El ataque del gobierno a los jubilados tiene todos los días un nuevo capítulo.

 

El oficialismo ha lanzado una campaña contra las supuestas jubilaciones de privilegio, con la que apunta especialmente a los trabajadores de distintos gremios como docentes de todos los niveles, judiciales y Luz y Fuerza y, aunque no los mencionó, también a otros como los camioneros e incluso a los trabajadores rurales.

 

Se trata, en realidad, de regímenes especiales que alcanzan a un sector de trabajadores, vinculados con la posibilidad de jubilarse con menor edad o un porcentaje mayor a los miserables del régimen general.

 

Esos gremios, por las características particulares de su actividad o por la lucha han conseguido regímenes de jubilación especiales que no son ningún “privilegio” sino que se acercan a lo que debieran ser las condiciones de retiro de todos los trabajadores del país.

 

El objetivo último del gobierno es darle un golpe decisivo a las jubilaciones para que pasen a ser una mera aportación de asistencia social, sin vínculo alguno con el salario del trabajador en actividad.

 

El ataque a los docentes es de un alto grado de perversidad explícita: el gobierno dice que debe combatirse el “privilegio” de los educadores, que –sostiene– ganan un promedio de $24.000 de jubilación, un dato cuya veracidad tiene poco sustento cuando el salario de un docente con 25 años de antigüedad ronda los $20 mil. Además, ese es el costo de la canasta familiar, es decir lo mínimo que necesita una familia para no caer en la pobreza.

 

En el caso de los educadores, el gobierno apunta a liquidar la jubilación anticipada a los 57 años para las mujeres y a los 60 para los hombres, para mantenerlos en sus cargos varios años más, es decir sin que puedan acceder a la jubilación, un derecho justificado por el tipo de tareas que realizan al frente del aula. Además, los docentes tienen variados regímenes en distintos distritos que les permiten, en algunos casos por medio de aportes extraordinarios, jubilarse con porcentajes mayores a los del régimen general y más cercanos al del salario en actividad.

 

El caso de los docentes universitarios es el más icónico porque esos educadores, mediante su lucha, han conseguido que se puedan jubilar con 25 años de servicio y el 82% móvil de lo que percibían en el cargo. Es el reclamo histórico para todos los trabajadores y resulta –para el gobierno- un ejemplo nocivo que quiere hacer desaparecer.

 

Respecto de los trabajadores judiciales, el “informe” que el gobierno hizo trascender a través del vocero oficial Clarín, sostiene que los jubilados de esa actividad tienen un haber promedio de casi $100 mil y “gozan del 82% móvil”, lo cual es una mentira consciente y deliberada, ya que ese monto, ese porcentaje y la movilidad solo alcanzan a los funcionarios y magistrados y no al trabajador judicial. Este argumento seguramente esconde la intención oficial de derogar una enorme conquista de los trabajadores judiciales que es la denominada “ley del enganche” por el cual sus aumentos están atados a los que reciben los magistrados.

 

Para ocultar que este ataque va a fondo contra estos regímenes especiales de trabajadores que sirven como antecedentes para la lucha del resto, el gobierno incluyó en su ofensiva a los “diplomáticos”, para quienes propone aumentar la edad jubilatoria. En este punto, es claro que el gobierno pretende ir preparando el terreno para el alza general de la edad jubilatoria para todos los trabajadores, no sólo para los diplomáticos, un adelanto de lo cual es la alternativa “voluntaria” para hombre y mujeres hasta los 70 años.

 

El oficialismo sostiene, al igual que para justificar el golpe a la actualización jubilatoria, que, con este recorte, se equilibrarán las cuentas del Anses. Esto cuando decidió que las empresas que evadieron y evaden los aportes por tener personal en negro, si ahora los “blanquean” no deben aportar un peso de esa deuda y anunció una nueva baja en los aportes patronales, que se suma a la que decidiera Domingo Cavallo hace varios años y que nunca se derogó.

 

El gobierno no solo deja pasar el 35% del trabajo negro actual, recurriendo a la buena voluntad empresaria de “blanquear”, sino que la nueva reforma laboral incluye una serie de mecanismos para crear o mantener empleos en negro, que van desde los regímenes especiales para monotributistas que no lo son, hasta las pasantías optativas o las obligatorias para los estudiantes que supondrán mano de obra gratuita o casi y. lógicamente, casi o sin aportes. 

 

A esto se le suman todos los desembolsos que realiza el Anses para cubrir otro tipo de asignaciones no jubilatorias que debieran salir de fondos del Tesoro y no de los del organismo previsional.  

 

Es decir que el gobierno desfinancia conscientemente al Anses en favor de los capitalistas y pretende quitar beneficios a los trabajadores para financiar esos verdaderos “privilegios” patronales.El oficialismo ha desatado un ataque en regla sobre los actuales y los futuros jubilados para lo cual ha conseguido el apoyo de los gobernadores de todo el arco político con excepción del bloque del Frente de Izquierda. También ha logrado el apoyo de la burocracia sindical, que ha dejado pasar el ataque brutal en marcha contra los trabajadores.

 

Más firme que nunca debe plantearse el reclamo de una jubilación mínima que cubra la canasta familiar y el 82% móvil del salario del trabajador en actividad. El 6 de diciembre el movimiento sindical combativo lo llevará entre sus reclamos a la Plaza de Mayo.

 

 

 

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