La muerte de Agustín Bustamante, de 3 años de edad, mientras acompañaba a su padre a realizar las compras en el barrio de Villa Centenario sacudió al conjunto de la población volviendo a instalar al municipio de Lomas de Zamora en boca de todos los medios nacionales.

 

Si bien los medios apuntan a la responsabilidad material de un joven de 16 años, en posible concurrencia con otro menor de 14 años, son varios los testimonios que ubican el hilo de las responsabilidades en la actuación de las fuerzas policiales que mantienen la zona liberada para la consecución de todo tipo de delitos.

 

Este señalamiento no debe ser tomado a la ligera si ponemos a consideración los hechos de público conocimiento protagonizados por la policía en el último periodo.

 

La zona de Cuartel IX (lindante con Villa Centenario) se ha convertido en un territorio controlado por los narcos, donde se extienden las cocinas de droga por toda su superficie. Recientemente cuando un grupo de vecinos del barrio de Ingeniero Budge señaló a las autoridades policiales la existencia de tales actividades en el barrio la respuesta se hizo sentir de inmediato, en horas de la noche, cuando elementos no identificados descargaron una ráfaga de ametralladora sobre la vivienda de uno de los vecinos, filmando los hechos que luego se difundieron por los medios de comunicación. La propia gobernadora Vidal tuvo que declarar que “hoy hay bandas que se creen con ese derecho (a tirotear) porque han permeado la policía y la Justicia”. Lo que no declaró es que ella misma pactó la continuidad de esa misma policía corrupta. Previamente a estos hechos fueron removidas las autoridades policiales a cargo de la comisaría n°10 de Ing. Budge quienes quedaron expuestos por el cobro de coimas y por el abuso sexual a una feriante que se negó a acceder a las extorsiones de las fuerzas policiales. Por otra parte se han registrado distintos hechos delictivos que tienen como víctima a los docentes que realizan su trabajo en la zona, lo cual ha conllevado la intervención de la docencia organizada, para que el municipio se haga cargo de la situación. Cuartel IX, y sus alrededores, se han convertido en el “bajo mundo” lomense, donde  la policía y el poder político regentea junto a los narcos y el crimen organizado los negocios ilícitos en la zona.

 

En los últimos meses también han sido desbaratados dos prostíbulos (uno de ellos en pleno centro del distrito) donde se encontraron chicas menores de edad y por los cuales fueron separados de sus funciones distintos efectivos policiales.

 

Vale destacar el método recurrente de la liberación de zonas cuando en estos días se sustancia el segundo juicio por el asesinato del obrero de la construcción Darío Avalos, ocurrido en la Ribera de Fiorito, donde las imágenes del domo municipal ubican a la policía en el lugar de los hechos mientras se sucede la balacera que se cobró la vida de Avalos a manos de una patota de la Uocra.

 

Mientras los medios apuntan a la responsabilidad de dos menores de edad, cuya actuación sería difícil de escindir de la responsabilidad e instigación de las fuerzas policiales de la zona,  es bueno recordar que hace pocas semanas fueron estas mismas fuerzas las que protagonizaron una represión a estudiantes secundarios, ingresando incluso a un establecimiento educativo, hecho que fue repudiado masivamente por la comunidad educativa lomense.

 

Detrás de  lo que intenta presentarse como un hecho aislado cuyo protagonismo estaría en manos de una juventud irracional y criminal se oculta la trama de relaciones y negocios que ha convertido a Lomas de Zamora en  zona predilecta del crimen organizado. La clave de esta situación es el hundimiento de las fuerzas policiales y el poder político, con Vidal e Insaurralde a la cabeza, hasta el punto más hondo de esta red criminal, que opera directamente desde las propias oficinas del Estado y las comisarías policiales, y cuyo control estricto se diluye en manos de una estructura fisurada y en plena descomposición.