Políticas

9/6/1993|393

Las finanzas de la UCR “in fraganti”

A medida que pasan los días aparecen nuevas evidencias de la relación entre el asesinato del ex senador radical Regino Maders y los negociados realizados a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) por parte del gobierno de Angeloz. Maders, pocos días antes de ser asesinado, había decidido, según sus familiares, hacer públicas sus investigaciones relacionadas con la construcción, reparación y concesión de la Central Bazán, que  produciría un perjuicio a las arcas provinciales del orden de los 770 millones de dólares (Hoja X hoja, Nº 22). El negociado beneficiaba a la empresa Bayco, formada por CAT-Fiat Materfer y Soinco-Ormas, que cuentan con funcionarios o ex funcionarios del gobierno radical en sus filas. A su vez, los equipos de turbogás (Fiat) usados para la construcción de la Central Bazán fueron pagados con un sobreprecio de 40 millones de dólares, pero nunca funcionaron por fallas en su construcción. Cuando se licitó su reparación (una vez vencida la garantía), quedó en manos de los constructores (CAT -Fiat) a pesar de que el precio superaba en un 60% (6 millones de dólares) a la otra oferta. Finalmente el grupo Bayco fue beneficiado por la concesión de la usina, que le ofrecía un negocio fabuloso. Las dos últimas licitaciones fueron anuladas ante la crisis desatada.


Los negociados alcanzan también al Banco de la Provincia. EPEC solicitó avales del banco para pagarle a CAT la reparación de la Central Bazán. Esta operación fue desaconsejada por técnicos del banco porque CAT entraría en concurso judicial. El crédito finalmente otorgado fue gestionado por el contador Castaño, quien era presidente del Banco de la Provincia en el momento en que se aprobó la operación anterior a favor de CAT. No sólo Castaño está relacionado con  Bayco sino también Alvaro Hernández, que pasó al directorio del Banco Provincia, y aparecieron como directores de EPEC Raúl Olloco, entonces director del banco, y Manuel Juárez Torres, otro ex abogado de Soinco, hasta entonces procurador del Tesoro. CAT-Materfer-GMD es el principal deudor del Banco Provincia (por 30 millones de dólares) y se encuentra en concurso de acreedores. El “cruce” de funcionarios entre las empresas implicadas, el Banco de la Provincia y EPEC, aseguraban “la concesión de las Usinas al principal deudor del Banco, el grupo CAT-Materfer-GMD, asociados además a Fiat, firmas fabricantes de las máquinas defectuosas vendidas a EPEC” (Francisco Llorens a Hoja X hoja Nº 23).


El caso Maders: la punta del iceberg


El gobierno de Angeloz y el conjunto del radicalismo (incluido el alfonsinismo al cual pertenecía el ex senador) adjudicaron en un primer momento el crimen a “motivos de polleras” o “un simple intento de robo”. ¿Por qué?


El de Maders no es el primer crimen relacionado con EPEC, una empresa que desde su creación estuvo manejada por funcionarios íntimamente ligados al radicalismo, hombres del “aparato” partidario. En diciembre de 1979, Francisco Bazán, ex presidente de EPEC y “que se oponía al sobreequipamiento con turbogás, tuvo un extraño accidente que le costó la vida” (Hoja X hoja, Nº 21). En marzo de 1986 fue asesinado otro ex presidente de EPEC, Francisco Pérez Zorrilla. Durante esa presidencia Angeloz era su secretario privado. La hija de Pérez Zorrilla hizo conocer que por las manos de su padre pasaron millones de dólares y el manejo de cuentas bancarias en el exterior, como resultado de las gestiones de su padre para conseguir obras eléctricas para determinadas empresas (entre otras la construcción de la central de Embalse, la Central Pilar —la más importante de EPEC).


Días después de asesinado Maders, le sucedió lo mismo a José González, empleado de EPEC estrechamente ligado a Maders en la investigación de subfacturación y robo de energía por parte de grandes consumidores. Ninguno de los crímenes fue resuelto.


La presencia de funcionarios radicales en las empresas beneficiadas con licitaciones y concesiones y en los puestos claves del aparato del Estado (o empresas estatales) muestran la fuerte ligazón entre el radicalismo y la “caja”  de EPEC (y también del Banco de la Provincia y el Social). No es casual que el radical más implicado hasta ahora en el caso Maders sea, justamente, el “responsable financiero” del angelocismo: el diputado Medina Allende, que está siendo juzgado por “obstaculizar la investigación del asesinato de Maders”, un eufemismo para decir que el diputado angelocista había armado una red de contraespionaje con altos miembros de la policía provincial para “chicanear”  y “dirigir”  la investigación judicial.


Pero la verdadera envergadura de la estrecha relación entre las finanzas de EPEC y las de la UCR fue dada por el propio Maders, quien según sus familiares, iba a hacer público el resultado de sus investigaciones sobre las irregularidades con CAT después de las elecciones para gobernador del 8 de setiembre de1991, para “no poner en peligro el triunfo radical en las urnas” (y la propia reelección de Angeloz). Maders, asesinado el 6 de setiembre, era consciente de que en sus manos tenía una bomba que podía hacer estallar a la centenaria Unión Cívica Radical.


Crisis política


El menemismo está usando el asesinato de Maders para obligar a Angeloz a una negociación y entregar parte del botín del Estado provincial. La UCR contraatacó amenazando con sacar a luz nuevos “trapos sucios” del menemismo. Pero además el temor a que un avance en las investigaciones haga estallar al gobierno radical (en un momento en que el justicialismo está partido en mil pedazos) ha llevado al “antimenemista” De la Sota a llamar a la “prudencia»  y a “despolitizar el caso» , o sea, al encubrimiento.


Pero la evidente vinculación del angelocismo con el crimen y con otros negociados están obligando a Angeloz  a echar lastre. Es por esto que anuló el proceso de concesiones y la licitación para reparar las usinas de EPEC y está dispuesto a negociar las privatizaciones de la empresa de energía y el Banco de la Provincia.


El “caso Maders” plantea así una cadena de encubrimientos (dentro del radicalismo y del menemismo) que procuran ocultar no sólo a los autores materiales e intelectuales del crimen de Maders, sino también la lucha descarnada que existe por el control del aparato del Estado, de las empresas y de las fabulosas cometas y negociados.