“Legislan” el desmantelamiento de la Universidad pública
Seguir
El Poder Ejecutivo está a punto de enviar al Congreso un proyecto de “Ley de Enseñanza Superior” que establece que la Universidad no podrá otorgar títulos habilitantes, lo cual convierte al diploma en inservible. Con esto Menem intenta no ya los cupos y exámenes de ingreso, sino también los de egreso, que serán controlados por el Poder Ejecutivo. Se trata de otro intento de promover la deserción universitaria.
El engendro legal menemista liquida la autonomía universitaria, pues reserva al gobierno el derecho de aprobar los estatutos de las Universidades y porque condiciona el funcionamiento de éstas a una denominada “Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria”, que dependerá del Ministerio de Educación (este “control externo” es una exigencia “académica” del… Fondo Monetario Internacional). Se liquida la libertad de cátedra al establecer que “no se utilice para atentar contra los principios consagrados en la Constitución o para comprometer la seriedad de la docencia e investigación (sic)”.
La mentada ley obliga a establecer un “poder ejecutivo unipersonal” en la figura del rector, para posibilitar el gobierno por decreto en las Universidades. El órgano universitario queda circunscripto al Consejo de los rectores. No es todo: ia elección directa de los rectores tiene lugar mediante el voto calificado “ponderado” que establece la supremacía del voto de los profesores.
Privatización
Con este proyecto y su complementario “nuevo régimen económico financiero de las universidades”, el menemismo pretende liquidar de un plumazo la gratuidad de la enseñanza. Los subsidios a la educación privada y confesional quedan garantizados por la ley, que faculta al Poder Ejecutivo a establecerlos discrecionalmente. De conjunto, el presupuesto público cambia de carácter: sus fondos se dirigirán privilegiadamente a las facultades que se “asocien” a grandes empresas y fundaciones, que utilizarán así gratuitamente los recursos materiales y humanos de la Universidad estatal. A través de esta asociación se determinarán de hecho los planes de estudio, la subsistencia o no de carreras, áreas de investigación y cursos de posgrado.
El “padrinazgo” de los Citibank, Techirrt, Macri o Bunge y Born será sinónimo de supervivencia. El nuevo “régimen económico” destruye todo régimen económico propio de la Universidad pública.
Pacto
Todo este “paquete” legal viene siendo negociado desde hace mucho tiempo por el Ministerio de Educación y el actual Consejo de Rectores, dominado por ia Unión Cívica Radical. Los acuerdos fueron acelerados gracias al “pacto Menem-Alfonsín” y la “onda dialoguista entre el Gobierno y la oposición que permitieron (en diciembre último) delinear un documento de seis puntos titulado Acuerdo sobre Legislación Universitaria” (Página 12,3/12/93)
Pero los “pactistas” deben derrotar aún la tendencia a la rebelión popular. Está planteado entonces derrotar la política de barbarie educativa del menemismo y sus cómplices.