Curiosamente, el triunfo abrumador del gobierno que apoyó la CGT debilitó aún más a Moyano, su secretario general y artífice de ese alineamiento.

Moyano es parte integral de la crisis del peronismo, por un lado, y de la crisis de la burocracia sindical, por el otro. En punto al peronismo, jugó como fracción interna -“más temprano que tarde, un trabajador tendría que acceder a la presidencia”-, buscando recuperar el porcentaje gremial en las listas del peronismo. Pero el juego bonapartista de la Presidenta y la necesidad de despegarse del desprestigio brutal de la burocracia -complicada en la mafia de los medicamentos y el crimen de Mariano, entre otras delicias- relegó a Moyano y a los suyos a la ínfima expresión en el próximo parlamento. Al punto que de los dos sindicalistas que entraron por la provincia de Buenos Aires, sólo uno, su hijo, pertenece al ala del secretario general. El otro, Dansky, forma parte de los conspiradores contra Moyano en la dirección de la CGT. Grandes huelgas obreras le quitaron también a Moyano la capacidad de contención que tuvo en las primeras épocas del kirchnerismo. Gremios enteros que no respetaron los topes firmados por el camionero hicieron el resto.

La sucesión

En la trama de la sucesión del camionero, el kirchnerismo está mostrando sus limitaciones insalvables, su completa incapacidad para renovar la dirección de los sindicatos y canalizar o atender siquiera las tendencias de expulsión de la burocracia sindical que se manifiestan en todos los gremios.

El tenaz trabajo de De Vido para que Gerardo Martínez fuera su sucesor, por su íntima vinculación con los negocios y la explotación obrera de la patria contratista, se hundió en un informe del Batallón 601 que el kirchnerismo ocultó infructuosamente. Ahora, suenan Andrés Rodríguez, garante -si los hubo- de las pérdidas salariales de los estatales, dueño de caballos de carrera, conductor de la caja que alimentó a Quinteros de UPCN La Plata, cajero de Bruera (el intendente de esa ciudad), “pescado” en la frontera uruguaya con inexplicables 45 mil dólares en un bolso.

Pero más puntos reúne Antonio Caló, el secretario general de la UOM, cuyo mérito no sólo es garantizar el salario industrial más bajo en la rama más numerosa, sino haber sido el hombre clave en el reciente acuerdo-entregada con Techint, donde se jugaba la no liquidación de 6.500 millones de pesos de dividendos que correspondían a la Anses y, por lo tanto, a los jubilados; algo que Tenchint logró integralmente. El martes 16 de agosto, la Anses retiró sus juicios. Pero Caló está garantizando algo más en la industria: después de la autorización oficial para el aumento del 5% en el precio de la chapa a las automotrices, está haciendo la vista gorda frente a despidos de contratados y personal fuera de convenio en Acindar. Se trata de un ajuste de costos laborales ante la sobreoferta de acero mundial. El ajuste de Acindar anticipa, según los que siguen el tema, el ajuste de otras siderúrgicas, como ya ocurrió en 2008.

Como se aprecia, la sucesión de Moyano se procesa en función de la etapa que se avecina, donde la viga maestra es una contención de salarios para frenar la inflación y el gasto público. Es el programa que la oposición duhaldista tiene, pero no se animó a explicar, y que el gobierno kirchnerista negocia con los popes de la Unión Industrial que le dieron su apoyo. Naturalmente, lo hace de espaldas al pueblo y al movimiento obrero.

La retirada

Moyano aceptó su retirada desde el momento en que plantea que se irá “en los plazos estatutarios”, que sería en el próximo confederal en julio del año que viene. Tendríamos así un “pato súper-rengo”, siguiendo la expresión usada para los presidentes debilitados.

Que Moyano se tenga que ir sin pena ni gloria, que su reemplazo se cocine entre gordos y semigordos, y que La Cámpora en el movimiento sindical esté representada por Facundo Moyano, precisamente, son indicadores de que por adentro del kirchnerismo no hay salida alguna -aún a horas de obtener el 50% de los votos por parte de Cristina Kirchner. El primer derrape se prefigura en el Concejo del Salario, inteligentemente postergado por el gobierno para después de las internas, pero escenario, al fin, de una crisis. Por ínfima que sea la incidencia del mínimo entre los trabajadores, el gobierno no quiere convalidar un reajuste de más del 25%, con vistas a evitar todo movimiento de reapertura de paritarias, ya planteado en la provincia de Buenos Aires.

La renovación de los sindicatos vendrá de la mano de la expulsión de la burocracia sindical. Construyamos agrupaciones clasistas. Exijamos un Confederal con mandatos de asambleas de cada gremio para determinar el retiro de la CGT y la CTA del reaccionario Concejo del Salario con mayoría patronal estatal, y reclamar un mínimo equivalente a la canasta familiar. Llevemos este planteo a la tribuna electoral del Frente de Izquierda.