Tras los anuncios de Mauricio Macri sobre vivienda, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados votó un dictamen favorable a la Ley de Alquileres, con los votos del oficialismo y el acompañamiento con disidencias del peronismo (FpV, Argentina Federal y Felipe Solá). La normativa cuenta con media sanción del Senado desde noviembre de 2016, donde deberá ser votada nuevamente en caso de que se la apruebe en Diputados –ya que el dictamen de la comisión introdujo modificaciones al proyecto original.

La reforma establece la ampliación de los contratos de alquiler de dos a tres años, un criterio unificado para la actualización del monto (cada seis meses, en base a una combinación del índice de inflación y del Coeficiente de Variación Salarial), que el dueño del inmueble se haga cargo de las comisiones de las inmobiliarias y expensas extraordinarias, y que el inquilino pueda rescindir el contrato con 60 días de anticipación sin multa y otras garantías válidas además de los títulos de propiedad –certificados de ingreso, recibos de sueldo, garantías de fianza o aval bancario.

Las organizaciones de inquilinos habían denunciado durante estos dos años el cajoneo oficialista del proyecto. Si el gobierno ha decidido reactivarlo, es para salir al cruce de la enorme crisis de vivienda y el creciente peso de los alquileres, mientras los salarios se deprecian minuto a minuto por una inflación que completaría el 2018 en un 50%.

En la Ciudad de Buenos Aires, los alquileres están en un máximo histórico, llegando al 50% de un salario promedio –el cual, según datos oficiales, se ubica en 23 mil pesos. La reciente devaluación dio un golpe brutal a la ya lejana posibilidad de un trabajador de entrar al dolarizado mercado inmobiliario –dependiendo del barrio, se necesitarían entre 180 y 250 de esos sueldos, enteros, para comprar un dos ambientes de 40 m2*-, lo que acicatea la demanda de alquileres y por tanto su precio. A su turno los gobiernos y órganos legislativos, al autorizar sistemáticas ventas de tierras públicas para megaproyectos inmobiliarios especulativos, aportan también al encarecimiento de los inmuebles y de la renta.

En estas condiciones, la iniciativa supone paliativos menores ante una crisis garrafal. El gobierno, a su turno, introdujo mayores limitaciones al proyecto original, pasando de una actualización anual a una semestral.

Ante todo, debe señalarse que la normativa legal por sí misma no quebrará el poder de coacción de las inmobiliarias sobre los dueños, en muchos casos trabajadores (imponiéndoles sus condiciones o negándose a gestionar las propiedades), y de inmobiliarias y dueños sobre sobre los inquilinos, ya sea de manera directa (violando la ley) o indirecta (cargando los mayores costos de comisiones y expensas sobre el alquiler). La actualización del monto dentro del período de contrato se encuentra desde hace largo prohibida por ley, sin que ello haya evitado que esta sea la regla prácticamente total. En la Ciudad de Buenos Aires existen disposiciones similares a la ley nacional en danza, que no se cumplen. Referentes de inquilinos de Rosario denuncian que “en casi el 92% de los contratos existen abusos y violaciones. Eso está taxativamente demostrado en encuestas de toda la provincia de Santa Fe y en otras provincias es más grave” (Parlamentario, 16/10)

La catástrofe de la vivienda requiere de una solución a la medida de su gravedad, y bajo una orientación opuesta a la del gobierno. Planteamos la reapertura de las paritarias, para recuperar el poder adquisitivo perdido hasta un salario mínimo igual a la canasta familiar y su solidez ante la inflación futura; y un plan de construcción de viviendas financiado por gravámenes al gran capital y bajo control de una banca única en manos de los trabajadores, que establezca tierras protegidas para la construcción de vivienda social y créditos para acceder a la vivienda propia, con cuotas inferiores al 20% del salario.

*Tomando los valores de departamentos recogidos por el Informe del Mercado Inmobiliario e Índice del Salario Real del mes de octubre de la Fundación UADE.