La jueza Wilma López desdobló la causa por el asesinato de Mariano. En una de ellas se investiga específicamente la responsabilidad de la policía en el crimen. La Federal liberó la zona para que fuera posible el ataque de la patota y ocultó pruebas que la incriminan, tanto a ella y como a la burocracia. La investigación acumula hasta el momento cuatro cuerpos y cada dato es demoledor.

Según la jueza, la policía liberó la zona (“inacción”) y “facilitaron los medios para alcanzar la impunidad sobre el hecho cometido”. La policía omitió informar al juez de turno (¡un muerto y tres heridos de gravedad!) y no resguardó el lugar del hecho y los elementos de prueba que allí se encontraban.

Los peritos establecieron que la Federal entregó a la Justicia versiones adulteradas de sus grabaciones. En un video, habían sido eliminados los registros entre las 13:33 y las 13:39 del 20 de octubre, es decir: el momento en que la patota efectuaba los disparos. En otra grabación de comunicaciones entre Enlaces Troncalizados, Comando Radioeléctrico, Sección Análisis y Central Operativa de Videos, el registro fue cortado y editado entre las 12:20 y las 15:09 -segmento en el que fueron borrados 29 minutos. En la grabación de las modulaciones policiales había sido eliminado el tramo entre las 14 y las 15 horas -el momento del repliegue de la patota. En varios pasajes surge que policías y matones mantuvieron comunicaciones. Por otra parte, sindicalistas, gerentes y policías se mantenían comunicados por una red de aparatos Nextel a nombre de la Ugofe.

Las oficinas de la Superintendencia policial debieron ser allanadas por la Justicia para dar con las grabaciones completas. Las revelaciones sobre la actuación de la Federal recién comienzan.

La investigación tira por el aire la teoría policial de que sus efectivos se vieron “desbordados”. En la causa consta que el operativo contaba con la presencia de tres móviles con dos uniformados cada uno, seis efectivos de civil de la División Roca, siete efectivos más uniformados como grupo de combate, cuatro policías de civil de la División San Martín y Belgrano, el Cuerpo de Infantería completo, nueve efectivos de Avellaneda (dos de “inteligencia”), etc. La Federal fue cómplice de la patota.

Aníbal Fernández, en ese momento todavía responsable político directo de la Federal, calificó de “intachable” la actuación policial. Apoyó la coartada de que la inacción se habría debido a la aplicación de la doctrina de “no reprimir la protesta social”, acorde con la versión del “enfrentamiento” que el gobierno esparció durante varios días después del crimen de Mariano, la cual se derrumbó por completo. Encubrió la manipulación de las grabaciones. Desde el gobierno nadie lo desautorizó y todavía reviste con el cargo de jefe de ministros. La señora Nilda Garré, asesorada por los Verbitsky, no abrió la boca sobre el tema ni una sola vez.

Las revelaciones de la investigación, el incumplimiento de los compromisos del Ministerio de Trabajo con los tercerizados, el pacto con los Pedraza-Maturano en la gestión del ferrocarril y la permanencia de sus personeros en el gabinete nacional refutan la supuesta “voluntad” del gobierno nacional de “ir hasta las últimas consecuencias” con el esclarecimiento. Por el contrario, lo que se desprende de todo esto es la voluntad del gobierno de encubrir el crimen y preservar su alianza con la burocracia sindical.