Resulta sorprendente cómo el gobierno, varios de cuyos funcionarios estaban bajo la lupa del centro de espionaje naval organizado en la base Almirante Zar, en Trelew, intenta presentar el problema como si se tratara de la psicosis de algún “cabo Gómez”.

 

Sin embargo, han caído el tercero en el orden jerárquico de la fuerza y comandante de Operaciones Navales, almirante Eduardo Avilés, y el director de Inteligencia Naval, almirante Pablo Rossi. Del centro de espionaje organizado en Trelew se enviaban, todos los miércoles a las 12 del mediodía, partes de inteligencia al Comando de Operaciones Navales, en Puerto Belgrano, y a otro sitio que aún se ignora porque no se ha logrado descifrar el código empleado por los espías de la Armada. El lenguaje de esos informes rememora viejos tiempos cuando califican a las personas espiadas de “judíos” o “marxistas”, y hasta detallan sus costumbres cotidianas e incluso sus preferencias sexuales. Ahí se desmenuzan con particularidades sorprendentes datos sobre organizaciones y militantes.

 

El jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, dijo en una entrevista radial: “Soy el responsable de la Armada y me hago cargo”. En efecto, así lo dicen sus reglamentos, las responsabilidades no se delegan. Godoy admite que “yo no le entregué mi renuncia a nadie”, pero tampoco nadie se la ha pedido. Es más, Kirchner y su ministra de Defensa, Nilda Garré, lo han respaldado públicamente.

 

Si Godoy ignoraba qué sucedía en la base Almirante Zar, debería ser echado por inepto. Si él mismo es parte de las operaciones de espionaje, tendría que ir preso. Pero todo el mundo parece muy interesado en echar tierra sobre la cuestión y aguardar que nuevos escándalos hagan olvidar este.

 

Pero Das Neves, tocado directamente por la actividad de los espías, declaró: “…el espionaje no era una cuestión aislada en la Armada. Creo que había una metodología y, obviamente, por lo que pude observar, no data de dos o tres años sino que nunca se interrumpió”. Estamos ante una actividad institucional que perdura desde mucho antes del golpe de 1976, y ellos mismos lo admiten cuando se ven obligados a separar a dos almirantes.

 

Hay en el caso cuestiones más graves aún. En las carpetas secuestradas — por ahora el juzgado sólo puede trabajar con el papel incautado porque carece de técnicos capaces de decodificar los datos de las computadoras, confeccionados en clave — hay fotografías de personas en reuniones privadas, lo cual pone en evidencia que actúa, como siempre, una amplia red de “buchones” e infiltrados. Es más: no sólo el juez, Jorge Pfleger; también los vicealmirantes Enrique Olmedo y Benito Rótolo, encargados de la investigación interna, dicen tener la semiplena prueba de la actividad de civiles infiltrados en diversas organizaciones.

 

Estas fuerzas armadas que padecemos, no son fuerzas preparadas para la guerra, para defender las fronteras propias ni atacar las ajenas, sino apenas para hacer de policía interior bajo el mando de una potencia supranacional. Ahí está, por ejemplo, la reunión que intentó ser secreta, en Bariloche, entre miembros de la Comisión Nacional de Energía Atómica — sólo algunos, especialmente invitados — con la Oficina de Investigaciones Navales de la Armada de los Estados Unidos. Esa es la razón principal de la crisis permanente de las fuerzas armadas, que imparable e inevitablemente las corroe y las destruye por dentro. Se trata de instituciones carcomidas hasta la médula, necesariamente enemigas de la Argentina y de los intereses nacionales. Destruir y desmantelar ese aparato es cuestión de seguridad nacional y salud pública.