Dentro de un mes el Banco Mundial (BM) emitirá su ‘informe final’ sobre Córdoba. Los ‘técnicos’ que hoy supervisan las finanzas públicas provinciales han prometido su veredicto para la primera semana de diciembre, una “carta de presentación” que el gobierno de Mestre considera clave “no solo para acceder a los proyectos del organismo internacional sino para replantear la relación con la Nación” (La Voz, 21/10).

El pacto Mestre-Cavallo ha establecido (y no desde ahora) un virtual gobierno del Banco Mundial sobre la provincia: “el gobernador anticipa los tiempos inaugurando una estrategia pergeñada en Washington por la cartera de Economía… el contacto directo del BM con los estados provinciales sin tener que utilizar el ‘trampolín’ nacional” (La Voz, 21/10). El gobierno ‘nacional’ ha delegado por lo tanto sus funciones en la banca internacional, lo cual representa un dislocamiento político del aparato estatal.

El ‘informe final’ del Banco Mundial será  el programa de gobierno de Mestre, quien ya decidió prorrogar la Ley de Emergencia, o sea el pago en bonos, la reducción de salarios y el despido en masa de los contratados. Esta ‘segunda’ emergencia plantea una nueva reducción de salarios, (por la eliminación de adicionales, que llegan a constituir un 40% del haber  en sectores masivos de la administración pública, por el inminente aumento del aporte de activos y pasivos a la Caja de Jubilaciones, y por la destrucción del régimen salarial docente). Significa asimismo despidos en masa (por la aplicación de la reforma educativa y la ‘racionalización’ de  estatales).

¿Quién gobierna?

Mestre ha dicho que no está dispuesto a firmar el Pacto Fiscal ni a aceptar el traspaso de la Caja de Jubilaciones, pero esto es simplemente mentira.

El Pacto firmado en el ‘93 determinó la confiscación del 15% de los ingresos de las provincias en favor de la Nación, la eliminación del impuesto a los ingresos brutos y la reducción de los aportes jubilatorios, pero no logró su objetivo ‘estratégico’ de volcar a más de un millón y medio de trabajadores de las Cajas de Jubilaciones provinciales a las arcas de las AFJPs. Las Cajas de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, los ‘mercados’ más apetecidos por las administradoras, no pudieron ser transferidas y el gobierno nacional ya no tiene fondos para hacerse cargo de sus déficits. Por eso, para poder concretar el traspaso, Cavallo y Mestre necesitan “elevar de nuevo los aportes de activos y pasivos, eliminar los ajustes en los haberes establecidos por los nuevos mecanismos de cálculo del 82% móvil para los jubilados y del 70% para los pensionados” (ídem, 23/10).

Acentuando la ruina de las Cajas Provinciales, un decreto presidencial “extiende a todas las provincias la reducción de los aportes patronales sobre la nómina salarial, independientemente del grado de cumplimiento de la provincia en que esté radicada la empresa sobre la obligación de bajar la alicuota de ingresos brutos” (ídem, 25/10).

… “ante el ya indisimulable fracaso del acuerdo, como instrumento ideado… para forzar a las provincias a negociar asistencia financiera a cambio de reformas” (ídem, 22/10), Menem impone por decreto la liquidación de los derechos jubilatorios y ‘prepara’ de este modo, el traspaso de las Cajas.

Además, ahora que “… Economía apunta a dotar de autonomía a los gobiernos provinciales para que presenten sus propios programas..” (La Nación, 1/10/95) Mestre se lanza con todo a la privatización en masa y urgente de los bancos y las empresas de servicios (luz y agua). El gobierno cordobés se encuentra en colapso financiero y su única y momentánea tabla de salvación sería un adelanto de fondos del Banco Mundial ‘a cuenta’ de la privatización del patrimonio público.

Una manifestación de ese colapso es la situación de los bonos emitidos para pagar salarios. “Sobre 800 millones de pesos en Cecor (bonos) que la Legislatura le autorizó a emitir, Mestre no logró colocar más de 400 millones de pesos”, porque las empresas son cada día más renuentes a aceptarlos, debido a su carácter de inconvertibles por lo cual “quién más los recibe es la misma provincia, por pago de tributos”. El Banco Provincia se ha visto obligado a autorizar las “cuentas en custodia, corrientes y cajas de ahorro en Cecor”, para ayudar a la circulación del bono. Pero como, “el gasto público ronda los 120 millones de pesos por mes, la recaudación no supera los 80 millones y hasta fin de año no hay coparticipación federal” (Ambito, 24/10), la crisis retorna sobre sí misma.

La burocracia tiene una política

¿Cómo encara la situación provincial la burocracia  de los sindicatos?

Un reciente documento de la UEPC Capital (docentes) caracteriza la inauguración de un “nuevo escenario” a partir de la caída de Angeloz, en el cual “en primer lugar, el gobierno Mestre cuenta con cierto consenso social, no solo de parte de aquéllos que lo votan, sino que se extiende a otros sectores que tienen expectativas..”. Mestre, prosigue el documento, posee un “discurso demagógico, con tonos populistas (pero) con repercusión en una sociedad hastiada”. Todo esto le sirve a la UEPC para concluir que ahora “el panorama es mucho más complejo” y para no proponer ningún rumbo de acción. Lo que la burocracia docente no establece es su responsabilidad en la creación de este supuesto ‘escenario’, que se produce como consecuencia del levantamiento. de la huelga general provincial para apoyar el pacto con Menem y Primatesta que sirvió para sustituir a Angeloz por Mestre.

La burocracia y la izquierda vieron en la caída de Angeloz una ‘victoria del pueblo’, y no un ‘golpe de estado’ de Cavallo para poner fin a un gobierno débil y poder replantear la ofensiva contra las masas. La burocracia sigue anclada en la caracterización del ascenso de Mestre para justificar su inmovilismo.

La base política de Mestre no tiene que ver hoy con los votos que obtuvo en mayo, esto porque  debe actuar en condiciones políticas absolutamente diferentes. Se encuentra totalmente condicionado por la bancarrota económica y por las facturas que le presentan los acreedores. Es por esto que ni los trabajadores ni quienes lo votaron pueden esperar absolutamente nada, o mejor, deben esperar una acentuación del colapso.

Esta crisis ya se expresa en la reanudación de las movilizaciones de estatales y docentes, y en la incorporación a la lucha de nuevos contingentes de trabajadores, a pesar de que la burocracia sindical se adapta a la  Ley de Emergencia y  a la participación en los procesos de privatización.

La consigna vital, que resume una política independiente y que responde al sentido común de las masas es “que se abran las cuentas de los capitalistas y del Estado”. Esta consigna plantea una alternativa y ofrece un rumbo al congreso de bases del movimiento obrero que hay que convocar en Córdoba.