18/09/2020

¿La soja va a sacar al país de la crisis?

La suba de los precios internacionales de la oleaginosa lleva a algunos hacia un espejismo.

Cuando se jactó del «éxito» en el canje de la deuda externa, Alberto Fernández insistió en que ahora el país podría crecer, y con ello crear las condiciones para cumplir con el repago a los bonistas. Luego precisó que para alcanzar ese objetivo hay que «exportar todo lo que se pueda». Cuando aún así muchos -entre ellos el presidente del Banco Central, Miguel Pesce- ponían en duda que ello fuera suficiente, los mercados mostraron una aceleración en la suba sostenida en los precios internacionales de la soja, que representa casi un tercio del total de las exportaciones del país. ¿Se crean entonces las condiciones para una salida de la crisis?

Ya desde la campaña electoral el presidente aseguraba que el país saldría del default y la profunda recesión económica como, presuntamente, lo habrían logrado en tiempos de Néstor Kirchner. Ahora que la reestructuración de la deuda está sellada, y que suben los precios de las materias primas agrarias, algunos analistas retomaron la comparación del cuadro actual con el de 2005. Esta óptica, sin embargo, oculta lo esencial.

Solo durante el último mes y medio, ciertamente, el precio internacional de la oleaginosa trepó más de un 20%, hasta llegar a los 381 dólares la tonelada. La tendencia, de mantenerse, podría servir para alcanzar el año próximo los 75.000 millones de dólares en exportaciones que están previstos en el Presupuesto 2021 (un incremento de un cuarto respecto de este año). Pero no todo lo que brilla es oro.

Más de la mitad del total de la cosecha de este año todavía no fue liquidada. Hay unos 11.000 millones de dólares, en porotos de soja, que siguen acopiados a la espera de una devaluación. El hecho de que sigan guardados expresa que la expectativa en una depreciación en regla del peso es mayor que la suba de la cotización internacional de la oleaginosa.

Esto sirve para replantear la reivindicación que hace Alberto Fernández respecto de la era Kirchner, ya que la clave del boom exportador de su mandato fue, además de un récord histórico en los precios de las commodities, la estrategia de mantener el dólar «recontra-alto». Eso se lograba comprando las divisas que ingresaban al país por el superávit de la balanza comercial (la diferencia favorable entre lo que se exporta y se importa), con el objetivo de evitar una apreciación del peso, algo que hubiera restado rentabilidad a los pulpos de los agronegocios.

Como los dólares se compraban mediante emisión monetaria, ello funcionaba como un acicate a la inflación. Nada de ello redundó en un «crecimiento», como sabemos hoy, porque esas reservas internacionales que había acumulado el Banco Central se consumieron en el «pago serial» de la deuda (en palabras de Cristina Kirchner) y la fuga de capitales. En conclusión, para intentar recrear el esquema de 2005 Alberto Fernández debería adoptar, como primera medida, una devaluación en regla.

El dilema es que con seguridad ello desataría una estampida inflacionaria, más en medio de una emisión monetaria que redondeará el año superando los dos billones de pesos. La política económica del gobierno está encerrada en su propio laberinto. Por eso debió instrumentar el súpercepo cambiario para frenar el drenaje de las reservas, aunque sin afectar a las empresas extranjeras que giran sus ganancias al exterior -un beneficio a las multinacionales que dominan la exportación agrícola: cuatro pulpos comercializaron casi la mitad de la última cosecha.

Para que la riqueza productiva del país derive en un crecimiento real, por el contrario, es necesario invertirla en un plan de desarrollo nacional. El punto de partida es nacionalizar el comercio exterior bajo control obrero, para romper el dominio de un puñado de pulpos imperialistas que controlan las exportaciones con puertos propios (negociados inclusive, como prueba la causa que afronta Bunge por declarar exportaciones fraudulentas por 100 millones de dólares). Sería un primer paso para avanzar en la recapitalización del Banco Central, lo cual debe ir de la mano del repudio de la deuda externa usuraria y la creación de una banca única nacional, como medidas hacia una reorganización del país sobre nuevas bases sociales.

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