Luego de la derrota electoral del gobierno han comenzado las maniobras de desgaste de unos contra otros. Como los electos el 28 de junio recién entrarán en funciones en el próximo período parlamentario, que comienza el 1º de marzo de 2010, las transas políticas apuntan a fijarle una ‘agenda’ al Congreso cuyo mandato ha vencido con anticipación. La Presidenta pretendió esquivar este condicionamiento, con muy poca fortuna, cuando intentó convocar a un ‘diálogo’ sobre una ley de ‘internas abiertas’ de partidos políticos, que rápidamente quedó desplazado del foco. La verdadera cuestión es que, el mes próximo, el gobierno necesitaría renovar “la delegación de facultades legislativas” (Clarín, 15/7), de la cual depende la vigencia de dos mil leyes dictadas bajo esa prerrogativa (ley 26.135/06). Entre las consecuencias de una caducidad de esa ‘delegación’ estaría el fin del derecho del Ejecutivo a fijar los derechos de exportación – que tanto interesan a los capitales sojeros y a los petroleros– y, en general, los precios de los servicios (más allá de las leyes de emergencia).

Es harto interesante el trascendido que da el diario, de que la oposición “accedería a dar otra prórroga” a esta ‘delegación legislativa’ – aunque solamente por seis meses. En septiembre deberá discutirse, además, el Presupuesto 2010, lo que pondrá en juego la vigencia de los ‘superpoderes’, los que dan al jefe de Gabinete el derecho a cambiar las asignaciones establecidas.

Acuerdo nacional, ni en formato menor

¿Se alumbraría, entonces, ‘un pequeño acuerdo nacional’ o el equivalente a un régimen semi-presidencial, en el cual el Ejecutivo se vería obligado a condicionar sus proyectos a una negociación con el Congreso?

Es cierto que el resultado electoral del 28 de junio pasado constituyó una derrota sin atenuantes del plebiscito mitigado (a la provincia de Buenos Aires) que planteó el kirchnerismo para asegurar la continuidad de su monopolio de la gobernabilidad. Esto significa que la camarilla gobernante pierde una parte de su poder a manos del Congreso. Sin embargo, el Ejecutivo retiene en sus manos facultades exorbitantes, como los decretos de necesidad y urgencia, o la facultad de negar la reglamentación a las leyes que le son adversas y la facultad de vetar las leyes que se hayan votado. Esto le alcanza para someter a sus adversarios a la extorsión de que cualquier obstáculo a su libertad de acción conduciría a la ingobernabilidad. La advertencia de ‘yo o el caos’, que han reiterado todos los gobiernos desde 1983 (y que ha concluido siempre con la victoria del ‘caos’), pasa a ser la regla de gobierno del kirchnerismo. Agustín Rossi, el vapuleado presidente del bloque de diputados del kirchnerismo, ya advirtió que si la oposición quería una baja de las retenciones a la exportación, debía venir con una propuesta de cómo reemplazar la pérdida de esos ingresos fiscales. ‘El que quiere celeste que le cueste’: los sojeros y sus representantes deberán decir con todas las letras a quiénes pretenden embromar para que se puedan reducir los impuestos a la exportación.

El gobierno pretende exhibir otros recursos políticos para lidiar con su condición de minoría. Por ejemplo, el director de la AFIP acaba de asegurarle a la UIA el pago de la deuda de unos dos mil millones de pesos en concepto de reintegros y subsidios, para ganarlos para la causa de formar un Consejo Económico y Social que le haría la competencia al Congreso virtual y a la oposición. Pero los industriales, banqueros y comerciantes condicionan su participación al tratamiento de asuntos inmediatos, como los aumentos de tarifas, una mayor devaluación de la moneda y, por sobre todo, la libertad para despedir y para reducir los salarios. La táctica de ‘puentear’ el ‘consenso parlamentario’ podría resultar más cara que la de aceptarlo. El Consejo podría convertirse en un hueso más duro de roer que el propio parlamento. Además, en el Consejo debería participar la Mesa de Enlace, con la cual los acuerdos podrían llegar a ser más difíciles que con la mismísima Carrió o el mismísimo Bergoglio. A la luz de esto, la tentativa de crear un ‘régimen de consensos’ acabaría en su contrario. La tendencia parlamentarista o semi-presidencialista que puso de manifiesto la votación del 28 de junio está contrarrestada por la tendencia hacia un presidencialismo fuerte, que toda la burguesía reclamó luego del levantamiento popular de diciembre de 2001. Hay una contradicción entre el reclamo de “reconstruir la política y el Estado”, por una parte, y el de querer convertir al Ejecutivo, en nombre del “consenso”, en un cero a la izquierda hasta diciembre de 2011.

Por todo esto, ha habido cierta liviandad por parte de algunos comentaristas que despacharon sin miramientos la propuesta oficial de establecer un régimen de internas abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos políticos. La intención de ganar tiempo, por parte del gobierno, es diáfana. Pero el planteo apunta a resucitar la vigencia de dos partidos, la UCR y el PJ, y a limitar las disputas políticas a la lucha por el control o liderazgo de estos partidos. Esto explica la rápida aceptación del ‘diálogo’ por parte de la dirección de la UCR. Es de esperar que los amigos de Carta Abierta hayan tomado nota de la proclividad de los K a revivir el pejotismo, cuando ellos están esperando una ‘transversalidad’ hacia la izquierda. Un retorno del bipartidismo forzaría al centroizquierda a discutir una alianza nacional con Binner, Luis Juez y otros incluso menos presentables – o sea a repetir, con modificaciones, la política que llevó al Frepaso a la Alianza de infausta memoria.

El muro de las ilusiones

Con todo, el núcleo duro de la crisis política es la bancarrota capitalista internacional que la condiciona. Varios analistas y observadores opinan, sin embargo, que es al revés: que la crisis política condiciona a la economía. Bastaría, dicen, un acuerdo o “consenso” en cuestiones básicas, para que Argentina se integre al sendero luminoso que marcan Brasil, China y la India. Para eso, insisten, ni siquiera sería imprescindible un convenio con el FMI: alcanzaría la obtención de un acuerdo de pago de la deuda con el Club de París y con los bonistas que quedaron afuera del acuerdo de 2003. Estos acuerdos, aseguran, permitirían recuperar el financiamiento internacional con el cual se haría frente a la recesión. Incluso van más lejos cuando vislumbran un nuevo ‘viento de cola’ para la economía de Argentina. Se trata, estrictamente, de un verso. La economía argentina enfrenta desequilibrios de fondo, como lo pone en evidencia la fuga de capitales. Existe una presión incontenible para liberar las tarifas de los servicios, reducir los impuestos a la exportación y poner fin a la reglamentación de precios. El Tesoro ya no tiene condiciones de financiar subsidios, ni Guillermo Moreno logra hacer valer su tablita. Se está desarrollando una violenta crisis en la Patagonia, como consecuencia del parate de la producción petrolera por parte de los pulpos, de los despidos y de la negativa a aumentar los salarios; esto último ocurre también en el caso de los metalúrgicos. Entre los reclamos fundamentales de los capitalistas se encuentra la prioridad de disciplinar los lugares de trabajo y de restablecer el régimen laboral de la convertibilidad. Ya que viene al caso, los que reivindican los resultados de China y compañía harían mejor en analizar sus desequilibrios descomunales, probablemente mayores y más explosivos que los de Argentina.

El topo está por sacar la cabeza

¿El electorado votó por el ‘consenso’, la parlamentarización y el compromiso? Una cosa son las tendencias que se manifiestan en el proceso político, que son el resultado de una multiplicad de factores, por sobre todo contradictorios. Otra cosa son las tendencias reales de las masas. El voto contra el gobierno (70%) abarcó a todas las clases sociales, pero no responde a la misma motivación. Lo que en la superficie aparece como la tendencia a un gobierno compartido o semi-presidencial, tiene que ver con el control del voto popular por los partidos capitalistas; es (y sólo por el momento) una tendencia de la clase dominante. Pero los problemas de las masas no van a ser resueltos por métodos capitalistas, o por parlamentarios, presidencialistas o ‘consensuados’. A medida que la realidad prosiga su trabajo, estas contradicciones quedarán más expuestas. El régimen político actual es incapaz de llevar sus tendencias internas (presidencialismo, parlamentarismo) hasta sus últimas consecuencias. Son fases de un proceso (ya largo) de descomposición.

En estas condiciones, los socialistas deben evitar la tendencia a las respuestas aisladas e improvisadas o impresionistas; es decir, evitar el empirismo. Deben proseguir la construcción revolucionaria en estrecha ligazón con la lucha de los trabajadores. Debemos colaborar con las masas al reconocimiento de las condiciones de lo que será una gigantesca lucha social y política.

Jorge Altamira