Con la denuncia de Beliz de que existe un plan de compra de diputados para posibilitar la reelección de Menem, el tema de la reforma constitucional ha entrado decididamente en el “mercado”. Que los legisladores sean considerados una mercancía no debería ofender a nadie, pues esto se encuentra en la lógica del régimen capitalista que defienden. Que los centro-izquierdistas pretendan tener capitalismo sin mercancías sólo traduce las contradiciones insalvables del “club de amigos” de Solanas, en especial ahora que cuenta con el apoyo del partido comunista.

Una de las negociaciones mercantiles que fueron entabladas con relación a la Reforma, tuvo como protagonistas al mendocino Bordón, a Cafiero y al puntano Rodríguez Sáa, cuyo gobierno se encuentra enfrentando procesos judiciales por ilícitos económicos. Este trío pretendió negociar con la patota menemista la inclusión de la reforma del capítulo de derechos y garantías en el proyecto del menemismo, interesado sólo en la reelección. Los negociadores alcanzaron su cometido en parte cuando el menemismo aceptó incluir, no la reforma pedida (con el pretexto de que temía que fuera afectado el derecho de propiedad reconocido en ese capítulo de la Constitución), pero sí el agregado de un nuevo capítulo, que contemplara nuevos derechos y garantías. Bordón y Cafiero cerraron el trato (no sabemos, claro, por cuánto), pero no así Rodríguez Sáa, en cuyo caso, suponemos, se deba a que no logró “superar” la cuestión de los ilícitos de su gobierno.

Gracias a la “marginación” del senador puntano del mencionado trueque político-mercantil, nos hemos podido enterar de varias de las “iniciativas” que contempla la propuesta conjunta (bordono-menemo-cafierista) de “ampliación” de los “derechos y garantías” de la ciudadanía en el proyecto de reforma constitucional —aunque en esta oportunidad sólo nos detendremos en una. Concretamente, Rodríguez Sáa acaba de escribir en Ambito Financiero (20/8) “que ha sido incluida una cláusula para el progreso (sic) que protege la libertad de empresa y la defensa de la productividad”, lo cual el senador interpreta que tendrá “supremacía sobre las leyes de orden interno —entre ellas las laborales”.

Que las disposiciones constitucionales tienen supremacía sobre las leyes es de perogrullo. Lo que importa aquí es que, efectivamente, una cláusula de “defensa de la productividad” autorizaría a derribar toda la legislación de protección laboral o social, no sólo futura sino también pasada, personificando la más absoluta denegación de derechos para los trabajadores de que se tenga memoria. Los “nuevos” derechos que reclama el sector “social” del peronismo han resultado ser aquéllos de los patrones, los cuales más allá de su dominación económica conseguirán por la vía de la reforma superar la existencia de los sindicatos y de las leyes, y transformar al parlamento en un ámbito exclusivamente dedicado a legislar las pretensiones económicas de las cámaras empresariales o de los “lobbys” que forman los grandes pulpos.

La “defensa (constitucional) de la productividad” podría prohibir a un trabajador  ir al baño, y eliminar por supuesto el sistema estatal de la salud y de la edu-cación, toda vez que para el capital sólo es productivo aquello que rinde un bene-ficio en dinero. La conclusión de Rodríguez Sáa es que “esta reforma de la Constitución es un mamarracho”, algo que revela las pocas luces del senador. Todos los documentos presentados últimamente por Fiel, la UIA, la Sociedad Ru-ral  y naturalmente la Asociación de Bancos, coinciden en reclamar la piedra libre en materia de “productividad”, y aún son más insistentes, si cabe, con la “privatización” de la educación y de la salud.

Estos objetivos de la burguesía, tanto  internacional como nacional, no pueden ser combatidos con una política que se restrinja a oponerse a la reforma de la Constitución en las condiciones actuales. Estos objetivos traducen una tendencia de fondo de los explotadores, la cual tiene una expresión cotidiana sistemática, que sólo puede ser enfrentada con una estrategia, es decir de conjunto,  de contenido anti-capitalista. Hay que cambiar al sujeto de la producción, suplantando al capitalista por el conjunto de los productores reales, los obreros. A partir de aquí la “productividad” cobraría otra dimensión: en primer lugar porque importará que sea social y no individual, que permita el desarrollo armónico de las fuerzas de producción y no que apunte al beneficio del burgués individual o de los capitalistas asociados en pulpos o empresas individuales; en segundo lugar, porque incorporará como factor central el desarrollo de las personas individuales, en su integridad y libertad, en lugar de la presente esclavización humana a la fuerza despótica del engranaje capitalista. La superación del presente estado de miseria social creciente exige, una vez más, la organización de clase independiente de los explotados.