La Cámara de Diputados comenzará a debatir este martes una reforma de la Ley de Alquileres, en pos de implementar cambios en el sistema de actualización de contratos entre locadores y locatarios, que tendrían como presunto objetivo promover la oferta de inmuebles en alquiler ante la disparada de sus precios. En medio de una profunda crisis política, los bloques del Frente de Todos y Juntos por el Cambio consensuaron un esquema de tratamiento para allanar el camino a una legislación que satisfaga los reclamos del capital inmobiliario.

Habiendo fracasado la ley anterior, ya que ni impidió el encarecimiento acelerado de los contratos ni el derrumbe de la oferta, el interés de las inmobiliarias es modificar el artículo que estipula la duración de tres años para los contratos y el que indexa el ajuste anual por inflación e índice de variación salarial. Lejos de resolver la crisis, y mientras se agrava el déficit habitacional, los partidos patronales ceden al interés del capital inmobiliario por incrementar su renta en medio de una parálisis del mercado de inmuebles. Nada de lo propuesto resolverá la situación de los inquilinos, afectados a su vez por la pulverización de los salarios.

Desde la sanción de la norma en 2020 los alquileres aumentaron entre 157% y 184% en el Gran Buenos Aires y 135% en la Ciudad de Buenos Aires, frente a una inflación acumulada del 103% en el mismo período. Mientras tanto, al analizar la evolución de la oferta de alquileres se ve que en febrero se redujo en un 15% la cantidad de viviendas en alquiler comparado con dos años atrás, y un 25% en relación a 2019, según Zonaprop (Infobae, 5/4)

Mientras Juntos por el Cambio propone liberalizar el mercado de alquileres, reducir impuestos a las propiedades y mayor celeridad en los juicios por desalojo, el Frente de Todos propone mantener la fórmula de indexación que favoreció la especulación a costa de los inquilinos. Ambos bloques acordaron que el debate se lleve adelante solo en la comisión de Legislación General, como pidió Juntos por el Cambio, con la intención de bloquear la posibilidad de que se incluya la creación de un impuesto a la vivienda ociosa como paliativo al retiro de propiedades del mercado de alquileres.

Los trabajadores que viven en la Ciudad de Buenos Aires destinan en promedio $50.000 para pagar un alquiler, sin incluir expensas ni servicios, mientras el resto del sueldo debe afrontar una inflación interanual de 52,3%. Con un salario mínimo por debajo de la línea de indigencia y la pérdida del poder adquisitivo día a día producto de la crisis económica y el acuerdo con el FMI (que exige inflación, devaluación y topes paritarios), la nueva Ley de Alquileres conformará un conjunto de prebendas al capital que nada aportará a la crisis de vivienda que viven miles y miles de trabajadores.

Hay que luchar por el derecho a la vivienda y por una salida a la crisis habitacional. Los contratos de locación deben adecuarse a los ingresos familiares, y un salario mínimo debe estar por encima de la canasta familiar. Debe desgravarse de todo impuesto a la vivienda única y los alquileres, y gravar la especulación inmobiliaria y la vivienda ociosa de forma progresiva y permanente. Es una lucha contra el pacto ajustador del gobierno con el FMI, que va a acentuar el ajuste en materia de obra pública y vivienda. Que la crisis habitacional la paguen los capitalistas inmobiliarios.