“Las bandas de Patti ya están creadas”, se decía en nuestra última edición de Prensa Obrera. Apenas 48 horas después, el duhaldista Arslanián confirmaba nuestra denuncia.

Gracias a la Ley de Seguridad privada (12.997) aprobada por el PJ y la Alianza en la Legislatura bonaerense, el ministro de Duhalde le ha dado carta blanca a los ejércitos privados que, con 45.000 custodios, son la fuerza armada más importante de la Provincia de Buenos Aires.

La ‘seguridad privada’ no sólo podrá reprimir dentro de los límites de las propiedades de los patrones. Portarán armas en todos los casos y “ahora podrán salir del country que custodian y recorrer por fuera todo el perímetro, o cruzar a la vereda de enfrente de una empresa y ver desde allí si está todo tranquilo” (Clarín, 29/7). No intervenir como fuerza parapolicial “será considerado una infracción muy grave, que les podrá costar hasta una inhabilitación de 20 años”.

Estos ejércitos “trabajarán bajo la dependencia operacional de la comisaría de la zona”, para potenciar “la capacidad actual de los agentes privados de seguridad” (ídem).

Mientras, las bandas privadas —también ellas un negocio— exigen a cambio una tajada del presupuesto provincial. “Si el Estado nos quiere pagar para que trabajemos en la seguridad pública, bienvenido sea”, dijo el presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigaciones. También reclaman la libertad de reprimir sin atenerse a ninguna responsabilidad o control, ya que “no están dispuestas (las empresas) a ponerse bajo el mando de la policía” (ídem).

Hay que desmantelar el aparato represivo. Hay que luchar por un Estado de los trabajadores.