Fue piloto de decenas de proyectos y programas compensatorios, abanderado de “700 escuelas”, del aumento de matrícula, fue citado como ejemplo innumerables veces. Un destino muy curioso, sin embargo, para un gobierno que asumió su mandato diciendo que su plan educativo consistía en aplicar la Ley Federal de Educación.

Tras siete años de gestión, los resultados están a la vista: la mitad de los alumnos tucumanos son bochados en las pruebas de calidad educativa.

A pesar de las medidas de promoción automática (aumento de mesas de examen, clases de apoyo, aumento del número de materias previas, aprietes directos de supervisoras para el pasado de curso), los índices de repitencia derrumbaron las mentiras del gobierno.

Es que Tucumán es una de las provincias que menos porcentaje del presupuesto general destina al presupuesto educativo. Una tajada sustancial de este presupuesto se destina a los subsidios a la educación privada. Tucumán está a la cabeza del NOA en cuanto a establecimientos privados y matrícula con un enorme 24%.

En materia educativa, se ha privilegiado mantener los negocios de la educación privada, incluso ampliarlos con neo-subsidios; desarrollar una política de municipalización creciente (a partir de que intendencias y comunas rurales se hacen cargo de muchas tareas de la gestión escolar), ajustar la educación pública amontonando alumnos y dar paso a una creciente flexibilización laboral de la docencia (que en programas especiales, nuevos espacios, etc. no cuenta con ningún derecho y reviste en la categoría de contratada).

Todos estos atropellos se asientan en una política de miseria salarial que el gobierno pretende prolongar en nombre de la crisis fiscal.

La situación se está tornando insoportable. Es hora que quebremos el bloqueo burocrático y que los reclamos orientados a enfrentar la miseria salarial y el derrumbe educativo salgan a la superficie.