Con la cuarentena obligatoria decretada ante la pandemia del coronavirus, se pusieron en evidencia los déficits en materia de vivienda y urbanización que existen en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en los barrios populares.

La precariedad habitacional de grandes zonas de la Ciudad es el correlato de la expansión de negocio de la especulación inmobiliaria y el encarecimiento del suelo, que se traduce en aumentos insostenibles de alquileres e impuestos y que fueron desplazando a una parte importante de la población trabajadora a vivir fuera de la ciudad o en barrios que carecen de infraestructura para ofrecer condiciones dignas de habitabilidad. Es entonces el producto de la política del gobierno de Rodríguez Larreta, y sus pactos con el peronismo en la Legislatura.

El contexto actual se pone de manifiesto que esta política pone en riesgo la salud de los trabajadores porteños. El déficit de viviendas, de infraestructura esencial como redes cloacales y de agua potable, de planificación esencial como la recolección de basura, genera un cuadro sanitario deplorable. El hacinamiento, la falta de higiene y de recursos básicos colocan a barrios enteros en una situación de extrema vulnerabilidad ante la propagación del coronavirus.

Un relevamiento presentado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la banca del legislador del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, refleja de manera detallada esta realidad.

En la villa 15 Ciudad Oculta hay varias manzanas que carecen de red de agua, y los camiones cisterna no llegan todos los días. En la villa 20 de Lugano los vecinos denuncian un colapso del sistema cloacal, que desborda inundando las calles esparciendo un olor nauseabundo y produciendo la acumulación de agua contaminada en varios puntos del barrio. En la villa 21-24 se detectó que el agua corriente de algunas zonas linderas al Riachuelo está contaminada con bacterias provenientes de residuos cloacales.

Las obras ejecutadas en la villa 31 no solo no satisficieron las necesidades de vivienda de los vecinos sino que dejaron como una gran acumulación de escombros que en algunos puntos se convirtieron en basurales, un contexto propenso para la proliferación de mosquitos en medio de la epidemia del dengue.

En los barrios del Bajo Flores también hay redes cloacales averiadas y colapsadas que generan desbordes y acumulación de aguas contaminadas. Los vecinos de la intersección de Riestra y Camilo Torres denuncian que desde hace más de cuatro meses la esquina es un basural que se mezcla con aguas servidas, volviendo inhabitable la zona.

El panorama descrito por el relevamiento refleja condiciones habitacionales muy mal preparadas para evitar la propagación del virus. Para hacer frente a la pandemia es necesario un plan de emergencia que atienda esta situación crítica, junto a la ejecución obras de infraestructura urbana y un plan de viviendas.

Además, es en estos barrios donde la gran mayoría de los habitantes trabajan por cuenta propia en ferias o haciendo changas, o trabaja en negro, y la cuarentena obligatoria ha golpeado duramente en sus ingresos. Los $10.000 que el gobierno nacional pagará por familia por única vez en abril no alcanza siquiera a cubrir la canasta de indigencia.

Reclamamos un seguro mensual de $30.000, que se ejecute un plan de contingencia que contemple el abastecimiento diario de agua potable en los barrios, la recolección de residuos y limpieza de basurales y zonas críticas. Ello, se la mano de la puesta en marcha de las obras de infraestructura necesarias. Por último, planteamos la centralización del sistema de salud para garantizar la provisión de insumos necesarios en las salitas y Cesacs.