09/03/2006 | 936

Las aguas bajan turbias

El operativo para desactivar los piquetes

El pedido de Kirchner a su “amigo y hermano” uruguayo para que paralice por 90 días las obras de las papeleras y realizar un estudio de impacto ambiental independiente recibió una respuesta contundente de Tabaré Vázquez: “Hay dos condiciones inamovibles: una es que, para negociar, se tienen que levantar los piquetes, ilegales e irregulares. La segunda es que la construcción de las plantas no se detiene” (La Nación, 5/3). Pero los asambleístas votan una y otra vez que los piquetes no se levantan si antes no se paralizan las obras. Los aprietes del gobernador Busti —incluidas llamadas “persuasivas” a los vecinos y la amenaza de ir a la Justicia— han sido estériles: los asambleístas le agradecen “porque cada vez que habla viene más gente a la ruta”. Y exigieron medidas aduaneras que impidan el paso de insumos para las plantas. Ante el fracaso, Busti mostró que ya están discutiendo el momento de reprimir: “Sólo si hace falta actuaría la policía provincial y luego la fuerza federal”, dijo (La Nación, 5/3).


 


El pedido de Busti “fue coordinado con Aníbal Fernández, por expresa orden de Kirchner. En rigor, el reclamo es del propio Kirchner pero Busti lo verbalizó para preservar al Presidente de un desgaste” (La Nación, 4/3). Como se ve, Tabaré y Kirchner tienen pleno acuerdo a la hora de desmovilizar a la gente. Otro tanto el chileno Ricardo Lagos, que opinó que el diferendo es “serio” porque Uruguay está prácticamente sin salida por vía terrestre. Lagos expresó su preocupación por el bloqueo a los camiones chilenos en Gualeguaychú (Clarín, 4/5) y ofreció su mediación oficiosa para aliviar el conflicto: ve en él su futuro. Ya hay demandas judiciales para impedir la instalación de la mina fronteriza de Pascua Lama, en la zona de Huayco. Una resistencia que puede transformarse, piquete mediante, en otro NO, esta vez a las minas. En la misma está Evo Morales: Bolivia está a punto de licitar la región del Mutun para emprendimientos siderúrgicos que depredarán el medio ambiente. La crisis postergó sin fecha la cumbre entre Lula, Kirchner y Chávez para evaluar los avances de factibilidad integral del gasoducto del Sur (Clarín, 3/3). Están en juego negocios millonarios, todos de gran impacto ambiental, por eso reclaman a coro que se desactive el conflicto… eliminando los cortes. Saben que una escalada continental de luchas por la defensa del medio ambiente haría peligrar las enormes ganancias que las multinacionales obtienen con la explotación y el saqueo de los recursos naturales y pondría en jaque a los gobiernos “populares”.


 


La firmeza de los cortes pone en riesgo una inversión de 1.800 millones de dólares que involucra al Banco Mundial.


 


La “soberanía” y la izquierda uruguaya


 


En ese contexto, el frenteamplista Tabaré envió al parlamento una versión actualizada de la Ley de Residencia argentina (de 1902), que permitía expulsar sumariamente a los huelguistas y activistas sindicales extranjeros. La ley de Tabaré autoriza a echar del Uruguay en 24 horas a los extranjeros que “alteren el orden público, se entrometan en los asuntos internos o afecten el honor de jefes de Estado extranjeros”. Su fin es “prevenir una situación más grave, si tenemos un ingreso masivo de gente que altere nuestras condiciones de vida y no se cuente con una herramienta rápida para expulsarla” (Clarín, 4/3). El progresismo se nutre en las tradiciones más reaccionarias de la oligarquía.


 


Los alardes de soberanía de Tabaré sólo intentan confundir a las masas: “Hay que dejarle claro al gobierno argentino que Uruguay no es una provincia suya, sino un Estado independiente” (Clarín, 2/3). Bravatas para ocultar que en los contratos con las papeleras no quedó huella de soberanía. El gobierno uruguayo se comprometió a asumir el deterioro ambiental que pudieran ocasionar las empresas. Aceptó pagar por el lucro cesante derivado de los perjuicios sociales o ambientales. Declaró zona franca el predio de 80 manzanas que ocupa la empresa y su puerto privado. Eximió a las empresas de cargas fiscales e impuestos de importación y exportación, creando una suerte de Estado independiente. Los trabajadores de las plantas quedan marginados de la legislación laboral uruguaya y del seguro social. Es por eso que el ministro Arana afirma que el gobierno “no tienen facultades legales ni podría suspender la construcción de las plantas, porque es un emprendimiento que también involucra a organismos multinacionales” (Clarín, 2/3). La envergadura de la entrega ha distanciado de su propio gobierno a diversos sectores del Frente Amplio.


 


Ni el gobierno de Tabaré ni el de Kirchner son capaces de defender ni la calidad de vida de la población ni los recursos naturales: son servidores de los intereses de la depredación capitalista. La contaminación y la destrucción del medio ambiente son inherentes a un régimen social que tiene como motor el lucro. Es preciso poner en pie una gran campaña unitaria de los pueblos uruguayo y argentino que enfrente los negociados y la entrega al imperialismo. Contra cualquier intento de represión, llamamos a desenvolver una campaña internacional por la nacionalización de los recursos naturales y la producción bajo control obrero de las papeleras argentinas y uruguayas y todas las industrias contaminantes.