Políticas

25/11/2016

Ley de tarjetas: acuerdo de la CAME y los bancos

Contra consumidores y comerciantes


Desde hacía meses la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) llevaba adelante una fuerte campaña en las puertas del Congreso, para obtener la sanción definitiva de un proyecto de modificación de la ley de tarjetas que bajaba las tasas que los comerciantes le pagan a las tarjetas (bancos) por cada operación. El proyecto aprobado por unanimidad en el Senado planteaba bajar las tasas del 3% al 1,5% para tarjetas de crédito y llevar a cero las tasas de tarjetas de débito.


El oficialismo hizo mil maniobras para evitar el debate del tema, hasta que en medio de la sesión del 16 de noviembre convocó a un plenario de comisiones para el día siguiente para discutir un proyecto propio que acababa de presentar y que nadie conocía.


Llegamos al plenario con apenas una lectura rápida del proyecto y nos enteramos que ya había sido modificado el texto entre el oficialismo y la CAME, cosa que desconocían incluso algunos diputados del PRO. Toda esta manipulación la denuncié en la sesión del 23 de noviembre cuando se discutió finalmente un dictamen con el nuevo texto propuesto por el PRO, y defendimos un dictamen propio de rechazo, en defensa de los consumidores, contra la usura financiera. (los términos del dictamen están en el artículo “Los consumidores siempre pierden”). 


Todas las maniobras oficialistas apuntaban a voltear la ley, incluso no querían que se dictamine sobre su propio proyecto, en acuerdo con el lobby bancario. No sólo hubo lobby sino aprietes. Gobierno y bancos amenazaron a la CAME con quitarle un fondo que reciben a partir de un aporte que hace cada miembro de las empresas afiliadas a esta confederación. Se estima el monto en unos 60 millones mensuales.


La CAME cedió ante los aprietes y aceptó un proyecto más ruinoso que el del Senado, que lleva las tasas del 3% al 2% para crédito y al 1% para débito. Con esto la confederación entregó a sus afiliados, particularmente a los pequeños comercios que seguirán pagando altas tasas. Más allá de esto, la CAME ha seguido su línea de atacar al consumidor-trabajador en alianza con el gran capital (promueve desgravaciones de contribuciones patronales al sistema previsional, etc.).


Además, esas tasas son una especie de impuesto que cobran los bancos, ya que son un porcentaje de la transacción de compra siendo el costo para la tarjeta siempre el mismo, ya se trate de la compra de una heladera o de un par de medias, y en el caso del uso de tarjeta de débito el costo bancario es cero.


El proyecto ataca a los consumidores porque les permite a los comerciantes incorporar las tasas de intercambio al precio de contado (art 37). Por otro lado mantienen en pie todo el sistema de usura en las tasas de interés por financiamiento con pago del mínimo.


Por otra parte, tanto la CAME como la Cámara Argentina de Comercio, alentaron que la ley se apruebe antes de fin de año y la reivindican como parte de sus posibilidades para bajar costos y sostuvieron también “que el efecto de esta ley podría potenciarse “con otras cuestiones que ayuden a bajar costos, como que se apruebe la ley de ART” (Clarín, 22/11).


La ley se aprobó con el voto del oficialismo, el bloque justicialista y el massismo. El FPV, que había firmado en disidencia el dictamen del PRO, terminó votando un solo artículo en nombre de su compromiso con la CAME, luego de que desistió de una moción que hizo para que el proyecto volviera a comisión.


El trayecto que siguió este tema en Diputados dejó muy en evidencia como, a excepción del bloque del Frente de Izquierda que integramos los diputados del Partido Obrero, todos los bloques actúan por mandato de las cámaras empresarias y los bancos.