07/10/1993 | 403

¿Las urnas indultan?

El descubrimiento de la sustracción del libro de registros de una sentencia de la Corte Suprema desfavorable al Banco Central ha desatado una crisis de fondo, que se ha visto agravada luego de las elecciones. La maniobra fue inducida por el propio presidente del tribunal, instigado por el Poder Ejecutivo.


El fallo “desaparecido” establecía los honorarios, unos 150.000 dólares, del abogado de un banco liquidado por el BCRA. Según “La Nación” (30/9), “un ministro del tribunal con vinculaciones con el Poder Ejecutivo habría recibido una llamada del Ministerio de Economía. Alguien habría pensado en hacer circular nuevamente el citado expediente entre los ministros, como si nunca hubiese sido sentenciado para dictar una resolución más favorable al BCRA”. El fallo original fue sustraído del libro de registro de sentencias. Los números faltantes del foliado de dicho libro fueron atribuidos por un funcionario de la Corte a “una falla en la máquina foliadora” (Página 12, 30/9).


Frente al deschave de sus “gestiones” ante la Corte, Cavallo perdió los estribos. No dudó en justificar el robo de la sentencia con el argumento de que obligaría al BCRA a pagar 2.000 millones de dólares. Cavallo calificó, incluso, como “delincuentes y corruptos” a los denunciantes… pero no pudo decir una palabra acerca del verdadero “fondo de la cuestión”: la sustracción del fallo de la Corte.


No serían 2.000 millones sino apenas 150.000 los que estarían en juego en la sentencia (Página 12, 2/9). Cavallo encubre que el verdadero curro, que sí esquilmó los bolsillos populares, fue la liquidación de los 600 bancos y financieras por quiebras fraudulentas armadas por los banqueros,… lo que costó nada menos que 50.000 millones de dólares, pagados religiosamente con impuestazos e inflación.


 


Encubrimiento e impunidad


El escándalo de los jueces ladrones de sentencias y de los ministros instigadores planteaba, objetivamente, la caída de Cavallo y hasta el juicio político a Menem. Por eso, todos los sectores de la burguesía —sin distinción— reclamaron “un gesto de patriotismo” a los jueces implicados: sus renuncias. El “patriotismo” circunscribe las responsabilidades al ámbito de la justicia y salvaría, por lo tanto, al ejecutivo. La renuncia de los jueces debería evitar un juicio político a los jueces, y la posibilidad de que salten las responsabilidades de Cavallo, de todo el gabinete (Maiorano, la Side, etc) y del “jefe” de todos ellos, Menem. Alternativamente, se planteó una “intervención del Poder Ejecutivo avalada por el Congreso” (Página 12, 5/10).


La burguesía rechazó los ataques de Cavallo contra los “corruptos” Belluscio y Petracchi, que habían denunciado la sustracción. En un editorial del sábado previo a las elecciones, “La Nación”  le exigió a Cavallo que se calle la boca: “Es indispensable que los hombres que tienen altas responsabilidades de conducción en la esfera gubernamental —incluido el ministro de Economía— se llamen a silencio”. El propio mediterráneo sintió esta exigencia en carne propia cuando percibió la “sorpresa” (Clarín, 6/10) con que lo recibieron los trescientos banqueros y capitanes de la industria convocados por el ministro para que lo apoyaran en su enfrentamiento con Belluscio y Petracchi. Más rotunda fue la “respuesta de los mercados”: la Bolsa cayó más del 1% al día siguiente de que Cavallo fuera a la TV a denunciar violentamente a Petracchi y a Belluscio.


En esta etapa de la crisis, “después de un agitadísimo día en la Corte y en la Casa de Gobierno, se decidió que, entre los jueces del Tribunal, la sangre no llegara al río” (Clarín, 6/10). En consecuencia, en un imprevisto plenario, la Corte Suprema resolvió por unanimidad mantener el fallo contrario al BCRA y, por sobre todo, acordar que “la sentencia que se denunció robada, nunca se sustrajo ni se ocultó; todo se debió a una confusión involuntaria” (ídem). Aquí no hubo delito ni, tampoco, injerencia del Poder Ejecutivo en la Justicia … todo fue un “mal entendido”. ‘


Esta “solución”, sin embargo, está muy lejos de cerrar la crisis. Es apenas un remiendo. El Poder Judicial es la garantía última del cumplimiento de los contratos y del resguardo de los capitales y patrimonios. La completa podredumbre que ha saltado a la luz en los últimos días inhabilita a la Corte a cumplir con su cometido.


La crisis política desatada por las denuncias en la Corte se vincula al plebiscito reeleccionista que Menem anunció la misma noche de las elecciones, dado el rol que se le asigna a la Corte en el control de los actos de una Asamblea Constituyente. El menemismo, que con el resultado electoral creía tener “piedra libre” para imponer la reelección, se ve ahora obligado a llegar a un acuerdo con el radicalismo para recomponer la Corte Suprema. Pero un acuerdo sobre la Corte sólo puede “madurar” si, paralelamente, radicales y menemistas alcanzan un acuerdo general sobre las características de la reforma constitucional. Así, cuando los menemistas pensaban “apretar” al radicalismo con los resultados electorales, serán los “ganadores” quienes deban otorgar concesiones a los “derrotados”: los diarios ya mencionan la elección de un tercer senador por provincia, la creación del cargo de “ministro-coordinador” y, lógicamente, el “consenso” para la designación de los nuevos jueces de la Corte. El menemismo, que con la reforma aspiraba a reforzar las características “unipersonales” (bonapartistas) del régimen político, deberá conformarse, aún antes de la reforma constitucional —e incluso, como condición para esa reforma— a marchar a una suerte de gobierno de “unidad nacional”.


La otra cuestión que plantea la crisis es la situación de Cavallo, quien después de su derrota en las elecciones cordobesas, pretendió recuperarse políticamente imponiendo una reestructuración de la Corte bajo su batuta. Pero Cavallo fue nuevamente derrotado y “el ministro —dice “La Nación” (7/10) — está en peligro como nunca antes lo estuvo”: ¿su propia caída? Las razones económicas para este derrumbe no faltan cuando la crisis fiscal vuelve a dispararse y hasta hombres tan encumbrados del “establishment” como Alsogaray y Juan Alemann comienzan a criticar abiertamente la “convertibilidad”.


Luego de la victoria electoral, la crisis política sigue su marcha.

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