De manera escandalosa, la “Justicia” acaba de rechazar un amparo colectivo para frenar la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Se trataba de una medida cautelar que impedía al Poder Ejecutivo tocar los fondos para financiar la llamada “Reparación histórica” a los jubilados. En 24 horas se supo que el gobierno ya analiza seis operaciones de venta de acciones de la Anses en empresas de primer línea – Banco Macro, Molinos Río de la Plata, Siderar (es decir Techint), Consultatio, Telecom y quizás Irsa.

 

La recompra de las acciones fue tema en el mini Davos. “Tres de las compañías de aquellos seis grupos se acercaron “de manera directa al propio Presidente durante el Foro de Inversión y Negocios que el gobierno organizó la semana pasada en el CCK” y obtuvieron su recompensa (Ámbito, 23/9).

 

De este modo el gobierno se apresta a saldar una de las cuentas pendientes de la agenda del capital financiero. Un reconocido inversor planteó en su momento que “si Argentina quiere tener status de país emergente (..) es necesario que el 20 % de las acciones del índice MERVAL en manos del gobierno pasen a inversores privados” (El Cronista, 31/5).

 

Una crisis en ciernes

 

La orden de largada del remate de las acciones del FGS de la ANSES revela, por otro lado, las urgencias financieras del gobierno frente a la anunciada y fallida “lluvia de inversiones”. Pero la urgencia del gobierno requiere saldar una crisis no resuelta: ¿Cómo vender las acciones en poder del Anses, siendo que las empresas pretenden tener exclusividad en su recompra?

 

Una línea del gobierno plantea vender las acciones individualmente o por paquete de manera abierta y al mejor postor, pretextando que, de este modo, se garantiza el mejor precio para la ANSES. Otra alternativa sería entregar las acciones a un banco a determinado valor y que luego éste se ocupe de su colocación. Este es el punto de la crisis. “Cualquiera de estos mecanismos tendría el riesgo, para los accionistas principales de las compañías, de no poder recomprar y recibir un socio no querido (aún menos que el Estado en tiempos K)” (Ámbito, 23/9).

 

La disputa en torno a quién se queda con las acciones puede ser feroz. Entraña nada menos que el equilibrio entre empresas de la burguesía nativa y los fondos y empresas extranjeros interesados en adquirir estos activos.

 

Confiscación: antes y ahora

 

“Jubilados, ustedes son socios de Clarín y del Banco Macro”. La vieja humorada de CFK se convirtió en una burla. Las jubilaciones que se cobraron bajo su mandato no estaban financiadas por los dividendos de las acciones que hoy el gobierno pone en venta, ni por los intereses que rendían los títulos de la deuda pública, que iban camino al Tesoro. El FGS de la ANSES fue (y sigue siendo) una caja financiera del capital, ajena por completo a la mejora de las jubilaciones.

 

La liquidación de las acciones en poder del FGS es solo un capítulo de la escalada que conduce a la destrucción de las jubilaciones, en lo que este gobierno sigue al Banco Mundial. Este propugna una jubilación básica con el “objetivo limitado de reducir la pobreza en la vejez”. En el horizonte está el aumento de la edad jubilatoria y la jubilación asistencial para la mayoría. Los que aspiren a un ingreso mayor deberán pagar aportes adicionales a un sistema de ahorro y capitalización. Un anticipo de esta medicina está en las indemnizaciones que se le están ofreciendo a los jubilados en nombre de la “reparación histórica”, con descuentos del 50 al 70 % respecto de lo que deberían percibir.

 

Exijamos el pago de las sentencias y el retroactivo a la totalidad de los jubilados, sin quita ni cuotas, a cargo del Tesoro. Que los fondos sean invertidos en función de asegurar el pago del 82 % móvil y un mínimo igual al costo de la canasta familiar, en base a un plan genuino de industrialización y obras públicas debatido por un congreso de trabajadores. Que la ANSES sea manejada por representantes de trabajadores y jubilados.