Lejos, muy lejos, quedó la maniobra del gobierno de no incluir a las empresas telefónicas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estábamos en septiembre de 2009 y la Presidenta declaraba: “He decidido eliminar del anteproyecto que las telefónicas puedan participar en este ámbito y sólo dejar capacidad a las cooperativas telefónicas para desterrar cualquier duda sincera que puedan haber tenido respecto de que tal vez la presencia de las telefónicas pudieran haber generado un nuevo monopolio” (La Nación, 14/9/09). No había, entonces, una “duda sincera” sino la certeza absoluta de que la mentada ley antimonopólica habilitaba un fenomenal negocio para las telefónicas. La medida ganó la voluntad y los votos del centroizquierda, lo que permitió la aprobación de la ley en Diputados.

Lejos también, en enero de 2010, quedó la amenaza de Julio De Vido de estatizar Telecom Argentina. Recordemos que en 2007 Telefónica Española -junto con las firmas italianas Intesa, Mediobanca, Assicurazioni Generali y Sintonia- compró más del 22% de Telecom Italia y conformaron Telco. De allí se deriva el control por parte de Telefónica Española de las dos empresas “argentinas” de telecomunicaciones: Telefónica y Telecom. Esto impulsó la denuncia del gobierno ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por práctica monopólica. “Vamos a seguir actuando contra los monopolios y sus condicionamientos” (La Nación, 19/1), aseguraba enfático el ministro. Y vale citar, en extenso, otra parte de su alocución: “Cuando corresponda daremos intervención al Parlamento para hacer exigibles los objetivos de defender al país contra la concentración monopólica, que afecta nuestra soberanía sobre el país, caducando la licencia y la operación de Telecom por incumplimiento de las leyes nacionales, abuso de posición dominante en el marco de la normativa e incluso la defensa de los objetivos de la privatización (…) No nos va a temblar el pulso para hacer lo que tengamos que hacer…” (La Nación, 19/1).

Ahora, dos años más tarde, fracasado el intento de que algún empresario amigo comprara la parte de Telefónica Italiana -ni Eduardo Eurnekián ni Ernesto Gutiérrez, ambos de Aeropuertos 2000- calificaron al gobierno, no le tembló el pulso ni la voz para anunciar que el monopolio internacional Telecom/Telefónica -antes recusado en defensa de la soberanía patria- ahora estaba autorizado y el acuerdo era motivo de celebración. Tal acuerdo garantiza, por un lado, que Telefónica Italiana retira todos sus juicios ante el Ciadi. Por el otro, que no sólo puede continuar manteniendo sus acciones sino que además ¡las va a acrecentar! El grupo Werthein, que controlaba la mitad de las acciones de Telecom Argentina, vendió parte de ellas para que la empresa italiana pueda controlar el 58%. ¡Ocho por ciento más que cuando el gobierno denunciaba a los italianos-españoles por “posición dominante”! Ahora, alquimia nacional y popular, el negociado megamonopólico se transforma en “un acuerdo muy importante porque ambas empresas se someten a las leyes argentinas antimonopólicas, con convenios transparentes” (Clarín, 13/10).

Queda claro -cada vez más- que las peripecias de la “lucha antimonopólica” del gobierno estuvieron determinadas por la permanente presencia de los grandes pulpos monopólicos de las telecomunicaciones. Esta historia ya alcanzó una transparencia tal que no se puede tapar con las manos.