En el marco de la difusión de las políticas gubernamentales del combate del coronavirus el gobierno promovió reuniones con curas del Grupo en la Opción por los Pobres, que actúan en villas y con autoridades del clero, en la Quinta de Olivos. Las reuniones se realizaron el 25 y el 27 de marzo en Olivos.

“El Gobierno quiso interiorizarse de la situación en nuestros barrios -contó el padre Pepe di Paola de la congregación de los curas de la opción por los pobres, que fue parte de la comitiva del día miércole-… De la reunión, y del rezo final, participaron también Máximo Kirchner, Andrés Larroque y Gustavo Béliz. Junto con Di Paola fueron a la reunión en Olivos monseñor Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires; los sacerdotes Charly Olivero y Lorenzo de Vedia, de Barracas; Juan Isasmendi, del Bajo Flores; Nicolás Angelotti, de Matanza, y Eduardo Drabble, de San Martín” detalla Infobae.

Todos los integrantes de dicha reunión, tanto curas como funcionarios gubernamentales, cobran salarios pagos por el Estado de entre 60 mil y hasta más de 200 mil pesos mensuales y lo que caracteriza a este sector es que son el grupo más cercano a Jorge Bergoglio, entre ellos particularmente Gustavo Carrara, excura del Bajo Flores y designado obispo auxiliar por Francisco hace un par de años.

Otra característica del grupo que visitó a Alberto Fernández es la de ser la fuerza de choque contra las mujeres en su lucha por el aborto legal. De este selecto grupo salieron los oradores que el Vaticano envió al Congreso a hablar en nombre de dicha institución. Gustavo Carrara y Pepe Di Paola, quienes junto al resto tanto en sus intervenciones orales como en la carta firmada por ellos, trataron a la marea verde de “genocidas” y compararon al movimiento con los narcos que anidan en barriadas populares.

Dos días después con los mismos acompañantes políticos, sumando la presencia del exembajador en el vaticano y actual diputado Eduardo Valdés, concurrieron a la Quinta de Olivos P. Daniel Echeverría (Religioso misionero de los Sagrados Corazones, La Matanza), P. Paco Olveira (Merlo-Moreno), Diácono Ricardo Carrizo (Quilmes), Alberto Fernández, P. Eduardo de la Serna (Quilmes), P. Ignacio Blanco (Quilmes).

Este grupo de sacerdotes, minoritarios y que ocupan un lugar secundario en la estructura de poder de la iglesia argentina, se inscribió en la defensa del aborto legal. Los integrantes de ambos grupos aparecen desde sus espacios virtuales como desde su actuación cotidiana como militantes activos de los espacios kirchneristas. Luego de su reiterado posicionamiento público en favor del aborto legal, el cura Paco Oliveira fue trasladado de Dock Sud donde fue cura durante años a la diócesis de Merlo-Moreno en forma de castigo por parte de la Conferencia Episcopal bergoglista y, por supuesto, aceptó el castigo sin levantar la voz y sin que sus compañeros de militancia y de grupo lo hicieran.

Las iniciativas fueron coronadas por dos videos, uno que salió con la presencia de los curas, los dirigentes camporistas y el Presidente, culminando con un rezo conjunto final y otro en donde el presidente Alberto Fernández agradece especialmente a curas de todo el país por la tarea asistencial, luego de la reunión del viernes 27.

El segundo grupo está integrado también por el cura De La Serna uno de los agitadores de las posiciones gubernamentales al momento del asesinato de Mariano Ferreyra y parte del corifeo que, para evitar señalar las responsabilidades políticas y materiales del asesinato, culpó a sus compañeros de militancia abonando la idea de que si uno lucha por una causa justa y es asesinado la responsabilidad sería de la víctima por meterse allí donde no debía.

Ambos grupos forman parte del operativo político que promovió la unificación del PJ con la bendición del Vaticano, que ungió a Alberto Fernández como presidente. Otro tema que une a los dos grupos integrantes de la congregación de la opción por los pobres es el más rotundo silencio y la más infame complicidad con la pederastía al interior de la iglesia.

Los videos y el mensaje presidencial no pasan de un operativo político armado durante la propia campaña electoral y que frente a la crisis del coronavirus cobra cada vez más relieve. La Iglesia Católica recibe millones de presupuesto del Estado. De estos millones apenas una porción menor va a parar a la gente en concepto de asistencia social, una asistencia que el Estado no debiera tercerizar en estas instituciones. El Episcopado Argentino (algo que no ocurre en la mayoría de los países de América Latina) ni siquiera paga los ingresos mensuales de sus autoridades, curas de zonas desfavorables y de seminaristas.

El Presidente felicita y les da el monopolio de la palabra sobre las barriadas populares a un grupo político y religioso que cobra importantes ingresos mensuales y recibe millones del presupuesto del Estado. ¿Cuál es el heroísmo y la proeza en este caso? Mientras que miles de militantes de diferentes espacios de todo el país se organizan, ayudan, corren riesgos, son perseguidos por las fuerzas policiales, por los transas y por las autoridades, el Presidente coloca a un grupo privilegiado y poderoso como salvadores de la asistencia a la población.

La reunión es una operación política para lavar la cara de curas y de una institución arrasada por la pedofilia, la pederastía, la complicidad misma del papado de Francisco y de los episcopados y de realzar su imagen y su perfil político para competir con el ascenso evangélico.

Que la cúpula de la Iglesia haya resuelto jugar en el campo del PJ y el impulso del gobierno a una ley de aborto, que dé respuesta a la ola verde, no modifica este alineamiento, es un hecho. Sin embargo la pretensión de aprobar una ley de aborto que no avanzará sin la resistencia de la Iglesia, como ya se puede ver, y reforzar en su presencia en la salud, educación y la justicia a la Iglesia Católica, tendrá por resultado un retroceso en el terreno práctico y en el acceso a derechos elementales, que no podemos dejar pasar.

Este operativo político de halagos montado en torno a la asistencia de las barriadas populares, que son regularmente asistidas por sus propias organizaciones y no por la curia, busca abrir este camino de reparación por el daño que se le hará a la estrategia vaticana de oposición al aborto legal.

El gobierno, en su postración ante el clero, niega reclamar a la cúpula clerical, presente en la reunión, que ponga a disposición de la atención de la pandemia a todo el sistema de salud privado que dirige dicha institución y las enormes propiedades que detenta la iglesia muchas veces por donaciones del propio Estado.

No son “curitas villeros”. Son miembros de una institución rica y poderosa privatizadora de la asistencia en salud, privilegiada por exenciones impositivas de todo tipo y por subsidios millonarios y regimentadora de la vida social de los más pobres.

Abajo el operativo de lavada de cara a la curia. Separación de la Iglesia del Estado.