A raíz de la crisis por el coronavirus, el gobierno municipal de Lanús a cargo de Néstor Grindetti (Cambiemos) conformó, junto a todos los bloques del Concejo Deliberante (massismo, Frente de Todos), un comité de emergencia para resolver medidas económicas y sanitarias para proteger, teóricamente, a los vecinos del distrito de los efectos de la pandemia.

¿De qué se tratan las medidas que este comité está estudiando? En lo fundamental es una política de beneficios a las patronales presentes en el distrito, cuya actividad se ve afectada por el decreto de cuarentena nacional. En primer lugar, la eximición para las Pymes, mediante una refinanciación a largo plazo y sin intereses, del pago de impuestos y tasas municipale; en segundo, la moratoria para las empresas que adeuden pagos; y finalmente, la entrega de subsidios para abonar una parte de los salarios.

En sus alocuciones, tanto los concejales de Cambiemos como del Frente de Todos, hacen referencia a la necesidad de implementar este paquete de medidas para defender a los pequeños emprendimientos. Sin embargo, detrás de la etiqueta formal de la pequeña o mediana empresa se esconden fuertes patronales. Los criterios para establecer que una empresa es pequeña o mediana suelen ser la cantidad de trabajadores de la misma, su facturación o las dimensiones físicas de los establecimientos. No obstante, muchas empresas, ya sea por la tecnología implementada o porque son tercerizadas de grandes empresas, logran entrar dentro de esos parámetros a pesar de estar lejos de tratarse de pequeños emprendimientos económicos. Todo esto mientras el Ejecutivo municipal informa una importante caída en la recaudación (Lanús Hoy 30/3), lo que prefigura un escenario, como en toda la provincia, en el que peligra el pago de los salarios municipales.

Con todo, la política del gobierno municipal y la oposición refleja una orientación de rescate del capital, y no de paliar la crítica situación de los trabajadores. Está ausente el planteo de eximir a los inquilinos y propietarios de una vivienda única del pago de esas mismas tasas, así como la asistencia económica a los trabajadores desde los más precarizados hasta quienes están siendo despedidos por el aprovechamiento patronal del parate económico. Por el contrario, la situación de los trabajadores es dramática. Al mismo tiempo que numerosas empresas no esenciales, como la fábrica de golosinas Lipo, siguen funcionando normalmente, no hay siquiera un aumento de la asistencia alimentaria a los comedores populares que vienen registrando una mayor demanda de la población.

El gobierno de Grindetti inauguró un ‘hospital’ de campaña en Villa Jardín en condiciones completamente precarias, mientras los verdaderos hospitales de Lanús, como el Evita o el vecinal, están en ruinas.

Los sindicatos están sumándose a esta política de ‘unidad nacional’ a nivel local. El secretario general de la CTA Autónoma de Lanús solicitó ingresar al comité de crisis para reclamar solamente por los trabajadores feriantes, cuya actividad se ve impedida, sin una crítica de fondo a la política de Cambiemos (Prensa CTA-A 25/3).

Es necesario frente a todo este escenario la deliberación y organización de los trabajadores en los barrios y lugares de trabajo. Reclamemos la eximición de tasas e impuestos municipales para inquilinos y dueños de viviendas únicas, toda la asistencia necesaria a los comedores populares, subsidios de 30.000 para trabajadores precarizados y desocupados, y la prohibición de despidos, suspensiones y rebajas salariales. En el mismo sentido, necesitamos la centralización del sistema de salud a nivel nacional y provincial y la orientación de los recursos necesarios hacia los hospitales, para hacer frente a la pandemia. Este plan de emergencia ante la crisis económica y sanitaria debe y puede implementarse a partir de impuestos al gran capital presente en el distrito.