En septiembre de 2001, la Legislatura bonaerense aprobó (con el voto del PJ, la Ucr y el Frepaso) la estatización de las deudas morosas e incobrables del Banco Provincia hasta el año 1999. Este jubileo a la gestión Duhalde fue rubricado por Ruckauf y Solá (cuando Chiche defiende la presencia del hombre de la Triple A en la lista de diputados del PJ por “los servicios prestados” sabe de qué habla). La Provincia emitió un bono a favor del banco por 1.100 millones de pesos – dólares, y el banco le transfirió la cartera de créditos no pagados, por un valor nominal cercano a los 1.900 millones.

Esta cartera incluía los pasivos de grandes empresas: Grupo Yoma (también receptor de créditos impagos del Banco Nación), Grupo Gualtieri (del riñón de Duhalde y figura central de la “patria contratista” beneficiaria del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano), Grupo Soldati-Tren de la Costa, etc.

De los 23.300 deudores – una cartera que ha quedado en manos de un Fondo Fiduciario manejado por representantes del Ejecutivo y la Legislatura (PJ, Ucr, Frepaso) – , el 25% son productores agropecuarios. “Pensando en ellos”, en el Fondo Fiduciario “se está estudiando impulsar fondos asociados, ganaderos y agrícolas, como una forma más de recuperar los créditos dados a productores agropecuarios” (InfoBae, 8/8). El proyecto plantea unir en un “fondo de siembra asociado”, o de producción ganadera, según el caso, al gerenciador u organizador de la producción, al proveedor de insumo y al deudor, constituyendo un fondo que permita ir saldando el crédito.

La información advierte que “los inversores ya están”, pero “el desafío es lograr la adhesión del productor”, que “debería hacerse a través de formas asociativas” (ídem) y convertiría al chacarero, en el mejor de los casos, en un arrendatario del Fondo “asociado”. Con esto en vista, precisamente, el titular del Fideicomiso, impulsor de esta expropiación disfrazada, señaló que en los productores endeudados “se observan falencias en lo que hace a la tecnología de producción y gestión”.

Se está consumando de este modo una política trazada por los fondos de inversión, que son los grandes protagonistas del alquiler de tierras por cosecha. La dictadura militar eliminó las últimas trabas legales a esta operación, modificando la ley de arrendamientos, que prohibía renovar arrendamientos por una sola cosecha y establecer comodatos de menos de cinco años de duración. Ahora se puede alquilar un campo indefinidamente por lapsos de un año, sin ningún interés por la conservación del recurso.

“Cierre los ojos. Imagine que por cada 110 dólares invertidos obtiene 50 de ganancia. ¿Hay otro negocio mejor? Es posible. Pero éste ya funciona: 110 dólares es lo que cuesta cosechar una hectárea de soja que deja 50 dólares limpios. Estas simples cuentas motorizaron los llamados fondos agrícolas” (Silvia Naishtat, en Clarín, 6/7). Esta fiebre de alquileres explica que los precios del campo recuperen su valor en dólares.

No es cierto que Menem haya terminado con las “joyas de la abuela”. Las más valiosas están a punto de remate, de la mano de Felipe Solá, un agente de los fondos de inversión.

El PO plantea:

• Derogación de la ley que traslada deuda morosa e incobrable del Banco Provincia a los habitantes de la provincia. Comisión electa y revocable votada por los trabajadores del Provincia con control total de sus operaciones,

• Condonación de deudas a pequeños propietarios endeudados, prohibición de ejecución de campos y maquinarias. Eliminación del impuesto inmobiliario rural para toda unidad productiva que no supere el carácter de explotación familiar. Impuesto progresivo a la gran propiedad agraria y los pulpos agroindustriales.