27/12/2000 | 693

Ley de juego

La Legislatura porteña acaba de sancionar la Ley de Juegos, que habilita la apertura de casinos, tragamonedas y diferentes formas de apuestas, incluyendo las concesiones de «bingos» que funcionan actualmente en la Ciudad. En la que fue denominada como su «primera ley de trascendencia», el ‘progresismo’ frepasista ha creado las condiciones jurídicas para que se desarrolle en la Ciudad un negocio vinculado al turismo y hotelería de cinco estrellas y que es sinónimo mundial de crimen organizado y lavado de dinero. La ley de casinos también tuvo como impulsores al clerical Béliz y todo su bloque. Con ello han demostrado que cuando la prostitución o el juego son colocados bajo una organización capitalista, toda la moralina cristiana se viene abajo.


Una de las justificaciones esgrimidas por los defensores de la ley es el «destino social» de los fondos del juego, hacia las áreas de promoción social y vivienda. No se dice, en cambio, que en el nuevo presupuesto de la Ciudad los ingresos previstos para esa «promoción social» sufrieron una fuerte reducción de 28 millones de pesos (más del 20% del total), en previsión, precisamente, de los futuros «ingresos por el juego». La ley integra, por ello, la tendencia general a la privatización de la asistencia social.


«Reglamentación» o incentivo?


Se ha presentado a la ley como «reglamentadora» *y hasta restrictiva* de las actividades del juego. Pero lo que caracteriza a la ley no es «normar lo que existe», sino habilitar expresamente el desarrollo de un negocio nuevo: el de los casinos y tragamonedas. Los abanderados de la ley resaltaron, también, su carácter «estatista», ya que no admite (art. 4º) «la privatización o concesión en ninguna forma, salvo en lo referido a las tareas de distribución y expendio». Pero cualquiera puede darse cuenta que la concesión privada de un casino no consiste en otra cosa que en la «distribución y expendio» de fichas para jugar. La ley, por lo tanto, convalida las tendencias en curso del gran capital financiero, lanzado a la instalación de complejos hoteleros y turísticos que exigen, a su vez, el desarrollo en paralelo de los paquetes de «esparcimiento», es decir, salas de juego, tours de pornografía y prostitución. Un reciente informe de la consultora Arthur Andersen destaca el «gran futuro» de «las inversiones hoteleras de la mano de la privatización del juego» (Ambito Financiero, 14/12). Vendidas las famosas «joyas de la abuela», el consultor destaca «al juego como uno de los segmentos más rentables en los programas de privatización de la Argentina» (ídem), y lo ejemplifica luego en el progresivo proceso de privatización *vía concesiones- de las diferentes loterías provinciales. El propio Machinea sugirió al gobierno «la idea de privatizar la Lotería Nacional» (2/11). La ley habilita a los casinos y crea el marco jurídico para la entrega del negocio del juego a los especuladores financieros e inmobiliarios.


Los casinos y la autonomía de la Ciudad


La votación de la ley en particular dividió al bloque de la Alianza, ya que la UCR y los socialistas del Frepaso proponían que la ley prohibiera la apertura de casinos, salas de bingo y tragamonedas. Aunque no se ahorraron ataques sobre «la lacra social que implica el juego», ninguno de ellos reclamó la clausura del «casino flotante», habilitado por Menem hace un año atrás, en el puerto porteño. El operador de este casino, el grupo Cirsa, es investigado en España por lavado de dinero y cuestionado en la Argentina por evasión impositiva» (Crónica, 22/10). Aunque De la Rúa e Ibarra «condenaron al casino como símbolo de la timba menemista, hoy De la Rúa es presidente y no ha anulado la concesión, mientras que Ibarra es jefe de Gobierno y acaba de firmar un convenio para que la Ciudad reciba parte de los beneficios del casino» (La Nación, 23/11). La ley de juego que se acaba de aprobar es un «traje a medida» de este convenio, que convierte a los ‘campeones de la transparencia’ en socios de la ‘timba menemista’. Por eso, el debate sobre los casinos entre radicales y socialistas, por un lado, y frepasistas y cavallo-belicistas, por el otro, expresa una lucha por el botín del juego entre el Tesoro nacional y el de la Ciudad. Si la ley no habilitaba a los casinos *como querían los radicales y socialistas porteños y también los dirigentes nacionales del Frepaso* Ibarra debía renunciar, no sólo a crear nuevos casinos, sino también a recaudar sobre el «casino flotante», ya que no podría reivindicar derechos recaudatorios, sobre una actividad prohibida.


Con la ley aprobada, el Gobierno de la Ciudad puede fundar nuevos casinos y loterías o, alternativamente, reclamar a la Lotería nacional por una mayor tajada de las actuales apuestas. Cuando Ibarra declara que «no piensa abrir casinos» (Clarín, 16/12), lo que está diciendo es que, al menos por ahora, se servirá de la ley para sostener su convenio con el «casino flotante».


Esta disputa revela hasta qué grado de mezquindad y reacción política puede llegar la cuestión de la autonomía porteña en manos de los partidos del gran capital: no se reivindica la soberanía popular para levantar las aspiraciones sociales contra el régimen social imperante en el país, sino el derecho del Estado porteño a acaparar las rentas de un negocio que reposa sobre la desesperación popular y la miseria general.


Como destacó Altamira en el debate que se desarrolló en la Legislatura, «que los partidos que defienden este régimen pretendan encontrar una salida a través del juego, tal como en definitiva lo haría un individuo desesperado, refleja su bancarrota más completa y su ausencia de salidas».

 

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