Sin dudas, la jornada histórica del Congreso Nacional el 14 de junio hizo resaltar la imagen política de distintos actores políticos. Mientras algunas exposiciones de los diputados contra la legalización daban lástima por su bajísimo vuelo, otras como la de los Diputados del Frente de Izquierda fueron un ejemplo de solidez política y coherencia.

El movimiento de mujeres partió en dos a todos los bloques políticos burgueses del parlamento, repartiendo sus votos en favor y en contra de la legalización del aborto. Uno de los voceros en favor de la legalización que más se destacó fue sin dudas Daniel Lipovetzky, que presidió a lo largo de varias semanas el debate de la Comisión, lo que le valió el sorpresivo reconocimiento público de Daniel Filmus.

Durante el debate final el diputado por el PRO se mostró como un abierto defensor de los derechos de las mujeres, una faceta progresista poco común en las filas macristas: recogió las principales argumentaciones de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, haciendo hincapié en que este proyecto de Ley era una conquista de su lucha. Llamó a encarar el debate como un problema de Salud Pública.

Progres negreros

Sin embargo, ese progresismo poco tiene que ver con la realidad que viven quienes trabajan en la empresa familiar de los Lipovetzky, Productos LIPO, que actualmente tiene su fábrica en la localidad de Lanús. Las mujeres que trabajan para los Lipovetzky no tienen guardería ni reconocimiento alguno de su condición de género. No hay día femenino, ni igualdad en el trato; la empresa le niega sistemáticamente la categoría de oficial calificada a las mujeres, cuando hay hombres que la tienen. 

Los trabajadores de LIPO denunciaron en un comunicado en agosto del año pasado, permanentes hostigamientos de los dueños –la familia de Daniel Lipovetzky– y una andanada de despidos injustificados y retiros voluntarios. 

Los trabajadores encontraron también que la empresa no hacía los aportes a la ART, por la que había sido dada de baja. Es decir que los trabajadores estaban sin seguro frente a accidentes laborales. Tampoco se hacían los aportes jubilatorios ni a la Obra Social –que les cortaba cotidianamente el servicio–, dejando a los hijos de las mujeres sin cobertura.

Durante el período de diciembre a marzo, los empleados de la familia Lipovetzky cobraron sus salarios con atrasos de varios días, pagándoseles en partes, incumpliendo así todas las leyes laborales. Solamente pudieron revertir esta situación mediante una medida de fuerza.

La práctica antisindical –persecución, telegramas y descuentos salariales a los delegados– es el complemento sistemático de una fábrica sumida en la precariedad laboral, en la que solo se invierte para incrementar la producción pero que enfrenta inspecciones del Ministerio de Trabajo por denuncias de inseguridad laboral. La empresa no les otorga campera ni chaleco a los trabajadores a pesar del frío polar que se sufre en algunos sectores.

 

Una cuestión de clase

El doctor Lipovetzky no es el primer empresario de la industria de la alimentación que emerge a la política ni a la vida pública, ni el primero en exponer su condición: desde Ricardo Fort, quien se jactaba de gastar el equivalente a diez sueldos de sus trabajadores en una ronda con sus amigos, hasta Manzur, dueño de la agroaceitunera Nucete, hasta el ex Presidente de la Nación por un día, el yerbatero Ramón Puerta, todos ellos militaron sus intereses empresariales desde sus posiciones públicas. Sus intereses de clase están por encima de cualquier simpatía con el movimiento de mujeres.

El caso de Lipovetzky, que es a la vez explotador de mujeres en su fábrica, demuestra que no es ningún aliado de la mujer trabajadora, sino su verdugo. Bienvenidos los votos a favor fruto de la lucha, pero el triunfo del movimiento de la mujer pasa por su alianza definitiva con los trabajadores contra la injerencia capitalista en sus organizaciones.