El general Luis Alberto Pozzi, sucesor de Roberto Bendini en la jefatura del Estado Mayor del ejército, está acusado por un proveedor de la fuerza de “encabezar una asociación ilícita que habría digitado licitaciones a favor de determinadas empresas” (Crítica, 23/9). Como se sabe, Bendini fue pasado a retiro porque la Cámara de Comodoro Rivadavia lo procesó bajo el cargo de peculado, delito que habría cometido cuando comandaba la XI Brigada Mecanizada de Río Gallegos y era hombre de confianza del entonces gobernador, Néstor Kirchner.

Así, el gobierno se encuentra ahora en una situación escandalosa en su área de defensa, porque el recién designado Pozzi está sospechado de manejos peores que aquéllos por los cuales Bendini debió ser relevado.

El acusador de Pozzi es Guillermo González Naya, un militar retirado que, como tantos de sus colegas, se dedicó a los negocios y ahora representa a consorcios coreanos y chinos. El lunes 22 de septiembre, González Naya hizo llegar la documentación del caso a la ministra de Defensa, Nilda Garré, y al día siguiente presentó su denuncia en sede judicial.

La acusación involucra también al jefe del Comando de Arsenales, teniente coronel José Manuel Segura, y al entonces agregado militar en China, coronel Carlos Ignacio Barchuk.

Según la denuncia, esos oficiales “han permitido, refrendado, avalado y encubierto que determinadas empresas hayan recibido pagos” (ídem) por obras y/o materiales que el ejército nunca recibió. Si eso fuera así, además del robo y la estafa, la acción de esa gente constituiría una lisa y llana traición.

Mientras tanto, por cuerda separada, sigue adelante la megacausa por corrupción en el Ejército, que ya provocó el retiro de 40 militares y tiene involucrados a unos 80 civiles.

El espionaje naval

Las cosas no están mejor en la Armada, donde hasta su jefe, el almirante Jorge Godoy, corre peligro de terminar preso por el espionaje ilegal que se hacía desde la base Almirante Zar. Por ese asunto han tenido que declarar en el juzgado federal de Rawson otros dos oficiales complicados en esos hechos: el contralmirante Luis De Vicenti y el capitán de navío Carlos Ruda, cuyos nombres aparecen en varios tramos del expediente judicial.

Ahora han prendido el ventilador los unos contra los otros, porque los espías dicen que actuaron por órdenes de Godoy y éste lo niega. De todos modos, conviene recordar que, de acuerdo con los reglamentos militares, la responsabilidad no se delega.

Es de destacar el lenguaje empleado en los informes producidos por el espionaje en la base Almirante Zar, más allá de los errores groseros que contienen. Por ejemplo, uno de esos “papers” se refiere a una actividad de la Asociación Madres de Plaza de Mayo “al conmemorarse el día 22 (de agosto) un nuevo aniversario del intento de fuga de Delincuentes Terroristas del ERP en la Base Aeronaval Almirante Zar” (Página/12, 22/9). Esos documentos se refieren a la última dictadura con la sigla PRN (Proceso de Reorganización Nacional).

Esto es: además de robar a cuatro manos y espiar ilegalmente, se ocupan de recordarnos que siguen ahí.