El MPN logró la aprobación de la llamada “ley de emergencia sanitaria” por el plazo de 180 días. La misma, constituye un operativo de endeudamiento que implicará ajuste y mayor reforzamiento del aparato represivo del estado. 

En sus artículos, la ley votada establece un cumulo de generalidades, restructuraciones y superpoderes al ejecutivo provincial que lo habilitan a cambiar el destino de partidas presupuestarias. No se hace mención concreta sobre cantidad de insumos para hospitales, mayor presupuesto para personal sanitario ni mucho menos la unificación y centralización del sistema de salud público y privado. Por el contrario, es muy claro cuando sí permite la detención sin orden judicial y establece la presencia policial con poderes reforzados en lugares de trabajo. 

Sobre las razones del endeudamiento, el gobierno lo justificó con el argumento de que eran recursos necesarios para fortalecer el sistema sanitario. Es que la ministra de salud presentó un informe donde señala que se necesita una inversión de $5.400 millones. Sin embargo, el Estado neuquino tenía y tiene otras alternativas al endeudamiento, pero estas suponen otra orientación social de los recursos. Una de ellas, es que en el presupuesto provincial ya contempla una suma de 1.200 millones para casos de contingencia. Otra, y muy importante, es que el gobierno podría interrumpir el pago de intereses y comisiones de deuda por la suma de 7.000 millones.

Es claro, entonces, que si el gobierno tenía recursos o alternativas para enfrentar los costos de una urgente inversión en salud, el objetivo del endeudamiento era otro: blindarse financieramente ante el panorama de caída de la recaudación fiscal a consecuencia de la baja de las regalías e impuestos provinciales. Como se podrá apreciar, el MPN utiliza la pandemia para proceder a un endeudamiento que tendrá como contrapartida un ajuste. Esto es clave, porque el costo para pagar el endeudamiento saldrá del salario de los estatales y docentes neuquinos, la magra ayuda social y el ISSN. 

En un contexto internacional donde el sistema de créditos tiene tendencias de tasas de interés a 0% o tasas negativas, la provincia pagará intereses en dólares que serán muy onerosas. En el último bono en dólares por 250 millones que emitió la provincia, y que estamos pagando, la tasa en dólares fue del 8,6 %. En ese momento con Vaca Muerta a full y una tasa de referencia internacional del 2,5 %. Ahora, con riesgo país por las nubes y caída de regalías, las tasas serán superusurarias.

Billetera mata grieta

Durante toda la semana e incluso en horas previas a la sesión, el Frente de Todos señaló que no votaría el endeudamiento porque consistía en un cheque en blanco a Gutiérrez. Nada de esto ocurrió, y el bloque del Frente de Todos voto en forma unánime el endeudamiento. La clave para esto fue el arreglo con las intendencias. Ciudades como Cutral-Có y Centenario, dirigidas por el Frente de Todos, hicieron valer la presión por fondos municipales para aceptar el endeudamiento que en principio era de 100 millones y paso a 140 millones. Las partidas para los municipios también podrían haber salido del presupuesto provincial o de un impuesto especial a la renta petrolera o las grandes fortunas. 

Nuestro programa

El Frente de Izquierda, con nuestras compañeras Patricia Jure y el compañero Andrés Blanco, fue el único bloque que rechazó la iniciativa y defendió un verdadero plan de emergencia sanitaria y social. Allí luchamos por:

Centralización de todo el sistema de salud, incluyendo toda la salud privada, desde los grandes laboratorios a las clínicas y hospitales privados, bajo gestión pública y control de trabajadores/as y especialistas.

 Creación de una partida presupuestaria de emergencia que incluya la triplicación del presupuesto para salud y los insumos necesarios en todas las áreas debidamente fundamentadas.

Incorporación de todo el personal sanitario necesario con plenas garantías laborales y salariales. Se incluyó a las y los trabajadores de la Clínica Cutral Co y a las y los despedidos tercerizados del Hospital Plottier como medidas elementales en cualquier emergencia sanitaria. Prohibición de despidos y suspensiones, licencias con goce de haberes en los casos de actividades no esenciales, cuidado de familiar o grupo de riesgo.

Seguro al parado de $30.000 todos los meses para todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción que no tuvieran licencias pagas. Provisión masiva de los test de detección temprana, para evitar la propagación del COVID-19.

Distribución gratuita de kits de higiene entre la población y reforzamiento de asistencia a los comedores populares y escolares, mediante un sistema de viandas.

Garantía salarial para todos/as las/os docentes que han perdido cargos o no pueden acceder a nuevos, por la suspensión de las asambleas presenciales y listados de escuelas cabeceras. Continuidad de las licencias docentes con prórrogas automáticas mientras dure la emergencia, con goce de haberes, obra social y cómputo del tiempo trabajado a los efectos de garantizar todos los derechos laborales y previsionales.

El Frente de Izquierda defiende un programa para enfrentar las consecuencias sociales de la pandemia y proteger al sistema sanitario y la salud de la población.