06/06/2002 | 757

Las elecciones, un arma contra la rebelión popular

El plan Bono de Lavagna, ¿servirá para conseguir el préstamo del FMI y, con él, estabilizar la situación económica e incluso la situación política? En el oficialismo se espera que, como consecuencia de un acuerdo con el Fondo, Duhalde pueda llegar al 2003, mientras que para muchos opositores una estabilización política sería una ocasión imperdible para adelantar las elecciones en beneficio de alguno de los candidatos del sistema. ¿Existe entonces la posibilidad de que se supere a corto plazo la situación revolucionaria creada por la bancarrota económica, la debacle política y la rebelión popular?


Primero, el desfalco


El Bono de Lavagna no solamente entraña la confiscación de los ahorristas y una nueva oportunidad de negocio para los que especulen con la compra del nuevo bono, para cancelar impuestos o deudas con el Estado a su valor nominal. Al igual que los planes anteriores, el bono que el Estado entrega a los ahorristas es un canje de la deuda externa en poder de la banca local (incluida la del Estado y la «cooperativa»), es decir que se le saca a los bancos locales la deuda externa desvalorizada, para transferirla a los ahorristas. Las AFJP deberán obtener, como consecuencia de la redolarización que impone el plan, el reconocimiento en dólares de los títulos públicos en su cartera que habían sido pesificados. El resultado es que los más de 20.000 millones de pesos por este concepto, se transforman en más de 80.000 millones a un tipo de cambio de uno a cuatro. El plan también otorga a la banca un bono en dólares por las diferencias de patrimonio que pudieran resultar, aun después de todos estos beneficios, de la pesificación de su cartera de créditos. Dependiendo de las opciones que escojan los ahorristas, el Estado acabará perjudicado por la creación de una deuda pública adicional que se calcula entre 30.000 millones y 100.000 millones de dólares.


Si, a pesar de todos estos beneficios, la banca extranjera critica el plan, ello se debe a que éste no es obligatorio o compulsivo, y a que el Banco Central no estaría dispuesto a financiar los retiros de dinero de los depositantes que no acepten el bono, un financiamiento que sí daría a la banca pública o a la llamada nacional.


A pesar del beneficio que significa para la gran banca, el plan Bono no resuelve de inmediato ningún problema, y sí crea otros que son insuperables. No resuelve el «corralito», es decir que el dinero, ahora «bonificado», no sale del sistema financiero, y con ello continúa la falta de liquidez, de financiación y hasta de demanda para la industria y el comercio. La depresión económica se agudiza. La exportación, beneficiada por la devaluación, no compensa este déficit general, porque los exportadores no liquidan sus divisas, o porque éstas son retenidas por los bancos, o porque si las compra el Banco Central, los pesos que emite vuelven a la compra de dólares. El gobierno pone toda su apuesta en un socorro del FMI, precisamente porque sus planes no sirven en absoluto como un factor de reactivación económica.


Pero una emisión adicional de deuda pública por 30 a 100.000 millones de dólares, entra en competencia con la deuda externa que tienen los bancos del exterior y las instituciones financieras internacionales, en un momento en que el gobierno necesita renegociar esta parte de la deuda externa, para que los acreedores del exterior no le bajen el pulgar. Para agravar la situación, hay en marcha una emisión de títulos públicos en dólares al tipo de cambio 1,4 para las empresas y bancos locales con deudas en el exterior, lo cual equivale a una estatización de la deuda privada que va creciendo con la devaluación del peso. Con un PBI que ha caído de 300.000 a 120.000 millones de dólares, o sea un 60%, la deuda pública adicional que emerge de todo este rescate del sistema capitalista, y que en ningún caso será inferior a los 50.000 millones de dólares, llevaría el total de la deuda del Estado a más de 200.000 millones de dólares *un 180% del PBI. Si se agrega la deuda de las provincias, la deuda nacional superaría el 200% del PBI.


Entre el «socorro» y la híper


Cuando se alude a la posibilidad de un préstamo del FMI, se hace referencia exclusivamente al otorgamiento de unos 10.000 millones de dólares que estarían destinados a pagar la deuda pendiente, precisamente con el FMI y otros organismos internacionales. Es decir que sería un asiento contable, no dinero en efectivo para respaldar una estabilización del peso. Para poner el monto necesario para una estabilización monetaria, el Fondo exige que antes se cierre cualquier filtración de dinero de los bancos al dólar. Esto se puede obtener sólo de dos maneras: o reforzando al extremo el «corralito» (y la parálisis comercial), o mediante la hiper-inflación. Cuando todo el dinero bancario haya sido consumido por un dólar cada vez más alto, el «corralito» habrá dejado de existir. Con reservas cambiarias que han caído por debajo de los 10.000 millones de dólares (pero de los cuales sólo se puede utilizar tres mil para defender el peso), el desenlace es más o menos inminente. La liquidación del dinero bancario planteará la reconstrucción del sistema financiero sobre nuevas bases, o sea mayor concentración, privatizaciones y diferente status jurídico. La posición del Banco Central de financiar con emisión de dinero los retiros de fondos de la banca nacional, está en contradicción con la pretensión de estabilizar el peso.


A la luz de esto, estaríamos más cerca de un derrumbe político que de una estabilización. La oposición de la banca norteamericana al nuevo plan (quizás con la excepción del Citibank) acentúa esta posibilidad. Hay una pugna entre los bancos europeos y locales, que pretenden en definitiva que sus competidores norteamericanos se retiren del país, y estos últimos, que buscan la quiebra de sus rivales. En este marco, la artificial perspectiva electoral que se está tramando, quedaría sustituida por una nueva crisis y una rebelión popular. Los planteamientos de adelanto electoral son, más que un intento de recauchutar el sistema, una maniobra de distracción política del pueblo, para que no concentre sus energías en impulsar una nueva gesta de masas. En el campo de la burguesía, la emergencia de la hiperinflación aplazaría los adelantos electorales, por un recambio golpista.


Una cuestión estratégica


El adelantamiento de las elecciones es una alternativa para el sistema capitalista, no para el pueblo que está luchando contra este sistema. No importa para el caso si esas elecciones puedan ser presidenciales o generales, aunque la discusión de que renueven todos los cargos es una expresión deformada de la enorme presión de la rebelión popular. Pero, en una situación revolucionaria, las reivindicaciones políticas del momento son adecuadas si tienen un carácter estratégico, o sea que deben plantear una transformación de conjunto del régimen político y social, la confiscación de los confiscadores, el gobierno de los trabajadores. Si un arreglo provisorio o precario con el Fondo animara a una fracción mayoritaria de la burguesía a adelantar las elecciones, la intervención en ellas deberá estar condicionada a diferentes factores, en especial el nivel de la belicosidad popular. Pero, aun si se justificara, en tales términos, una participación electoral, ésta estaría subordinada al planteo principal que corresponde a la actual situación: fuera los gobiernos capitalistas, rebelión popular, Asamblea Constituyente libre y soberana.


Por estas razones, el trabajo, en la actual situación, debe orientarse principalmente a desarrollar la conciencia acerca del carácter político y estratégico de la lucha actual, de que está planteada una cuestión de poder y la reorganización de la sociedad sobre nuevas bases. Debe apuntar a reforzar y masificar a las Asambleas Populares, a masificar las luchas y la organización de los piqueteros, a reforzar la unidad dentro de los piqueteros, entre las organizaciones obreras sindicales y fabriles de base con las organizaciones de desocupados, y en definitiva a unir todo este movimiento de masas bajo la dirección de la clase obrera. La reciente jornada de la CTA, el 29 de mayo, puso de manifiesto una fuerte tendencia a la huelga general en el seno no de los aparatos burocráticos, sino de las masas. La descomunal ola de despidos y de quiebras debe servir para reforzar la lucha por la estatización y el control obrero, y para ocupar las fábricas y lugares de trabajo. Con el reclamo de la huelga general hay que trabajar en los sindicatos, teniendo especialmente en cuenta el hundimiento de los salarios provocado por la inflación. La huelga general plantearía una cuestión de poder.

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