y sobre la “politización de las protestas” (en un cuadro donde el gobierno dice haber acabado con “la protesta piquetera” pero, al mismo tiempo, los mismos medios burgueses informan sobre el incremento de la protesta piquetera en los últimos meses), son un calco de las declaraciones de los funcionarios duhaldistas los días previos al 26 de junio. Desde ya, con un cuadro político diferente en el cual, fracasada la cooptación del conjunto de las organizaciones en lucha, un plan represivo similar al de 2002 sería inviable, lo que da cuenta también de la falta de autoridad política del Estado como elemento de la crisis política ge neral del régimen.

Sin embargo, la “sidecracia” kirchnerista a través de sus “servilletas” inmiscuidas en el reguero de luchas que se vienen profundizando, al igual que con el Puente Pueyrredón, da cuenta de la charlatanería del discurso democratizante sobre el Estado de derecho, con un régimen que solamente puede sostenerse a través del espionaje, la “inteligen cia” y la conspiración. Basta con que uno de ellos —como el caso del cabo Acosta en el juicio de la masacre de Avellaneda— abra la boca para correr todo el velo leguleyo y encubridor.

Un régimen que no respeta ni sus propios principios. En este sentido, Claudia Bracamonte, miembro de Apel y patrocinante de la familia Kosteki en el juicio, solicitó al Tri bunal que la información proveniente de los archivos clasificados sea puesta a disposición de todas las partes “en virtud del principio de defensa del debido proceso y del principio republicano de gobierno”. Solamente obtuvo, hasta el momento, una “mueca” de desconcierto por parte del mismo Tribunal.