24/06/2020

Legislatura salteña: centro de detención clandestino

Censuraron al diputado del Partido Obrero cuando denunciaba casos de tortura en la Legislatura Provincial.

Claudio Del Plá, diputado provincial del Partido Obrero en Salta

En el marco de la sesión de la Cámara de Diputados de Salta, de este martes 23 de junio, impidieron al diputado del Partido Obrero, Claudio Del Plá, completar el informe de la Comisión de Derechos Humanos de un hecho escandaloso sobre gravísimos atropellos a los derechos humanos por parte de la policía.


En manifestaciones, retomó para repudiar que se lo censuró cuando denunciaba casos de torturas, ¿qué es más grave? ¿un policía que tortura o un diputado que le tapa la boca a otro diputado que denuncia la tortura? Habría que ver y poner en la balanza.


Leyó un breve fragmento de la denuncia presentada en el juzgado por el abogado de los siete remiseros presos que protestan en defensa de sus puestos de trabajo:


“La policía detuvo a siete de los manifestantes quienes fueron gravemente golpeados, (como consta en el control de legalidad del expediente que se ofrece como prueba), una vez detenidos fueron trasladados al interior de la legislatura provincial usándola como centro de detención clandestino, en donde los mismos fueron golpeados y insultados por la policía, surge de la declaración de los imputados en el legajo que se ofrece como prueba que el Sr. Carabajal perdió el conocimiento producto de la salvaje golpiza sufrida, y que el Sr. Vega era golpeado por tres policías mientras los demás detenidos le rogaban que no lo golpearan más, asi mismo el Sr. López Fernando Daniel le rogaba a la policía que lo tratara con más cuidado porque se encontraba rehabilitándose de una operación en las vértebras identificadas C6, C7 a lo que la Policía siguió maltratándolos”.


(…)


“Asimismo es de público conocimiento que un miembro de la Policía de Salta, amenazó a una persona que se encontraba grabando diciéndole textualmente ‘TE VOY A ARRANCAR LA CABEZA’ dicha conducta encuadra perfectamente con el delito de amenaza contemplado en nuestro C.P. y que dicho personal policial es custodio personal del Sr. Vice Gobernador de la provincia de Salta ya que el mismo lo reconoció en innumerables reportajes, por lo que pido se cite a dar declaración testimonial al Sr. Vice Gobernador de la provincia de Salta a los fines de que identifique a su custodio”.


Estos son tramos de la denuncia presentada por el abogado defensor de los siete remiseros que siguen presos, aunque seis de ellos están con prisión domiciliaria. Se les adjudican causas como “coacción agravada” en los términos del artículo 149 inciso b del Código Procesal Penal de la Nación Argentina ­­­–con una condena de 5 a 10 años de prisión.



Del Plá denunció que es un antecedente extremadamente grave la represión policial adentro del recinto de la Legislatura provincial y el hecho de amenazas que, están publicadas en las redes sociales, del custodio del vicegobernador; pero, aún más grave, es la criminalización de la protesta social. Además, reflexionó que, si cada medida de fuerza de los trabajadores va a ser encuadrada en el delito de coacción y no del ejercicio legítimo del derecho a peticionar y manifestarse en una época de quiebras, de crisis social fenomenal donde los conflictos se van a multiplicar, “estamos dando vía libre a ponerle mordaza al derecho de los trabajadores a manifestarse, y es un hecho absolutamente grave que esta legislatura debería repudiar y no censurar cuando se denuncia”.


Por último, planteó que, en la próxima sesión, se lean de principio a final cada uno de los testimonios de Rosario de la Frontera, y los dictámenes de minoría y de mayoría de la comisión ya que la cámara votó ­­­–ante las numerosas denuncias contra la policía­­­– que se constituya la Comisión de Derechos Humanos en Rosario de la Frontera.


Existe un operativo de represión sistemática por parte de la policía, que solo puede entenderse por el amparo e impunidad garantizada por el poder político. Desde el Partido Obrero, vamos a amparar a las víctimas y a contribuir a desarmar un entramado político policial que atenta contra la seguridad de los ciudadanos y castigar a los responsables políticos e individuales de estos hechos.




 

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