La declaración corresponde a Carlos Zanini y está referida a las regalías que paga la explotación minera en Argentina -una de las más bajas del mundo. Fue pronunciada en la cumbre que acaba de realizarse en San Juan, en la que convergieron gobernadores, proveedores y sindicatos ligados a la actividad. Marcó el tono de la asamblea, en la que los empresarios mineros presentaron a los candidatos y a los gobernadores un pliego de reclamos que se pareció a un ultimátum.

Una declaración previa del empresariado en pleno -las 15 cámaras mineras- exigió revisar "las principales herramientas de la política económica, entre ellas la paridad peso-dólar, la inflación, el cepo cambiario, las remesas de divisas y el aumento constante de la presión tributaria", aludiendo a impuestos que, como en Santa Cruz, gravan la renta potencial de la mina o yacimiento.

Scioli consideraba a la explotación minera el motor de arranque de su "plan" económico. Este "plan" ha entrado en crisis. El oro y el cobre, junto a otras producciones mineras que el candidato consideró "estratégicas", están en los niveles más bajos de cotización en mucho tiempo y, frente a la descomposición económica, el empresariado levanta un pliego de reclamos que, desde la devaluación hacia abajo, es el mismo que se escuchó en las asambleas de la Mesa de Enlace en la reciente "jornada de movilización".

Por estas razones, la cumbre minera fue una reunión de crisis. "Es más de lo mismo, hay oídos sordos -planteó el vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan, una de las más poderosas-. ¿Qué vamos a explotar en la próxima década si hoy no estamos explorando ni descubriendo nada" (Diario de Cuyo, 18/7).

El menemismo intocado

Las mineras pagan hoy un 3% de regalías -sobre el valor de boca de pozo según el Código Minero o sobre el valor bruto obtenido por la comercialización de los minerales. Es lo único que pagan para quedarse con la renta de un recurso no renovable y altamente rentable pero, además, están eximidas del impuesto al cheque, del impuesto al combustible y tienen subsidiados el combustible y la energía, recursos que gastan en inmensas cantidades. Toda la maquinaria la traen desde el exterior sin pagar impuestos.

El Código Minero fue aprobado en 1991 bajo Menem a instancias del Banco Mundial, y la reforma constitucional en 1994 dispuso la entrega de las riquezas del subsuelo a cada provincia, por lo que los pulpos de la minería podían negociar con cada gobernador las reglas del saqueo. Los acuerdos con las mineras permiten a éstas la exportación del mineral en bruto, reservándose el procesamiento e industrialización.

Este régimen fue rabiosamente defendido por los gobiernos K y hoy por los tres jinetes del ajuste -que hacen silencio, además, sobre la depredación ambiental.

El PO en el Frente de Izquierda plantea:

• la defensa de los puestos y condiciones laborales de los trabajadores mineros -sobre los que se quiere descargar la crisis actual- unida a la lucha contra la depredación y el saqueo de los pulpos mineros de las riquezas nacionales;

• la nacionalización de los recursos naturales (mineros, petroleros) para su gestión sustentable, bajo control de los trabajadores y pobladores de las zonas mineras, junto con  la defensa de los acuíferos y la promoción de las energías alternativas.