Hace diez años, la connivencia de Grosso con la “patria contratista” que recoge la basura terminó con la quiebra de la Ciudad y una crisis política mayúscula. Hoy, esta asociación ilícita vuelve a salir a la superficie: los “progresistas porteños”, secundados por los herederos de Grosso (PJ), acaban de sancionar una ley dirigida al salvataje de las empresas colectoras de residuos.

 

La crisis de la basura

Los políticos patronales atribuyen la crisis de la basura a la “irrupción de los cartoneros”, para disimular una bancarrota de alcances más amplios. El volumen de residuos cayó como consecuencia de la recesión; a su vez, el sistema de disposición final (entierro) de la basura del área metropolitana se dislocó. Los municipios – entre ellos la Capital – se declararon en “default” con el Ceamse, el ente estatal que se encarga de la disposición final de la basura. Como consecuencia, se agravó el desvío de residuos y la proliferación de basurales clandestinos, que alimentan la “caja” de los punteros de las comunas. Existe una lucha sorda por el botín de la basura, que retrata a qué punto ha llegado la desintegración del régimen político y social. Finalmente, están los entre 30.000 y 40.000 cartoneros que ingresan diariamente a la Capital. Aunque el mercado generado por el “circuito informal” de la basura representa un negocio de entre 100 y 150 millones de pesos anuales, “cada reciclador obtiene 150 pesos mensuales”. Sobre la tarea del cartonero, se ha montado un circuito de explotación usufructuado por las mafias “acopiadoras”, transportistas y, finalmente, la “respetable” industria papelera, que obtiene insumos baratos.

Este circuito de expoliación es “regulado” por la represión: Lidia Quinteros, delegada cartonera, relató en un reportaje radial que en Retiro y microcentro “no te dejan entrar. Ahí trabaja gente con camiones, ya no nos dejan entrar a las carretas. Hay arreglo con la policía, que te corre si te ve cirujeando”.

 

Salvar de la crisis… a Roggio y Macri

En marzo, el Gobierno de la Ciudad debía haber vuelto a licitar la recolección de residuos pero las concesiones fueron extendidas por un año en nombre de la “emergencia económica”. Las empresas exigen una concesión más larga y la modificación en el sistema de cobro: hasta ahora, cobraban por tonelada; en adelante, cobrarán por área limpia. Es decir que el ingreso de los concesionarios se independiza del volumen de basura. De este modo, y mientras prorrogaba la concesión vigente en condiciones leoninas, Ibarra preparó una nueva licitación dirigida a “proteger” de la crisis social… a los Macri y Roggio, que prepara el “clima” para posibles aumentos del canon.

La ley que acaba de sancionar la Legislatura recoge estas aspiraciones de los contratistas cuando “faculta al Ejecutivo a revisar las condiciones de los contratos de concesión”, para “dejar sin efecto la modalidad de pago vigente” y “establecer sistemas alternativos más racionales” (art. 1º), tal como lo exigen los pulpos.

 

Regimentar a los cartoneros

La concesión a la patria contratista fue contrabandeada con la mentira de que la ley “jerarquiza a los cartoneros”.

En lo que va del 2002, el Gobierno de la Ciudad intentó proscribirlos por todos los medios, como las persecuciones a los compañeros del “tren blanco” y las razzias permanentes de la policía y de la Secretaría de Medio Ambiente. La organización de los cartoneros, por un lado, y el apoyo de un conjunto de Asambleas Populares, por el otro, hicieron fracasar estos planes.

Pero el gobierno sigue en la brecha, ahora bajo el camino más pérfido de la regimentación. La ley de “emergencia en higiene urbana” crea un “registro único de recuperadores de materias reciclables” cuyo propósito es “establecer áreas de trabajo para adjudicarlas a un número determinado e individualizado de recuperadores”. Es decir que se pretende restringir a los cartoneros, tanto en su número absoluto como en su libertad de desplazamientos dentro de la Ciudad. Pero además crea otro registro, el de “pequeñas y medianas empresas y de Galpones destinados a la compra y depósito del material recuperado”, es decir que se “legaliza” la expoliación de galponeros y acopiadores contra el cartonero. La ley no libera al cartonero de la opresión económica y moral de los acopiadores y el Estado policial: apenas la “institucionaliza”, sin otorgarle a cambio la menor protección.

Por eso, los núcleos de cartoneros independientes que se organizan junto a las Asambleas la han rechazado. En la perspectiva de unir a los cartoneros al conjunto del movimiento piquetero y asambleario, el Partido Obrero plantea:

• Libertad para los cartoneros: basta de persecución policial y estatal. Ninguna regimentación. Derecho a actuar en todas las zonas de la ciudad. Cárcel a los mafiosos y acopiadores capitalistas.

• Asistencia estatal al cartonero, sin condicionamientos: vacunas, asistencia sanitaria, provisión de ropas, implementos de trabajo a cargo del Estado.

• Anulación de los contratos extorsivos con la patria contratista. Por un ente único de recolección y disposición de residuos bajo gestión obrera, integrando a los actuales cartoneros en todas las etapas de la actividad con derechos laborales plenos. Terminando con el parasitismo de los contratistas y las mafias acopiadoras, puede establecerse un ingreso mínimo garantizado para el reciclador que continúe actuando en forma independiente, equivalente al salario de convenio del recolector de residuos.