Si algo ilustra el hecho de que la juventud es una de las principales víctimas de la precarización laboral es el régimen de superexplotación al que la someten las empresas de reparto, que operan a través de apps como Rappi, Glovo o Pedidos Ya, violentando absolutamente todas las normas laborales que existen en nuestro país. Son las y los trabajadores que, con una mochila a cuestas -que las más de las veces excede por lejos el peso que sus cuerpos deberían soportar- recorren en bici o en moto decenas de kilómetros a diario para repartir todo tipo de productos.

Las calamidades que deben soportar a diario en su jornada de trabajo implican un riesgo diario a su integridad física, en una actividad donde los accidentes de tránsito ya se han cobrado varias vidas. Las empresas los obligan a atender el teléfono cuando están manejando las bicicletas o las motos, promocionan sistemáticamente “la entrega veloz” e imponen un perverso sistema de “premios y castigos”, incluidas las suspensiones, que los fuerza a violentar sistemáticamente normas de tránsito y a exponer su salud y sus propias vidas. Son miles de trabajadores en estas condiciones, haciendo un esfuerzo titánico para conseguir un ingreso mínimo, y que además no tienen un lugar donde ir al baño o descansar, obligados a realizar una actividad a destajo, sin horarios ni licencias de ningún tipo.

A la mayoría de estos jóvenes les resulta imposible compatibilizar el trabajo con el estudio, ya que, para los repartidores en bici, la explotación de 8 horas diarias puede redituarle un ingreso de apenas 15 mil pesos mensuales –lo que obliga en muchos casos a completar sus ingresos con otras actividades laborales informales, entre ellas las llamadas “changas”.

El trabajo en estas empresas es el reino del monotributismo como forma de contratación laboral, basado en el desconocimiento de la relación de dependencia por parte de los dueños de las aplicaciones, o de quienes tercerizan este servicio a través de las mismas.

El mundo de las “apps” de reparto es asimismo una de las expresiones más cabales de que el avance informático bajo el capitalismo, lejos de contribuir a una mejora en las condiciones de vida de la mayoría, es puesto al servicio del incremento de la tasa de beneficio capitalista en desmedro de las condiciones de trabajo y devaluando los salarios.

Desde nuestra banca en el Congreso Nacional nos reunimos con trabajadores y trabajadoras de la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) para darle forma de proyecto de ley a algunas de las reivindicaciones más urgentes que tienen, para que sea un punto de apoyo más a la lucha que vienen desarrollando.

El proyecto establece una serie de medidas de transición a un régimen laboral que beneficie integralmente a los trabajadores, como la prohibición de que las empresas publiciten un servicio veloz de entrega a costa de poner en riesgo la vida de los trabajadores, y las suspensiones y castigos por incumplir estándares que ponen en riesgo su vida o su salud; prohíbe la carga de  un peso excesivo sobre sus espaldas; obliga a las empresas a reconocer plenamente la relación de dependencia; establece un régimen de licencias y condiciones de infraestructura para cubrir necesidades básicas durante la jornada laboral; dispone el incremento del cobro por entrega y un sueldo básico independiente del mismo; y, entre otras medidas establece, sanciones para las empresas. Se crea asimismo una Comisión de Control y Seguimiento de la ley, integrada en un 70% por representantes electos de los trabajadores de reparto y en un 30% por funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación.

Lo concebimos como un régimen de transición porque existe una contradicción profunda entre la defensa del derecho al trabajo y el extendido régimen laboral de las empresas de reparto que operan a nivel mundial a través de las apps, que sólo será superado íntegramente cuando gobernemos los trabajadores.

Esta modalidad de trabajo es el modelo en que se inspira el empresariado argentino cuando reclama la reforma laboral, en el que la ruptura de los vínculos de dependencia laboral y el ascenso del monotributismo son la regla. La transición hacia esta forma devaluada de trabajo estuvo dada por la tercerización de actividades por fuera de los convenios colectivos de trabajo, por la modificación de la ley de ART que apunta a liquidar la seguridad y protección laboral, y por los convenios a la medida de la reforma laboral, que la burocracia sindical habilitó en diferentes rubros.

Precisamente el pacto con el FMI, que defienden los Macri-Pichetto y los Fernández-Fernández-Massa, está orientado a garantizar y extender esta degradación laboral en favor de una porción de empresarios y del sistema financiero, a expensas de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de trabajadores, de su salud y de sus vidas.

Contrariamente a esta política, desde el Partido Obrero y el FIT-U buscamos con esta ley contribuir a la organización y la lucha de la juventud trabajadora, contra la superexplotación laboral y en defensa de sus reivindicaciones más urgentes.

 

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