20/07/2021
Crisis habitacional

La suba de los alquileres expulsa a los trabajadores de CABA

El aumento del 41% en los alquileres que rige a partir de julio tiene un enorme impacto en la población de la Ciudad de Buenos Aires, donde el 35% de sus residentes son inquilinos. Además, este incremento se monta sobre la suba del 50% que tuvieron los alquileres en el último año. n los alquileres en el último año.

Son aumentos que superan con creces la evolución de los salarios y que son expulsivos para los trabajadores. La nueva ley de alquileres, promovida por el gobierno nacional, no revierte el problema puesto que fija aumentos basados en el índice Ripte, que mide el promedio salarial del sector privado formal, dejando por fuera a los trabajadores precarizados y en negro, cuyo ingreso es menor.

Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad y exlegislador porteño, señaló que el trasfondo de la crisis habitacional es “la política del gobierno de Larreta de revalorización de las tierras a través de burbujas especulativas solo encareció las propiedades y los alquileres” y añadió que  “es evidente que la próxima etapa traerá una profundización de la situación dado que los anuncios de los planes inmobiliarios en la Ribera Sur, del mismo modo que pasa con Costa Salguero, son todos emprendimientos inmobiliarios de lujo a los que ningún trabajador puede acceder”. Sin ir más lejos, la Legislatura de la ciudad ha habilitado la construcción de barrios privados en suelo porteño, lo cual encarecerá aún más el metro cuadrado, expulsando así a las familias trabajadoras.

Esta orientación es compartida por el gobierno de Alberto Fernández y por el conjunto de los gobernadores provinciales. La entrega de tierras fiscales para promover negocios inmobiliarios es una política de Estado, como también los desalojos hacia aquellas familias que recuperan terrenos ociosos para poder acceder a una vivienda. A su vez, el acceso al crédito hipotecario está vedado para los sectores populares y los programas gubernamentales, tales como Casa Propia y Procrear son absolutamente restrictivos.

Por otra parte, el descongelamiento de las cuotas de los créditos UVA en febrero de este año significó un duro golpe para quienes cuentan con dicha hipoteca. Los deudores quedan a merced de los bancos y de especuladores inmobiliarios. Al calcularse por la inflación acumulada, los deudores deben pagar ajustes superiores al 50% cuando los salarios perdieron frente a la inflación. Desde el FIT-U planteamos que debe eliminarse el sistema UVA y el valor total de las cuotas pagas debe ser descontado del valor total del capital adeudado. Además, entendemos que valor de las cuotas mensuales no puede ser indexado más allá del 50% del Índice de Variación Salarial ni superar el 25% del ingreso familiar.

Según datos oficiales, en CABA existen más de 85 mil familias con condiciones habitacionales deficitarias. El ajuste presupuestario en la ciudad es la regla: este año, la partida destinada a vivienda se redujo un 17% en relación al 2020; por otra parte, durante el 2021 está previsto un presupuesto para urbanización de las villas el cual es un 67% menor al del 2019.

El gobierno porteño, que no da respuesta al problema habitacional, responde a los intereses de los pulpos inmobiliarios y ajusta en materia de vivienda, es el mismo que no duda un segundo en enviar a la policía para amedrentar a las más de 100 familias que recuperaron un terreno baldío en la Villa 31 para tener un lugar donde vivir.

 

Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad apoyamos la lucha por tierra y vivienda y exigimos el cese de los desalojos. A su vez, planteamos la necesidad de que exista un banco de tierras fiscales y ociosas (por motivos especulativos) para llevar adelante un plan de vivienda que dé respuestas a toda la población que lo necesite. El mismo debe emplear mano de obra desocupada bajo convenio y estar gestionado por los propios vecinos.

Al mismo tiempo, es fundamental el acceso al crédito hipotecario, a tasa cero, cuyas cuotas no deben superar el 10% del ingreso familiar. Este plan debe ser financiado por medio de romper con el FMI, repudiar la deuda usuraria y aplicar un impuesto progresivo y permanente al gran capital.

 

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