Las excarcelaciones plantea una cri­sis inminente en las cárceles. En la provincia de Buenos Aires hay unos 3.500 reclusos por encima de la capacidad carcelaria y otros 3.500 alojados en comisarías. Con la anulación de las posibili­dades de liberar a los procesados se marcha a una situación de ha­cinamiento feroz en cárceles y lu­gares de detención. En la Argen­tina, la gran mayoría de los en­causados no tiene condena (55%) y una franja significativa de ellos, que podían ser excarcela­dos, engrosará el número de de­tenidos creando una situación de colapso en un lapso de no más de seis meses. Ya antes de la san­ción de esta ley, la situación era de rebelión latente por la super­población y las condiciones de vi­da en los penales. Según un estu­dio, considerando los últimos ca­torce años, 1999 tuvo la “mayor cantidad de motines, disturbios y huelgas de hambre en las cárce­les”. Además, “la superpoblación va del 25 al 40 por ciento, según distintos cálculos” y es más signi­ficativa en la provincia de Bue­nos Aires, donde se concentró la mayor cantidad de rebeliones (Página 12, 17/2).

El pacto Ruckauf-De la Rúa somete a los ciudadanos a la Bo­naerense, al encarcelamiento indiscriminado y a la represión aún más feroz en los penales. Lleva a la práctica lo que un año atrás Duhalde definió como el ideal en materia de seguridad pública: “tolerancia cero” y “capacidad económica para encarcelar al 1% de la población” (Clarín, 7/1/99).