La lucha por el control de la policía es una de las cuestiones que atraviesan la crisis abierta entre el gobierno nacional y Scioli. Montada, como pretexto, en los recurrentes actos delictivos por parte de bandas comandadas por la Bonaerense, Cristina ha salido a fogonear las policías municipales bajo la jefatura de los intendentes.

No le faltan espadachines. Uno de los más destacados es el miembro “garantista” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni, quien defendió este punto de vista en un acto de homenaje a Miguel Bru en la facultad de periodismo de La Plata. Los intendentes -dijo- “deben tener el mismo poder sobre la policía que un gobernador”, porque “el inconveniente grave que tiene la provincia es que tiene sesenta mil efectivos y eso es muy dificilmente controlable”. Al mismo tiempo, el diario Varela al día destacó que los “intendentes presionan a Scioli por recortes de poder a la policía”. Según el mismo diario, coinciden en ese planteo el sabatellismo, a través de Marcelo Sain (ex secretario de Planificación del ministerio de Seguridad de la provincia), y los intendentes pesados del Gran Buenos Aires.

Si así sucediera, los jefes policiales serían nombrados por los intendentes y recibirían sus órdenes. El sciolismo se opone, por el poder de fuego que esto supone a favor de los intendentes en la puja entre el gobierno nacional y el provincial. A su turno Otacehé, el intendente de Merlo (conocido por la represión a las luchas estudiantiles y obreras, así como por la persecución a sus opositores), realizó un acto en su municipio, acompañado por otros intendentes, para reclamar la reforma de la constitución provincial con el objeto de que los municipios obtengan más autonomía y, en consecuencia, recursos para afrontar “todos los problemas”. Estamos asistiendo a una puja de orden financiero en medio de una crisis fiscal mayúscula, que es causa y consecuencia de una crisis política de proporciones en la provincia de Buenos Aires. En esa crisis, el gobierno nacional está actuando a través de una parte importante de los intendentes, los que a su vez promueven la reelección de Cristina.

Como en la Metropolitana de Macri con la banda del ‘Fino’ Palacios, el personal de las nuevas policías municipales será conchabado entre policías bonaerenses desplazados y no desplazados que cambian de camiseta, pero que constituyen el núcleo del problema de la inseguridad.

El “progresismo sabatellista” muestra a cada paso su hilacha reaccionaria. Del voto a la ley antiterrorista ha pasado a apoyar a los zares del conurbano y su proyecto de policías municipales que dotará a las patotas de los municipios de herramientas para combatir la lucha de los trabajadores y a la vanguardia obrera creciente. Ya hay secciones enteras de la Bonaerense que actúan de este modo, como hemos visto reiteradamente en Merlo o en San Miguel.

La solución a la inseguridad no pasa por la municipalización de este brazo protector del delito, sino por el desmantelamiento de todo el aparato represivo, amparado por las mafias del PJ -las que justamente tienen su base en los municipios.