Con la privatización de Obras Sanitarias, la empresa concesionaria (antes Aguas Argentinas, ahora Aysa) se ufanaba de haber extendido la red de agua corriente. Sin embargo, omitieron acompañar el cambio (antes se extraía perforando el suelo) con la realización de cloacas. Como consecuencia del cambio, al poco tiempo subieron las napas a niveles casi al ras del suelo.

Esto ha producido innumerables problemas. Los sótanos de los edificios en los principales centros urbanos se inundaron. Sucedió lo mismo con las cocheras ubicadas en subsuelos. El agua ha formado una pileta que, según los técnicos, hace peligrar la sustentación de los edificios altos.

En las barriadas más alejadas, los vecinos se quejan porque desde que les han instalado el agua corriente, pero no las cloacas, se ven obligados a tirar los afluentes cloacales a la calle, o llamar a la empresa de desagote dos veces al mes. Un periódico zonal menciona las quejas de una vecina de un barrio de la localidad de Ituzaingó: “el nivel de las napas subió muchísimo; los pozos están saturados y no dan para más. Los vecinos que pueden están llamando a las empresas de desagote cada quince días. Desagota un vecino y desagotan todos en cadena. Porque el agua se va pasando de un pozo al otro. Otros desagotan a la calle; con todo eso ahí se ha formado un barro en el que los vecinos resbalan constantemente. En mi caso tuve que hacer cinco pozos. Los dos anteriores, al metro de empezar a excavar, tuvieron que taparlos porque filtraba agua. El que tengo ahora está hecho en el medio de la casa, donde molesta”.

El Estado y las concesionarias deben pagar una indemnización por el deterioro y poner en marcha un urgente plan de obras públicas, comenzando por las cloacas, pavimento, red de gas, agua corriente donde falte, desagües pluviales, controladas y aprobadas por los propios vecinos. Hay que terminar con los negociados de la obra pública y colocar el presupuesto de los municipios bajo control de los trabajadores y vecinos.