La política del futuro gobierno de los Fernández para enfrentar la pobreza extrema que afecta, según datos oficiales, a más de 8 millones de personas -de las cuales 3,5 millones no llegan a cubrir las comidas básicas diarias- tendrá las mismas características que la aplicada por el macrismo a lo largo de los últimos cuatro años, aunque se la intente maquillar con fraseología demagógica y reuniones con figuras rutilantes.

 

El centro del “primer paso en el ataque al hambre” diseñado y reiterado cotidianamente por el futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, es la puesta en marcha de una “tarjeta alimentaria”, que será distribuida a las madres de niños menores de 6 años necesitadas de la ayuda que, estiman, son unas 1.600.000 en todo el país. Una cifra menor se distribuiría entre los “referentes” de los comedores populares que alimentan a miles de trabajadores y desocupados.

 

El resto del plan está en una relativa nebulosa. Arroyo aún no precisó como llegarán a comer los alimentos saludables que recomendará Narda Lepes los otros más de 6 millones que enfrentan dificultades para alimentarse, dentro de los cuales están los casi 2 millones de personas que, al igual que el 1,6 millón de niños alcanzados por el plan, ni siquiera cubren las comidas básicas diarias.

 

Arroyo, ex hombre de Sergio Massa y hoy integrante del bloque Red por Argentina, junto a Felipe Solá y Facundo Moyano, nada dijo respecto de que los niños de más de 6 años, si están escolarizados, pueden tener la contención eventual del comedor del colegio (que tienen partidas miserables y no cubren ni de lejos a la totalidad de los chicos) pero, aun así, en la escuela solo reciben solo una de las dos comidas centrales. No expresó nada respecto de la otra.

 

Tampoco precisó a cuánto ascendería el monto mensual de la tarjeta, que serviría exclusivamente para comprar alimentos y bebidas (no alcohólicas). Para cubrir el hueco, Clarín adelantó de fuentes supermercadistas que estuvieron reunidas con Arroyo que la misma podría alcanzar a unos $4.000 mensuales, es decir a unos $133 por día -un kilogramo de pan, o medio de un corte de carne económica.

 

Si este dato es cierto, el monto de la tarjeta multiplicado por las 1.600.000 madres que la recibirían (y dejando de lado el aporte a comedores) llegaría en el año a $76.800 millones, pero ello representa casi el doble de los $40.000 millones anunciados como fondos para el plan asistencial de conjunto.  Si se actualizara por inflación, como adelantó el futuro ministro, y de manera bimestral, como lo establece la Ley de Emergencia Alimentaria, el fondo podría superar los $50.000 millones, tomando la estimación inflacionaria del 40% anual para el 2020 realizada por Marco Lavagna, futuro titular del Indec. Es decir que, planteado para solventar toda la partida asistencial, el monto total asignado a “asistencia” no llegaría siquiera a cubrir el destinado a las tarjetas.

 

Si el valor de la tarjeta se actualizara trimestralmente por esa inflación estimada, el monto total de desembolso con ese destino alcanzaría, en el año, a algo más de $102.000 millones. Como Arroyo afirmó que para este plan no se crearía ningún nuevo impuesto, los capitalistas convocados junto a Tinelli y Lepes pueden estar tranquilos: ellos no son los que deberán aportar el dinero necesario. Siempre está a mano el dinero de los jubilados que administra el Anses.

 

Con los $133 por día –si se confirma esa cifra- Arroyo está planteando avanzar en el control de las compras de los 1.600.000 hogares de madres con hijos menores para que “realicen compras de alimentos saludables” para los chicos. Y se supone que también para los mayores.

 

Además del batallón de nutricionistas que deberían distribuirse por todo el país para el seguimiento de las compras y consumos del más de un millón y medio de hogares para, según Arroyo, “orientar y mejorar la calidad de lo que consumen los chicos”, resulta insostenible la pretensión de que se puedan comprar los alimentos necesarios -saludables o no- con apenas $133 por día.

 

Por su parte, “en medio de una importante caída de las ventas que este año rondará el 7% (aproximadamente $35.000 millones), las principales cadenas de supermercados están viendo con buenos ojos la implementación de la tarjeta de compra” (Clarín, 27/11). Los empresarios del rubro celebran que, con esta metodología de asistencia, en lugar de ser el Estado el que garantiza la entrega directa de los alimentos, el dinero pasará por sus cajas registradoras.

 

Ni Arroyo ni el presidente electo se pararon a explicar por qué centran sus planes para esta crisis en políticas asistenciales. Sucede que no hay previsión de recuperación económica a corto y mediano plazo, ni creación de trabajo genuino, ni reducción de la desocupación. Tampoco de reducir la pobreza incrementando los salarios, para que el mínimo cubra el costo de la canasta familiar.

 

La contracara del asistencialismo es el Pacto Social acordado con la burocracia y el conjunto de la burguesía para liquidar paritarias y conquistas históricas de los convenios. En oposición al planteo de Fernández, la calle será el camino para enfrentar los planes de hambre.