Políticas

31/10/1995|471

Liquidan el PAMI

Durante las últimas  dos semanas, se produjeron una serie de movilizaciones de centros de jubilados del conurbano sobre la sede central del PAMI, para que no se suspendan las prestaciones médicas y sociales, y para que lleguen a tiempo las remesas para pagarlas. Es que a partir de la promulgación del decreto 292, la obra social de los jubilados entró en la cuenta regresiva. El decreto 292 establece que los jubilados podrán optar por otras obras sociales ‘libremente’ las que estarán obligadas a brindarles un Programa Médico Obligatorio (básico) por una cápita que transitoriamente se establece en 12 a 36 pesos según la edad de los afiliados. El objeto de la disposición es lograr que una cantidad de jubilados emigren a otras obras sindicales, manteniendo un PAMI “residual” de afiliados con haberes mínimos, que serán atendidos en los actuales hospitales públicos. Para incentivar esta transferencia, se rebajará sustancialmente la calidad actual de la cobertura de PAMI. De aquí los permanentes ceses de pago del Instituto a los prestadores, que suspenden transitoriamente los servicios (geriátricos, odontología, sepelios, etc.), creando situaciones de zozobra en los afiliados y la población. La Coordinadora de Jubilados consigna que el Instituto adeudaba, en setiembre, las prestaciones médicas vencidas en mayo y el 50% de las de abril en provincias del interior, además de incumplimientos en prestaciones farmacéuticas, geriátricas y psiquiátricas (boletín 19 Sept.).


Vaciamiento


El artículo 35 de la Ley de Presupuesto le cargó al Instituto el pago de una serie de subsidios sociales y lo colocó bajo el control del Ministerio de Economía. Esto, más la rebaja de los aportes patronales y la caída de la recaudación de aportes de activos y pasivos, produjo un endeudamiento de 750 millones bajo la actual intervención de Maldonado. El ombudsman de Buenos Aires denunció que las retenciones del Ministerio de Economía han incidido en el presupuesto del ente entre un 20.3%  y un 24.3%, entre enero y mayo del 95; casi 200 millones de pesos. Hubo que recurrir al crédito mediante préstamos del Banco Nación, el ANSSal y el ANSes, por 240 millones (a intereses entre 12 y 19.5 anual). A esto hay que sumar la corrupción y la rapiña de las administraciones gubernamentales, que consideran al PAMI una ‘caja negra’ de sus aparatos políticos. Y los contratos turbios con los prestadores, con sus respectivos ‘retornos’. La  administración Alderete dejó un déficit de 350 millones, y la de Abad de 420.


Corrupción


Justamente, fue Abad quien realizó gravísimas revelaciones en un informe ‘reservado’ que dejó trascender al diario ‘La Nación’ (3/9). Allí se dice que las administraciones de sus antecesores (Nazur, Matilde Menéndez y Alderete) privilegiaron “beneficios sectoriales encareciendo insumos  y procesos que el sector no puede financiar sin soportar disminuciones de calidad o cantidad en las prestaciones”. Que los contratos  con los prestadores  fueron “negociados con procedimientos de escasa transparencia”. Que los medicamentos tienen “sostenido incremento del gasto sin análisis de sus causas” y “ausencia de mecanismos de control”. Consigna también que “las clínicas y sanatorios contratados (brindan) menor asistencia de la que requieren los ancianos para compensar así   los ingresos fijos dados por la capitación (ingreso mensual por cantidad de afiliados)”. Y agrega que los fondos remitidos a las 33 delegaciones regionales del PAMI “no siempre (se) aplicaban al pago de la finalidad solicitada”, ni había ningún control sobre los mismos.


Tamaño saqueo de la obra social y del dinero de los jubilados y trabajadores, plantea la apertura de las cuentas y los libros del PAMI a una investigación independiente por parte de los damnificados, así como la revisión de los contratos y la expulsión de la intervención del gobierno de la obra social, y su dirección por jubilados y trabajadores.


Plan nacional de lucha


Para los trabajadores del PAMI está planteada la resistencia a los despidos directos y encubiertos. Se ha puesto en marcha un plan de retiros ‘voluntarios’ y hay despidos selectivos. UPCN actúa como un agente directo de la política menemista; ATE no ha abierto la boca y la UTI, un sector filo-bordonista propio del PAMI, que firma comunicados conjuntos con la Coordinadora de Jubilados, ha suspendido las movilizaciones que congregaron  a principios de año a varios miles de empleados. Está claro que el vaciamiento y achicamiento del PAMI apunta a su integración en la desregulación general de las obras sociales, acordada entre la CGT y el gobierno. Por eso la burocracia no ha denunciado este gravísimo ataque a la salud de los pasivos.


El acto convocado en Congreso el miércoles 25, por la Coordinadora de jubilados, contra el decreto 292, el 492 (que disuelve los institutos de obra social de administración mixta —obrero-patronal-estatal) y en defensa del PAMI, contó con una adhesión del CTA, pero no con su movilización. Se necesita una lucha nacional de jubilados y trabajadores por la derogación de los decretos, contra los despidos y el vaciamiento del Instituto, y por la apertura de los libros de la obra social, que marche hacia la ocupación de todas las sedes del Instituto. Las centrales de trabajadores (CGT, CTA, MTA) deben encarar esta iniciativa.