19/06/2017

«Libertad religiosa»: un proyecto que profundiza el oscurantismo

Beneficios económicos e impunidad para pastores de diversos cultos, además de la Iglesia católica.


Bajo la fachada de promover una ley de “libertad religiosa”, el gobierno de Mauricio Macri envió al Congreso un proyecto de ley oscurantista y que refuerza el carácter confesional del Estado. El proyecto ingresado al parlamento amplía las prerrogativas que posee la Iglesia católica a otras religiones y establece la posibilidad de ´objeción de conciencia´, uno de los principales argumentos esgrimidos por los opositores a la aplicación de la ley de aborto no punible en el ámbito de los hospitales públicos, además de brindar beneficios impositivos y garantizar la impunidad jurídica para los diversos cultos, al otorgar el carácter de “inembargable” a sus bienes. Se trata de una avanzada oficialista que profundiza los pactos del kirchnerismo con el Vaticano y atenta contra los derechos democráticos y laicos, a la vez que profundiza la impugnación de la separación entre la Iglesia católica y los diversos cultos y el Estado.


 


Mientras la Corte Suprema tiene el poder de decisión sobre la demanda iniciada para acabar con la educación confesional en las escuelas públicas de Salta –que se realiza a través de la materia “religión”–, el Estado intenta generalizar los beneficios que posee la Iglesia a los demás cultos y sectas. De ese modo, la religión obtendría un carácter aún más oficial del que ya posee. Se debe hacer notar que la procuraduría salteña plantea el argumento de la “discriminación” a las religiones no católicas para proceder al pedido de la derogación de la materia confesional en las escuelas, cuando en realidad es necesario promover una educación laica, científica y que promueva el pensamiento crítico –tal es el planteo presentado por el Partido Obrero salteño ante la Corte mediante su acción como ‘amicus curiae’.


 


Mientras los diputados oficialistas y opositores se aumentan las dietas parlamentarias al mismo tiempo que se revela que más de seis millones de argentinos padecen hambre y que la mitad de la población trabajadora no supera los ocho mil pesos de salario, el Estado argentino pagó en 2016 134 millones de pesos a la Iglesia católica para sostener los sueldos de los obispos.


 


Como denunciara la Prensa Obrera cuando el proyecto gubernamental fue dado a conocer, la norma exime a los ministros de culto “de la obligación de declarar sobre hechos que le hayan sido revelados en el ejercicio de su ministerio”, abandonando un criterio de responsabilidad elemental de quienes detentan un puesto de autoridad y poder ante la ley.


 


La ley garantiza la “objeción de conciencia” a los fieles, esgrimida generalmente para bloquear el acceso al aborto no punible en los hospitales públicos. La impostura “pro vida” del proyecto de ley se demuestra en el hecho de que la “objeción de conciencia” también podrá ser invocada por los pacientes que no quieran recibir transfusiones de sangre. El Estado debe respetar la libertad religiosa en el ámbito privado y no vehiculizar la imposición de creencias privadas en un ámbito público como es la salud.


 


La norma exime a los ministros de culto “de la obligación de declarar sobre hechos que le hayan sido revelados en el ejercicio de su ministerio”, abandonando un criterio de responsabilidad elemental de quienes detentan un puesto de autoridad y poder ante la ley. Por caso, el código de ética de los psicólogos establece que se debe levantar el secreto profesional siempre que haya riesgos para el paciente o para terceros.


 


A partir de la inscripción en un Registro de Cultos, las instituciones religiosas no católicas podrán recibir “beneficios impositivos” y sus templos serán inembargables, lo que constituye un blindaje patrimonial ante eventuales demandas civiles. Hasta ahora, regía solamente para la Iglesia Católica, agobiada por las denuncias de abuso y pedofilia.


 


Con esta ley se les reconocerá a los cultos el derecho a tener instituciones educativas, hospitales, cementerios y medios de comunicación propios, al mismo tiempo que continuará sosteniendo económicamente los sueldos de los jerarcas de la Iglesia y los subsidios a los colegios confesionales.


 


En su apartado más rancio, el proyecto establece un reforzamiento represivo del Código Penal al crear la figura de “delitos contra la libertad religiosa y de conciencia”. De aplicarse, podrían ser encarceladas las mujeres que con su movilización y su lucha garantizan el derecho a los abortos no punibles en los hospitales; las docentes que denuncia la injerencia de las ONG confesionales en los colegios que imparten educación sexual, las centenares de miles de mujeres que repudian a la Iglesia Católica en la marcha anual del Encuentro Nacional de la Mujer. Las movilizaciones que denuncian a los curas abusadores podrían ser ser consideradas “actos de intimidación” y penalizadas.


 


Es necesario levantar más que nunca la bandera de la separación de la Iglesia del Estado.


 

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