Juan Rinaldi, superintendente de Seguros de Salud durante un breve periodo, cuando
Graciela Ocaña aún estaba al frente del ministerio, presentó ante el juez Claudio Bonadío documentación que incrimina a la obra social del sindicato de camioneros con irregularidades
en el suministro de fondos para
el tratamiento de pacientes de alta complejidad. En verdad, esas denuncias contra Moyano
datan del año 2006 y las presentó en su momento Juan Pablo Medina, un sindicalista de la Uocra opositor a Gerardo Martínez.



Se trata de una caja que maneja más de 20 millones de pesos, con 700 mil miembros, a cuyo
frente está la mujer de Moyano, Liliana Esther Zulet.



Además, en Camioneros dicen que en nueve años sólo usaron 9 millones de pesos de fondos
de la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud. Sin embargo,
otro informe, elaborado por el diputado Fernando Sánchez (Coalición Cívica) indica que los fondos provistos por la APE al sindicato de los Moyano subieron de 1,7 millón de pesos en 2004 a 14,2 millones en 2008. En el mismo lapso, las solicitudes de ese gremio a la APE pasaron de 89 a 1.445, un aumento del 1.500 por ciento. No sería de extrañar y en el futuro lo será menos aún, ya que Moyano logró colocar al frente de esa Administración a Hugo Sola, uno de sus laderos de confianza.



Entretanto, se sabe que las obras sociales vinculadas con la mafia de los medicamentos son
más de cincuenta, entre ellas la de Daniel Amoroso, el burócrata macrista que dirige el sindicato de los juegos de azar, represor de la huelga del Casino por cuenta de otro “Yabrán” kirchnerista: el empresario Cristóbal López, dueño de ésa y de varias timbas en todo el país.La burocracia de la Utpba (prensa) y gráficos también empiezan a poner las barbas en remojo.