Ante la huelga del sector de trabajadores de salud que desde hace siete días bloquean las rutas y picadas de acceso a Vaca Muerta por una recomposición salarial, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, salió a realizar un ataque en regla, afirmando que “hay 40 equipos de torre paralizados”. Pero esos equipos estaban paralizados desde mucho antes que la huelga comenzara. Pretende culpar a las y los trabajadores de salud de sus propios fracasos.

En primer lugar, del Plan GasAr, que no despega y aun si despegara no habría gasoductos por donde sacar la producción de los yacimientos. Martínez es parte del Consejo Nacional del PJ, y por lo tanto de gran influencia en la bancada del Frente de Todos en la Legislatura. Sin embargo, el papel de esa bancada respecto a la huelga la coloca más del lado de la defensa de la institucionalidad del gobierno del MPN y de la defensa de Carlos Quintriqueo (secretario general de ATE Neuquén), que en un apoyo incondicional a la lucha de salud.

Mientras Martínez se preocupa en tapar sus responsabilidades, oculta que la dirección del sindicato petrolero, un campeón de las flexibilizaciones laborales, ha debido a su pesar convocar a un paro ante el estancamiento de la paritaria, que no cierra aún del 2020. La baja salarial y de dotaciones es una conquista que las petroleras no quieren ceder. Pero el secretario de Energía está preparando una ley “de inversiones petroleras”, para premiarlas con beneficios “tributarios, arancelarios y cambiarios”.

En síntesis: la crisis de Vaca Muerta no se inició con los piquetes hace una semana. Viene de arrastre, y es incluso anterior a la pandemia (que por cierto la agravó). Y Martínez y la política del Frente de Todos solo apunta a mayores beneficios a las petroleras, así como se oponen a la victoria de la huelga de salud porque rompería el pacto social de los salarios de miseria que el gobierno nacional y el provincial han acordado con las burocracias sindicales de todo pelaje.