Las medidas que adoptó Hurlingham pasados los nueve días de aislamiento social van en línea con las del gobierno nacional; por lo tanto, tienen los mismos problemas. La palabrería sobre la prioridad sanitaria por sobre la económica que el intendente Zabaleta repite sin cesar -haciendo alusión a los dichos de Alberto Fernández, no se traduce en la implementación de políticas de seguridad e higiene para con los obreros de las principales fábricas del distrito. A su vez, la sanidad se encuentra en situación de emergencia: Hurlingham tiene sólo un hospital público para sus casi doscientos mil habitantes y éste jamás cuenta con los insumos básicos para funcionar con normalidad.  

Plastar, Kasema y la política del “siga siga”

Lo que quedó demostrado en estos escasos días de cuarentena es que el Municipio, los sindicatos y las patronales enfrentan la pandemia todos unidos… en contra de los trabajadores. Las pésimas condiciones de higiene y el incumplimiento del decreto sobre la exclusividad de trabajo en servicios esenciales se articulan con la complicidad de la burocracia sindical y el silencio avalador de las autoridades del distrito. 

El ejemplo de Plastar es claro; siendo una fábrica que cuenta con aproximadamente trescientos obreros, especializada en la producción de películas de polietileno utilizadas en el agro y en la industria. Al estar caratulada como servicio esencial, los operarios se encuentran trabajando nueve horas al día y la empresa, haciendo caso omiso a las condiciones mínimas de salubridad, otorga un sólo barbijo por trabajador (su vida útil es de cinco horas), repone el alcohol en gel de forma esporádica y no entrega guantes. Los familiares de los trabajadores se hicieron eco del reclamo por las condiciones laborales y revelaron algo más grave aún: el miércoles 25/3 dos operarios mostraron cuadros febriles durante la jornada; pero aun así, recibieron la orden de volver al día siguiente con total normalidad. Queda expuesta con crudeza la contradicción entre el discurso municipal y su correlato en la realidad efectiva. 

Por otro lado en Kasema, fábrica dedicada mayormente al diseño y fabricación de productos de empaque, los trabajadores impulsan un reclamo por considerar que sus productos no entran dentro de la categoría de esenciales. Tal como hizo Ternium-Siderar, Kasema se autoselecciona como servicio esencial sin que su rama forme parte del decreto establecido por el gobierno nacional. La UOM, cómplice de los despidos y suspensiones rotativas que se vienen provocando en la fábrica desde hace años, no tomó ninguna medida concreta más que balbuceos titubeantes. 

La situación laboral en tiempos de cuarentena obliga a los trabajadores de Hurlingham a tomar cartas en el asunto. Llamamos a la creación de comisiones de higiene y seguridad en cada lugar de trabajo, con derecho a frenar la producción en tanto no sean cumplidas las demandas; para cuidar y garantizar la salud de cada compañero. Defendemos el derecho a reunión respetando todos los cuidados establecidos. Exigimos la efectiva aplicación del decreto que excluye a cualquier rama no-esencial de la producción. 

La salud en Hurlingham

En materia sanitaria Hurlingham no provee garantías de ningún tipo. El anuncio que promociona Zabaleta desde las redes sociales del Municipio sobre la construcción de un “hospital modular” esquiva que el mismo no estará equipado para la atención de problemas de alta complejidad, sino que servirá como un resguardo habitacional ante el eventual colapso del sistema sanitario; y por ende, de la falta de camas. No obstante, sin tener en cuenta promesas futuras, hoy Hurlingham cuenta con un solo hospital público, el “San Bernardino”, en un distrito que roza las doscientas mil personas. El personal sanitario no ha tenido capacitaciones para la aplicación del protocolo especial frente al coronavirus, teniendo que derivar al Hospital Posadas en las últimas semanas todo caso que presente síntomas similares a su contagio. Por otra parte, su limitado equipamiento cuenta con veintiséis camas en total, seis de las cuales están destinadas a cuidados intensivos. El promedio de habitantes por cama, en consecuencia, es de 7400. La insuficiencia municipal para afrontar una pandemia como la que vive el país refleja un problema de grado nacional, esto es, el vaciamiento que un gobierno tras otro ha provisto en materia sanitaria. 

El estado calamitoso de los establecimientos públicos distritales de salud trae con urgencia la discusión sobre qué hacer con la clínica privada Sagrado Corazón, ubicada en el centro de Hurlingham. El establecimiento ha efectuado un persistente vaciamiento a lo largo de los años, la inversión es nula y el personal es recortado con frecuencia (hace sólo cuatro meses fueron despedidos 37 trabajadores). El panorama es doblemente grave considerando que es la principal prestataria de PAMI en el municipio y que, para colmo, buena parte de su presupuesto se debe a subsidios públicos. La inserción de la clínica al sistema estatal de salud debe ser tomada como prioridad, junto con la inmediata refacción y ampliación de los demás establecimientos. 

Vamos por un plan integral contra la pandemia

Para enfrentar al virus y priorizar de forma real la salud de todos los trabajadores es necesaria la centralización y unificación de la salud y la triplicación de su presupuesto. Para lograr esto, se hace cada vez más apremiante declarar el no pago de la deuda, que permitirá volcar los recursos que hoy se esfuman mientras nuestros hospitales se caen a pedazos y nuestros profesionales sanitarios perciben migajas. No es de ningún modo posible la conciliación entre los intereses de la clase obrera y los bonistas.