El cambio de gobierno no ha cambiado nada. De la Rúa, como antes Menem, desconoce las escandalosas irregularidades del juicio que condenó a quienes asaltaron el cuartel de La Tablada, en enero de 1989, así como el secuestro de que fue objeto en territorio extranjero Gorriarán Merlo. Esta conducta esconde la intención de cont inuar escamotenado la investigación de los numerosos crímenes perpetrados por la represión militar, en la que participaron “por izquierda” numerosos carapintadas. La Alianza y el PJ hacen oídos sordos al reclamo de la OEA para que se habilite un nuevo juicio, lo que automáticamente pondría en libertad a los detenidos. La posición de la OEA no incluye a Gorriarán Merlo ni a Ana María Sívori – lo cual legaliza el derecho de los Estados al secuestro internacional.

Para seguir dándole largas al asunto, el gobierno ha convenido con una delegación de la OEA una modificación de la ley de defensa de la democracia, lo que habilitaría una apelación al juicio efectuado en una única instancia. Es decir que los compañeros presos deberían abandonar la huelga de hambre, que va supera un mes, en función de una nueva promesa, es decir de otra dilación más.

Más allá del desacuerdo político con el asalto al cuartel, hay que comprender que lo que está en juego aquí es el esfuerzo del Estado por preservar un aparato de represión que opera incluso en la clandestinidad. Si existiera alguna duda acerca de esto, véase lo ocurrido con la expulsión del general Balza del Círculo Militar, cuestionado por una autocrítica sin contenido a la represión de la dictadura militar. No solamente se impone la necesidad de que se libere a todos los presos sino que es fundamental que se investigue y enjuicie la criminal represión ejecutada en ocasión de aquel asalto.